Una multa de tráfico y una 'vendetta' ponen en la picota al alcalde de ERC en Palamós

El alcalde de Palamós, Lluís Puig, y el exconcejal de Seguridad, Alfons Bartolomé, de ERC, deberán declarar el próximo mes de mayo ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Guíxols (Girona) por presunto delito contra la Administración pública, falsificación documental y prevaricación. ¿El motivo? Una multa de tráfico. Puig fue alcalde de la localidad en 2019 con una mayoría absoluta de 10 concejales sobre 17. En las municipales de 2023, obtuvo cinco ediles, aunque consiguió mantener la alcaldía tras pactar con Junts y PSC. Con ellos, gobierna en uno de los consistorios señeros de la Costa Brava. Pero la historia que protagoniza es mucho más enrevesada.

Puig y Bartolomé fueron denunciados por ocultar que el segundo conducía un coche sin logotipar de la Guardia Urbana y fue multado por exceso de velocidad. La cosa tendría poca relevancia si no fuese por el cúmulo de despropósitos vividos a posteriori. Incluso sería de risa si no hubiese sido porque se cruzan historias de carácter personal que han concluido con la incapacidad absoluta de un agente y una suspensión de empleo y sueldo durante seis meses de otro.

El relato está salpimentado también con informes oficiales en los que no se cuenta lo ocurrido y el descubrimiento de quién conducía el coche por pura casualidad. Es, en resumen, el argumento de una película de serie B. La multa se impuso en noviembre de 2021 en la localidad de Castell d’Aro, a 20 kilómetros de Platja d’Aro, en el corazón de la Costa Brava. Una vez notificada por los Mossos d’Esquadra, Tráfico exigió la identificación del conductor.

“El jefe de la Guardia Urbana hizo un primer informe en el que culpaba de la sanción a los agentes que estaban de guardia aquel día. Ante ello, intervinimos nosotros como sindicato y entonces hizo otro informe, en el que tampoco explicaba la verdad, puesto que no se decía quién conducía realmente el coche, pero dejaba todo en el aire”, explica a El Confidencial Rafa Sánchez, portavoz del CSIF en Girona. El jefe de la Guardia Urbana, Josep de Monteys, es el tercer acusado en el mismo procedimiento judicial.

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Dos representantes del CSIF en la policía municipal de Palamós acudieron a un programa radiofónico de la emisora local y denunciaron que ninguno de los agentes de guardia iba de conductor. “Lo que hicieron nuestros compañeros fue defender la honorabilidad de los agentes. Pero por eso, le abrieron expediente de seis meses de suspensión de empleo y sueldo, sanción que ha cumplido y que se encuentra aún en los juzgados porque hemos ido a un contencioso que esperamos ganar”, añade el sindicalista. El otro agente se encontraba de baja y, por tanto, no se le pudo abrir expediente. Desde el sindicato se huelen que lo que hay detrás es una vendetta de los responsables políticos por haber defendido a los funcionarios y haber puesto en el disparadero a los cargos políticos.

La sorpresa saltó cuando, tras pedir la foto de los ocupantes del vehículo y solicitar a Tráfico que despixelase las caras, se “veía claramente que quien conducía era el concejal de Seguridad y el copiloto era el alcalde”. Ello dio un giro al procedimiento. ¿Cómo era posible que las máximas autoridades locales no dieran la cara y abonasen la multa en vez de ocultar su desliz?

El concejal pagó

Fuentes del Ayuntamiento de Palamós señalan a El Confidencial que, en un primer momento, cuando llegó la sanción, ni el alcalde ni el concejal “recordaban si precisamente aquel día habían utilizado el coche. Finalmente, nos pasaron la imagen y es verdad que se veían claramente las caras. Por eso, el propio concejal asumió la multa”. Pero hay un detalle que no deja de tener su importancia: aquel día, había pleno en la Diputación de Girona y los dos ediles habían tomado un coche camuflado de la Guardia Urbana para desplazarse. Además, no se llevaron de chófer a ninguno de los agentes que estaban de guardia, sino que prefirieron conducir ellos mismos el automóvil.

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La sanción, según Tráfico, era de 150 euros, pero finalmente el Ayuntamiento pagó 900 euros por no haber identificado al conductor. Las fuentes municipales aseguraron a El Confidencial que no saben si realmente el concejal pagó los 150 o los 900 euros. Pero otras fuentes consultadas por este diario apuntan a que el 22 de septiembre del año pasado el ya exconcejal de Seguridad pagó al consistorio los 900 euros que la Administración local había abonado a Tráfico con anterioridad. Lo que no está claro es el método de ese abono, puesto que cualquier ingreso que se realice en el Ayuntamiento ha de justificarse mediante un expediente administrativo.

La cosa no se queda ahí: con motivo del expediente al sindicalista por haber negado que un agente fuese conduciendo el día de la multa, el consistorio se gastó “más de 10.000 euros en el expediente de sanción, ya que hizo venir a un instructor de Alcanar [el último pueblo de Cataluña antes de Valencia] y a una secretaria de Salou [también en la provincia de Tarragona]. ¡Será porque no había funcionarios más cerca!”, critica Rafa Sánchez.

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Un comunicado de CSIF es también cáustico al señalar que “después de negar durante meses saber nada de la multa y gastarse más de 10.000 euros en el expediente contra nuestro delegado, el alcalde y el exconcejal recuperaron la memoria y reconocieron ser ellos los que usaron el vehículo oficial. Pero el daño ya está hecho: la angustia de uno de los delegados suspendido seis meses de empleo y sueldo y, peor aún, a otro de nuestros delegados, desgraciadamente, se le ha concedido una incapacidad absoluta para su trabajo”.

Según el representante del órgano sindical, el segundo agente cogió la baja “porque el tema de presiones ya venía de muy atrás. Nosotros creemos que el incidente de la multa acabó de hundirle completamente, de tal manera que le han dado la incapacidad absoluta, lo que indica bien a las claras su situación personal”.