Noticias de Comunidad Valenciana: Un caso de nepotismo provoca la primera dimisión en el Consell de Puig y Oltra
por contratar a su hija en una fundación

Un caso de nepotismo provoca la primera dimisión en el Consell de Puig y Oltra

La número dos de Sanidad renuncia tras la críticas por la contratación de su hija. La directora general de Internacionalización también está al borde de la renuncia por su gasolinera

Foto: Dolors Salas era la número dos de la Conselleria de Sanidad. (EFE)
Dolors Salas era la número dos de la Conselleria de Sanidad. (EFE)

La primera dimisión forzada en el Consell del Botánico de Ximo Puig y Mònica Oltra se ha producido como consecuencia de un caso de nepotismo. La número dos de la Conselleria de Sanidad, la secretaria autonómica Dolors Salas, ha hecho pública este lunes su renuncia después de que trascendiese que una entidad de su departamento, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria (Fisabio), había contratado a su hija. El cese se produce el mismo día que ha trascendido un informe de la Intervención General de la Conselleria de Trasparencia que cuestiona los criterios de selección de personal de la citada fundación, que beneficiaron a la hija de Salas.

La ya ex alto cargo, adscrita a Compromís, ha defendido la legalidad del contrato y ha justificado su salida por no verse "sometida a esta presión", argumentando que ha habido un proceso de selección con concurrencia de aspirantes que conocían las características de la plaza y los requisitos y méritos para la baremación, que "no fueron cuestionados ni antes ni después". Según ha explicado, la comisión de selección adjudicó la plaza "al candidato que consideró más idóneo" y cree que se ha puesto "en duda" su honestidad y se ha perjudicado su imagen y la de su familia, lo que considera que la obliga a renunciar a su cargo, ya que la eficiencia en este cometido "se ve comprometida".

La continuidad de Salas estaba en al aire desde hace varias semanas, cuando se conoció la contratación de su hija y el Consell estaba a la espera de recibir el informe de Trasparencia antes de propiciar la renuncia. La polémica alimentaba también los comentarios sobre la tensa relación entre la secretaria autonómica de Compromís y la 'consellera' de Sanidad, la socialista Carmen Mónton.

La gasolinera se ubica en el centro de la localidad de Alzira. (EC)
La gasolinera se ubica en el centro de la localidad de Alzira. (EC)

La situación es similar a la que está viviendo el Gobierno valenciano con su directora general de Internacionalización, Mónica Cucarella, copropietaria de una gasolinera en la localidad valenciana de Alzira que sufre problemas de contaminación en sus depósitos. La familia de esta alto cargo, también de Compromís, se ha negado a descontaminar la instalación, que cerró de forma abrupta hace un año sin comunicarlo a la Administración. Tal como desveló El Confidencial, el Ayuntamiento de Alzira ha solicitado a la Conselleria de Medio Ambiente que incluya la gasolinera en una plan de limpieza de espacios degradados y está negociando con la Conselleria de Industria, de la que depende la propia Cucarella, que asuma además el desmantelamiento de la instalación si no lo hacen sus dueños.

La Generalitat ha encargado un informe a Trasparencia para conocer si la relación de Cucarella con la compañía familiar y el hecho de que ocultase que tenía poderes en la empresa en su declaración de actividades genera un conflicto de intereses. Visto el resultado con el caso de Dolors Salas, la continuidad de la directora general no está para nada garantizada.

La Conselleria de Economía dice que ha tenido que recurrir al BOE para notificar un requerimiento a la empresa de la que es dueña su directora general

Este mismo lunes, la directora general de Industria, Julia Company, alimentaba todavía más la polémica al comunicar al concejal de Urbanismo de Alzira que habían enviado un requerimiento a la empresa propietaria, La Industrial Constructora, para conocer si el cierre es definitivo. Lo paradójico el asunto es que Company sostiene que han tenido que recurrir al BOE para notificar el requerimiento porque no encontraban a los responsables de la empresa, cuando tiene en un despacho de su misma Conselleria a una de sus propietarias. "En el caso de que el proceso administrativo culminara sin respuesta, la Generalitat procedería al desmantelamiento y repercutiría el coste a la gasolinera", señalaban fuentes de la Conselleria de Economía. Un coste que será complicado que la Administración autonómica pueda recuperar, porque La Industrial Constructora es una empresa en pérdidas, sin actividad y con patrimonio neto negativo.

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