La NASA catalana hace agua: un informe detecta irregularidades en sus contratos

La Generalitat de Cataluña acaba de presentar un ambicioso plan de la Agencia Espacial de Cataluña (AEC) con el propósito de destinar un total de 18 millones de euros al desarrollo de este organismo hasta 2023. Se trata de la Estrategia NewSpace, que lidera el consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró. Su objetivo es lanzar dos nanosatélites al espacio el año que viene.

En la puesta en marcha de esta estrategia, es fundamental el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña (IEEC), que, según su propia web, “ha contribuido significativamente a la definición del plan estratégico, con la participación de su director, Ignasi Ribas, junto con varios investigadores de las diferentes unidades científicas que constituyen el IEEC”. Y subraya que “los acuerdos y aportaciones del grupo de trabajo han sido la base sobre la que se ha elaborado la Estrategia NewSpace, que prevé todo lo que Cataluña ofrece y tiene disponible para convertirse en un caso de éxito a escala global”.

Pero en el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña no es oro todo lo que reluce, a tenor de un reciente informe de la Sindicatura de Cuentas catalana, al que ha accedido El Confidencial. Este organismo, en el que la Generalitat de Cataluña representa casi un 43% de su financiación, y universidades y entidades como la UB, la UAB, la UPC y el CSIC, el resto, es un organismo sobre el que pesan serias sospechas de una gestión más que controvertida. Por ejemplo, irregularidades como que varios de sus colaboradores sean, al mismo tiempo, proveedores, lo que da pie a posibles incompatibilidades, y una subvención que ha de devolver a la Secretaría de Estado de Investigación por las deficientes justificaciones presentadas relacionadas con un proyecto y que está pendiente de sentencia judicial. Así lo recoge el citado informe 17/2020 de la Sindicatura de Cuentas, relativo al ejercicio de 2017, pero que incluye incidencias hasta la actualidad.

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EFE

En el informe, además, se explica que el IEEC no envió sus cuentas a la Intervención General ni a la Sindicatura de Cuentas y que no tenía aprobado su plan estratégico. De hecho, ha estado sin plan alguno hasta el mes de julio de 2020, fecha en que, finalmente, pudo aprobarlo para los próximos cinco años. En relación con la ausencia de cuentas, el instituto señala que en 2018 consultó el tema con la Intervención General y con el Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña y que ambos le comunicaron que la fundación que rige el instituto no se podía considerar, en aquella fecha, “sector público” de la Generalitat. Afirma, no obstante, que aunque ni la Intervención General ni la Sindicatura le reclamaron nunca los documentos, la fundación “no ha dejado nunca de depositar las cuentas anuales y el informe de auditoría en la Generalitat de Cataluña. De todas formas, la fundación toma nota y cada año enviará las cuentas anuales auditadas a la Intervención General y a la Sindicatura de Cuentas”.

Tampoco había aprobado “la política retributiva de su personal que incluyese los conceptos y el escalado salarial [tramos] adecuados a las funciones a ejercer”. No tenía, asimismo, aprobado el régimen de participación del personal investigador en los ‘overheads’ (canon que el centro aplica a los proyectos), además de no contar con el nivel de aprobación que correspondía a algunas de las retribuciones abonadas a su personal. Es decir, que los pagos o las gratificaciones no eran aprobados por la dirección.

La política de personal también es cuestionable: las adscripciones de trabajadores no están adecuadamente formalizadas, no tienen establecido un procedimiento de selección, no hay un sistema de control horario de los trabajadores y el gasto de personal del IEEC “no recoge el coste de personal adscrito, cuyas retribuciones, de acuerdo con la normativa establecida, son abonadas por la entidad de donde procede”. La Sindicatura recomienda al instituto aprobar “un procedimiento de selección de personal que garantice los principios de publicidad, mérito y capacidad”. El gasto de personal de este instituto supone 2,2 millones de euros anuales.

Según la institución, en la selección de su personal, “se garantizó siempre el respeto a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad”. Reconoce que no existía un control horario de los trabajadores (“que tampoco era obligatorio”, afirma), al menos hasta marzo de 2019. Y subraya que no incluye el coste del personal adscrito porque “no es posible saber el tiempo de dedicación de cada persona adscrita, lo cual hace que cualquier estimación económica no respondería a la realidad”. De ese modo, sin embargo, es imposible conocer si a un investigador se le ha pagado justamente por su trabajo.

Un pleito pendiente

En el capítulo de gastos y ayudas, el IEEC incluía 1.119.100 euros que son gastos directos imputables “a proyectos subvencionados independientemente de su naturaleza. Entre estos gastos, hay 177.125 euros de adquisiciones de inmovilizado científico e informático que deberían haberse contabilizado como altas de inmovilizado y haber sido incluidos en el inventario”. En este apartado, el IEEC destaca que esa contabilización podría deberse a que “todo lo que se compra para un proyecto en concreto y que se justifica como un gasto, y sobre lo que la fundación no tiene control, entiende más adecuada su consideración como un coste del proyecto y, por tanto, no forma parte del inmovilizado”. Esta circunstancia, sin embargo, no deja de ser una cuestión puramente contable.

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Marcos Lamelas. Barcelona

El IEEC no tiene tampoco ninguna provisión de fondos para cubrir “el pasivo que se pudiera generar de un conflicto que mantiene con la Administración del Estado por la insuficiente justificación de un proyecto de investigación”. Así, la Sindicatura revela que a 31 de diciembre de 2017, “el IEEC tenía interpuesto ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra una resolución de reintegro de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la cual reclamaban al IEEC 352.539 euros por defectos de justificación en un proyecto de investigación de ejercicios anteriores”.

Según la Sindicatura, el 24 de enero de 2019, la Audiencia Nacional estimó parcialmente el recurso y anuló la resolución impugnada, pero la Administración española interpuso un incidente de ejecución que se resolvió en febrero de 2020 “y queda pendiente que la Administración presente una nueva liquidación que el IEEC estima que será de entre 150.000 y 175.000 euros”. A pesar de esa certeza, el instituto catalán “no tiene creada ninguna provisión para cubrir el pasivo que se pudiera derivar del resultado final de este conflicto”.

Contratos sospechosos

Por si fuera poco, no comunicó los contratos al registro público de contratos, como establece la normativa. Asimismo, en 2017 suscribió “dos contratos con una empresa vinculada con tres investigadores que realizaban su investigación en el IEEC, hecho que supone que las personas afectadas incurrieron en causa de incompatibilidad, de acuerdo con la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas”. En este tema, el IEEC se lava las manos y deriva la culpa sobre los propios investigadores, a quienes afirma que avisó de las denuncias de la Sindicatura.

Las irregularidades detectadas hacen referencia a tres expedientes de contratación por un total de 297.990 euros a las empresas Andor Technology, Abzil Testar Technologies y Dapcom Data Services. Los tres se adjudicaron a finales de 2017. El contrato con Andor fue la compra de una cámara CCD de gran formato por 151.900 euros. El pliego de cláusulas administrativas solo hacía mención a que el único criterio de valoración era el de mejoras en la calidad de los materiales, pero también se superó el plazo para la formalización del contrato y se superó en 48 días el suministro del material.

Abzil logró un contrato de 86.470 euros por cinco detectores CCD. En su expediente, no figura la firma del director o del órgano de contratación

Abzil logró un contrato de 86.470 euros por cinco detectores CCD. En su expediente, lo mismo que en anterior, no figura la firma del director o del órgano de contratación del IEEC. Por último, Dapcom obtuvo un contrato de 59.620 euros por la venta de un 'software' determinado. Poco antes, esta compañía también había recibido otro contrato con el mismo objeto por un total de 46.310 euros, que había sido adjudicado a finales de 2016 mediante un procedimiento negociado sin publicidad, lo que implica el otorgamiento del contrato a dedo. La compañía se llevó, finalmente, 146.000 euros públicos. Dapcom es una empresa fundada por varios investigadores de la UB y la UPC, y es en ella donde están las irregularidades más graves.

“La empresa adjudicataria estaba formada por cuatro personas, tres de las cuales forman parte de la unidad del IEEC que gestionaba el proyecto al cual iba destinado el 'software' contratado. En consecuencia, la adjudicación de dichos contratos hizo que las personas afectadas incurriesen en causa de incompatibilidad de acuerdo con la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas”, dice el informe de la Sindicatura. También subraya que su contrato se tramitó “por procedimiento negociado sin publicidad porque, según el expediente, se trataba de un sistema que requería una larga experiencia y el conocimiento en profundidad del sistema a desarrollar, hecho que imposibilitaba la contratación de cualquier otro proveedor de 'software”. Es lo que se llama un ‘contrato a medida’.