La 'doctrina Rivera', el protocolo que solivianta a los sindicatos de prisiones en Cataluña

El pasado 13 de marzo, el sindicato CSIF publicaba un comunicado denunciando que un preso catalán, de los considerados conflictivos, había agredido a 4 funcionarios de la prisión de Quatre Camins y al jefe de la unidad especializada lo había enviado en ambulancia al hospital. "Esta es la consecuencia, una vez más, de la ineptitud del señor Armand Calderó y la consellera de Justicia, Gemma Ubasart". Calderó es el secretario de Medidas Penitenciarias y Atención a las Víctimas, cuya cabeza piden los sindicatos ante la alarmante situación en las cárceles catalanas, cuyo clímax llegó al día siguiente del citado comunicado, con el asesinato de la cocinera Núria L. a manos del recluso Iulio S. O., que ya en diciembre había mantenido un grave percance de conducta y al que se le permitió seguir trabajando en la cocina, con acceso a armas como el cuchillo con el que mató a Núria.

"Mientras nos siguen agrediendo, el señor Calderó nos prohíbe el uso de aerosoles. Mientras ponen nuestras vidas en juego, nos impide hacer nuestro trabajo y no nos deja contener con correas psiquiátricas a internos violentos con sus directrices políticas". CSIF asegura que en el incidente de Quatre Camins "el interno ha tenido que ser contenido con la fuerza física indispensable durante 10 minutos, ante la negativa del mando de incidencias a realizar una contención mecánica, por seguir la directriz ‘Iñaki Rivera’, así le vamos a llamar a partir de ahora. Esa directriz verbal, orden directa y expresa del secretario Armand Calderó de Contenciones 0 a instancias de un pseudoinforme del comité de tortura. Esa directriz ilegal que, como consecuencia de la misma han resultado heridos cinco funcionarios".

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Agencias

¿Qué es la directriz Iñaki Rivera? Simplemente, un modo de actuar. Iñaki Rivera es un profesor de la Universidad de Barcelona que dirige el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH). Y la doctrina de Contenciones 0 significa que el interno no ha de ser reducido e inmovilizado con esposas o con correas. O sea, no ha de ser contenido. El primer germen del OSPDH lo puso el profesor Roberto Bergalli, que llegó a España huyendo de la dictadura argentina en los años 80. Desde la Escuela de Criminología se organizó todo un movimiento que cristalizó luego en un master denominado "Master europeo en Sistema Penal y Problemas Sociales". En 2001 se creó el OSPDH, con Rivera, también argentino, como director.

Amplia red internacional

El propio director del organismo explica en su web que "hemos trabajado en numerosos proyectos nacionales e internacionales, en Europa y en América Latina. Actualmente, nuestra presencia en importantes redes y organizaciones internacionales (como la Organización Mundial contra la Tortura, el Comité para la Prevención de la Tortura en el Consejo de Europa, el European Prison Observatory, el European Group for the Study of Deviance and Social Control, la Red Eurolatinoamericana de Prevención de la Tortura, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, entre otros), acreditan esta dedicación y compromiso riguroso".

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Durante años, Rivera y su equipo estuvieron enfrentados a la Administración catalana, pero, especialmente, al personal penitenciario. Rivera llegó a acusar públicamente de torturadores a los funcionarios de prisiones, por lo que fue denunciado por CSIF y por CCOO, aunque luego matizó sus palabras. Hace una veintena de años, la entonces consejera de Interior, Montserrat Tura, llegó a prohibirle la entrada en las cárceles para evitar problemas. Rivera no atendió a El Confidencial pese a las reiteradas llamadas de este medio y a la comunicación por correo electrónico enviada.

Un funcionario penitenciario explica a El Confidencial que "en Cataluña, el 80 o 90% de los internos no dan problemas. Hay un 10 o un 15% que son conflictivos, pero hay en torno a un 5% que están en régimen cerrado. Pues bien, Iñaki Rivera siempre habla de régimen de aislamiento, cuando eso es mentira. No es aislamiento, ya que también disfrutan de salidas de la celda o pueden seguir tratamientos. Pero él se dirige a ese pequeño porcentaje de los duros para ofrecerse a interponer denuncias".

Los funcionarios son contundentes al denunciar que "en Cataluña hay entre un 1 y un 2% de psicópatas funcionales en la sociedad. En las cárceles están en el 0,1%. Son lo peor de lo peor, gente a la que no le importa hacer daño a otros, que miente y que exagera. Les da todo igual. Y conocemos que a alguno se le ha instado a presentar denuncias contra funcionarios, cuando saben que a esa gente le da todo igual".

Nunca se metió con el juez

La figura de Iñaki Rivera aparecía siempre para denunciar casos de torturas o malos tratos degradantes y llevar esas acusaciones a foros internacionales, con los que Rivera o el OSPDH tienen contactos. "De las denuncias que presentó contra funcionarios, sólo prosperó una en Quatre Camins, en una situación muy difícil después de varias agresiones y tras un intento de violación. Pero lo que no dice nunca ni en sus informes ni es los foros internacionales a los que acude es que el sistema catalán es uno de los más garantistas. Y que también hay la figura del juez de vigilancia penitenciaria, que es un magistrado de carrera, no un funcionario de prisiones, que recoge todas las denuncias de los presos. Pero jamás se ha metido con el juez ni con la Generalitat. Porque, si los funcionarios somos unos torturadores, ¿porqué la Generalitat no nos ha metido mano? ¿Es posible que el Govern pueda dejar actuar a una pandilla de torturadores que dependen de él?".

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Por eso, los trabajadores públicos de instituciones penitenciarias subrayan que "nosotros estamos a favor de los derechos humanos, pero no estamos a favor de los chiringuitos de algunos. Y se ha dado el caso de que ante una situación que nos afecta, se pone en marcha una maquinaria que tiene como consecuencia que 40 asociaciones salen a la vez para denunciar que en España se tortura, cuando en realidad no hay nada de nada".

La teoría de Rivera es utilizar lo mínimo la fuerza física. La Generalitat impuso en su momento determinado unos protocolos que algunos atribuyen a la influencia del OSPDH. Entre Los protocolos que se instauraron, estaba la prohibición de que los funcionarios miraran a los ojos a los internos al hablar con ellos. También estaban obligados a hablar en un tono suave y debían poner las manos a la espalda mientras mantenían una conversación.

Una circular curiosa

"En los últimos tiempos, diferentes organismos nacionales e internacionales han incidido en la necesidad de que la Administración de ejecución penal vele por mejorar las condiciones en que se lleven a cabo las medidas de contención de la población reclusa y ponga en marcha las medidas preventivas necesarias para evitar inmovilizar y contener por medios mecánicos personas privadas de libertad", decía la circular 2/2021, firmada por Armand Calderó en mayo de 2021. Y subrayaba que es preciso instaurar "en la práctica diaria de los centros la utilización de técnicas de contención verbal que permitan minimizar la aplicación de medios coercitivos en general y la contención mecánica en particular". En otras palabras: a los presos se les ha de convencer con buenas palabras.

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Esas medidas están basadas en los criterios del OSPDH pero también en las recomendaciones del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán). En marzo de 2022, el Síndic, el controvertido Rafael Ribó, emitía un duro informe titulado Las contenciones mecánicas en el sistema penitenciario de Cataluña. Ribó recogía el guante de "diversos organismos nacionales e internacionales, entre los que hay el Comité para la Prevención de la tortura del Consejo de Europa y el Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura [que, curiosamente, es un departamento del propio Síndic] han incidido en la necesidad de impulsar cambios relativos a la prevención e n las inmovilizaciones y la desescalada de las situaciones conflictivas, la postura en que se ha de llevar a cabo una contención mecánica, la duración de una contención y el personal que debería llevarla a cabo".

El Síndic hace referencia a la circular 2/2021 citada anteriormente. Esta circular, dice el informe, "instaura la utilización de técnicas de contención verbal para minimizar la aplicación de los medios coercitivos en general y la contención mecánica en particular, y también modifica la posición de inmovilización decúbito supino porque es la menos lesiva posible". El protocolo de Calderó era "llegar al objetivo de cero contenciones mecánicas, de acuerdo con lo que han determinado diversos organismos e instituciones”. En otras palabras: el interno no ha de ser sujetado. ¿Y qué pasa si "pone en peligro su integridad o la de los otros?": "La medida que se ha de aplicar es el aislamiento provisional en una celda acojinada".

La confortabilidad del interno

El informe del Síndico termina con algunas conclusiones curiosas. Entre otras cosas, advierte que "en los centros penitenciarios se produce un exceso de inmovilizaciones seguidas de sujeción mecánica a la cama, de duración ampliamente superior a lo que es imprescindible y no siempre plenamente respetuosas con los más altos estándares de derechos humanos". Habla también de que en algunos casos, la medida de sujeción "podría considerarse un trato degradante".

También asegura que "no se garantiza la máxima confortabilidad de la persona que es contenida respecto a las condiciones de iluminación, ventilación y temperatura". Otra de las conclusiones dice que "es excesivo el número de profesionales que están presentes mientras se hace la contención mecánica en la cama" y que "en algunos casos, se ha constatado un uso excesivo de la fuerza en la aplicación de la contención, con el consiguiente riesgo de producir una lesión o causar dolor".

En la circular 02/2021, precisamente, se hace referencia al establecimiento de una prueba piloto en la cárcel de Can Brians para acondicionar una celda acojinada para meter en ella a los violentos. "Transcurrido este periodo, si la valoración es positiva, la utilización de celdas acojinadas se extenderá a todos los centros penitenciarios de Cataluña como medida sustitutiva de la inmovilización a la cama". También establecía que los directivos de los centros dispondrían de un mes "para formar a los profesionales de servicio interior en la utilización de técnicas de contención verbal que permitan minimizar la aplicación de medios de contención en general, y de contención mecánica en particular". Por último, derogaba todos los anteriores protocolos que imponían medidas de contención en casos graves.

Después de esa circular, Calderó fue cesado por la anterior consejera, Lourdes Ciuró, que dictó una circular más comedida y profesional, la 1/2022. Pero la salida de Junts del Govern restituyó a Calderó en su puesto, en una enrevesada operación política de ERC, que ya le había utilizado para neutralizar a Ciuró un año antes. Pero eso es harina de otro costal.