tras el pacto por la lista unitaria

Los independentistas quieren acelerar a seis meses la "desconexión" con España

El gobierno desconfía de que las elecciones vayan a ser plebiscitarias y asegura que en su caso procedería a impugnarlas de inmediato

Foto: El presidente de la Generalitat, Artur Mas (d) y el presidente de ERC, Oriol Junqueras. (Efe)
El presidente de la Generalitat, Artur Mas (d) y el presidente de ERC, Oriol Junqueras. (Efe)

El pacto entre CDC y ERC quiere acelerar el proceso de desconexión con el Estado que seguiría a una victoria en el próximo 27-S. Ambos partidos han decidido acortar los plazos con respecto a la hoja de ruta prevista inicialmente, y situarlo de los 18 a los 6 u 8 meses como máximo, a fin de reducir las tensiones con España. El proceso culminaría con un "punto de ruptura": una declaración unilateral de independencia. [Directo: las elecciones catalanas, al minuto]

Un nuevo marco legal

La transición hacia ese final de los finales incluye la aprobación por parte del nuevo Parlament de un paquete de medidas legales, entre ellas una "ley de transitoriedad jurídica" destinada a suplir el marco legal español, pero también a evitar vacíos de poder.

Con este propósito, la "ley de transitoriedad jurídica" mantendría vigente el ordenamiento jurídico español en todos los ámbitos en que no haya leyes catalanas propias, las cuales prevalecerían sobre las otras y las sustituirían.

Otras leyes previstas serían las destinadas a crear 'estructuras de estado' fundamentales, como la de hacienda propia -a partir de la Agencia Tributaria de Cataluña- o la de Seguridad Social.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá. (Efe)
El ministro de Justicia, Rafael Catalá. (Efe)

El gobierno no cree que se vayan a atrever

CDC y ERC ya cuentan con que el paquete de medidas para la "desconexión" obtendrá el rechazo frontal del Gobierno español y del Tribunal Constitucional, pero esperan poder crear "fundamentos de derecho" suficientes y haber dado los pasos necesarios como para disponer de una situación irreversible a partir de la cual aprobar el "punto de ruptura".

De hecho, el ministro de Justicia, Rafael Catalá no ha perdido el tiempo en reiterar que si en Cataluña se convocan elecciones fuera del marco legal, el Gobierno procederá a su impugnación. Sin embargo, ha añadido que no parte "de una desconfianza de que se vaya a producir una convocatoria que no respete el marco jurídico actual".

En declaraciones a los medios antes de acudir a una reunión de coordinación de la Policía Judicial en el Consejo General del Poder Judicial, Catalá ha aclarado que las elecciones que se convoquen "no serán plebiscitarias" porque "no puede haber otro formato distinto" que los comicios para elegir diputados al Parlament catalán.

Elecciones Catalanas

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