El Govern descarta investigar el tráfico de influencias de los empresarios del 'procés'

La Generalitat catalana descarta investigar los intentos de tráfico de influencias de los empresarios vinculados al 'procés' que han aflorado por la investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Según la 'consellera' de Presidència, Meritxell Budó, habrá que esperar a que se levante el secreto de sumario, tal y como ha manifestado tras la rueda de prensa del Consell Executiu. "En un sumario secreto, no sabemos nada. Cuando dispongamos de la información, actuaremos en función de lo que sepamos", se ha limitado a señalar Budó a preguntas de la prensa.

En opinión de Budó, "no nos toca a nosotros hacer nada y en todo caso todo esto nos parece un relato pensado para criminalizar al independentismo. Por ahora, el sumario es secreto, cuando tengamos más información, veremos lo que hacemos". El problema es que Budó no responde a la verdad cuando asegura que el sumario es secreto. No lo es y por eso se ha traslado a las partes. Otra cosa es que la Generalitat no quiera darse por aludida.

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Por eso, teniendo en cuenta la información que ya es pública, con actuaciones como la de Vendrell en las residencias de la tercera edad, la Generalitat tendría tres opciones. La primera, encargar a Intervención de la Generalitat, que depende de la Conselleria de Economía, que abra un expediente. También podría pedir a la Sindicatura de Cuentas una revisión de los contratos públicos o podría llevar el caso a la Oficina Antifraude. La Generalitat también podría personarse en la causa. Por ahora, nada de nada.

Budó: "No tenemos constancia de procedimientos irregulares en la contratación de la Administración y confiamos en el personal público"

"Desde el Govern de Cataluña, siempre se pide respetar la presunción de inocencia. Y además, no tenemos ninguna constancia de procedimientos irregulares en la contratación de la Administración y confiamos en el personal de la función pública", ha manifestado hoy la portavoz de la Generalitat. Budó ha asegurado incluso desconocer si al final el empresario avalado por David Madí había conseguido el contrato o no.

En cambio, para Mertixell Budó, “es preocupante que se haya investigado a miembros del Govern —la 'consellera' de Salut, Alba Vergés, aparece fotografiada con Xavier Vendrell en el sumario— y el Govern dirá lo que tengamos que decir cuando tengamos más información al respecto”. No se ha movido de esta posición. Para Budó, la comida de Vergés y Vendrell “es una comida privada sobre la que no me corresponde opinar”. La comida no aparecía en la agenda de la 'consellera' que tiene obligación legal de informar de sus reuniones con representantes de grupos de interés y Xavier Vendrell era un contratista de Salut en ese momento.

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Las conversaciones y correos intervenidos por la Guardia Civil implican a diversos altos cargos de la Generalitat, en prácticas que parecen muy generalizadas. No pueden desprender irregularidades pero sí sospechas de posibles irregularidades. Entre los salpicados por el escándalo se encuentran el secretario del Govern, Víctor Cullell; el ex secretario general de Interior Brauli Duart; el 'conseller' de Territori, Damià Calvet; el secretario de Igualdad, Oriol Amoròs, y diversos altos cargos del ICS y de la Conselleria de Salut. Sin embargo, por ahora, la Generalitat no ve ningún problema. Budó incluso ha asegurado que Madí y Vendrell "no tienen ninguna influencia en la Generalitat".

Medidas contra la pandemia

En otro orden de cosas, la Generalitat ha aprobado un paquete de medidas para ayudar a los afectados por las medidas por el coronavirus, como rebajas fiscales en el tramo de IRPF de la Generalitat que beneficiará a 250.000 familias y que tendrá un coste para la Generalitat de más de 16 millones de euros; en total el paquete de ayudas además de 8,4 millones de ayudas al sector cultural, entre otros fondos. En total, el nuevo paquete de ayudas suma 102 millones de euros. Se incluye un decreto para evitar los desahucios de familias vulnerables por parte de grandes tenedores de activos inmobiliarios. En el tema de los desahucios, Budó ha pedido que el Gobierno de Pedro Sánchez se implique porque la Generalitat carece de competencias plenas. La Generalitat por ahora descarta un confinamiento domiciliario.