Un 'núcleo duro' independentista controlará la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña

Un 'núcleo duro' del independentismo controlará, a partir de ahora, toda la seguridad de la Administración pública catalana. Este núcleo está encabezado por el consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, considerado uno de los hombres de confianza de Carles Puigdemont en el Ejecutivo que encabeza Quim Torra. Puigneró se mantiene en contacto permanente con el político fugado en Bélgica y en su partido, el PDeCAT, lo consideran poco menos que un 'traidor', al haber abandonado prácticamente la formación a cambio de un acercamiento a Puigdemont.

Su figura cobra de nuevo relieve por la puesta en marcha de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, que sustituye al Cesicat, un organismo envuelto en varios escándalos, entre los que no faltan las adjudicaciones sospechosas y el espionaje no solo a activistas sociales o políticos de la oposición, sino incluso a miembros del propio Gobierno.

Para dejar atrás las sombras de las sospechas, el Gobierno catalán hizo lo mismo que en su día ejecutó Convergència: cambiar de nombre para limpiar la memoria histórica. De este modo, el Cesicat renace ahora como Agencia de Ciberseguridad. Pero además del nombre y de algunas de sus competencias (ha pasado de ser una Fundación a ser una Agencia gubernamental), poco más ha cambiado. Jordi Puigneró ya tenía al Cesicat bajo su manto cuando era el secretario de Sociedad de la Información, antes de ser nombrado consejero en 2018. Y ahora se ha rodeado de fieles para pilotar el nuevo organismo, considerado de vital importancia. En realidad, se trata de una de las más importantes "estructuras de Estado" que el independentismo quería poner en marcha para llevar a buen puerto la independencia.

De hecho, el antiguo Cesicat fue el escogido para crear lo que debía ser el embrión de los servicios secretos de la Generalitat, conocidos popularmente como el 'CNI catalán'. El descubrimiento de los planes secretos del Govern, desvelados por El Confidencial (ver noticia), hizo fracasar el proyecto. Pero poco ha cambiado desde entonces. Y, según algunas fuentes políticas, las intenciones de crear ese núcleo no han desaparecido completamente.

Un círculo blindado

Cuando Puigneró pasó a ser consejero de Políticas Digitales, se llevó como su segundo a Xavier Gatius, nombrándolo secretario general del departamento. Hasta entonces, Gatius era el director general del Cesicat y, a partir de ahora, será también miembro del consejo de Administración de la Agencia de Ciberseguridad. Otro de los hombres clave del Cesicat, Oriol Torruella, que sucedió a Gatius en su cargo, será ahora el nuevo director general de la Agencia. Torruella es un abogado experto en nuevas tecnologías y fue quien llevó las cuestiones judiciales del Cesicat entre 2009 y 2018, ejerciendo también como director del área de cumplimiento normativo de este organismo hasta 2013. En junio de 2018, fue nombrado director general del Cesicat.

No se queda ahí el blindaje del consejero: Puigneró, que es de la localidad de Sant Cugat (donde fue teniente de alcalde), nombró también miembro del consejo de administración de la Agencia a Joana Barbany, exconcejala de Comunicación, Atención Ciudadana y Promoción de la Ciudad en Sant Cugat. Barbany es ahora directora general de Sociedad Digital de la Generalitat, un cargo encuadrado en la consejería de Políticas Digitales. Del consejo de administración de la Agencia forman parte también el secretario del Govern, Víctor Cullell, el director general de la Policía, Pere Ferrer, y la directora general de Administración Local, Rosa Vestit. Se trata, pues, de un escogido número de altos cargos nada sospechosos de no ser adeptos al 'Movimiento'.

La Agencia se puso en marcha de manera oficial el 1 de enero. Este organismo se encargará, oficialmente, de prevenir incidentes de ciberseguridad, garantizar la seguridad de la Administración catalana, actuar en caso de ciberataques e investigarlos, ejercer las funciones de equipo de respuesta a emergencias (CERT) en Cataluña y recoger los datos pertinentes de las entidades que gestionan los servicios públicos o esenciales en Cataluña para conocer el estado de la seguridad de la información e informar al Govern.

Esta estrategia de la Generalitat es una de las más importantes "estructuras de Estado" que tenía pendientes el Gobierno autonómico

En la ley de la creación de la agencia se especifica que tiene como misión "garantizar la ciberseguridad en el territorio de Cataluña, entendida como la seguridad de las redes de comunicaciones electrónicas y los sistemas de información". Además, ha de ejecutar las políticas públicas en materia de ciberseguridad, asesorar al Govern en sus planes y ejecutar los mismos. Especial atención ha de prestar a investigar y analizar los ciberincidentes y ciberataques "entendidos como acciones dirigidas a ocasionar algún perjuicio sobre infraestructuras tecnológicas, sistemas de información, servicios TIC o la propia información".

La estrategia de la Generalitat pasa por garantizar "un país ciberseguro, un servicio público de ciberseguridad, una administración cibersegura, una cultura de la ciberseguridad y la potenciación de la innovación, el talento y la actividad económica de la ciberseguridad". Se trata, pues, de una de las más importantes "estructuras de Estado" que tenía pendientes el Gobierno autonómico.

Los puntos oscuros

La puesta en marcha de esta agencia de ciberseguridad se detectó ya en los registros policiales que se llevaron a cabo en el 2017, cuando se investigó la organización el referéndum. En aquellos momentos, se localizaron documentos que hablaban del diseño del modelo de seguridad pública, diseño de unidades de los Mossos d’Esquadra, diseño de las agencias implicadas, elaboración de normativa, previsiones de medios humanos, materiales y técnicos, estrategia, ciberseguridad, comunicación institucional y la creación de un servicio de inteligencia.

Pero la Agencia nace con muchos puntos oscuros sobre los que no existe respuesta oficial. El primero de ellos es el papel que podrá tener esta agencia en la creación y el impulso de la 'República digital' que preconiza Puigdemont. Entre sus cometidos está el de "promover el derecho a la identidad digital", pero ese cometido, interpretado de un modo generoso puede entenderse como vía libre para la creación de un 'DNI catalán', uno de los objetivos que tiene en mente el 'expresident' fugado.

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Otro punto oscuro es la dotación económica. Aunque se ha anunciado que el presupuesto de la Agencia será de algo más de 14 millones de euros, los informes internos de la Generalitat no concuerdan con esta cifra. Un informe interno del Govern al que ha tenido acceso El Confidencial explica que en la memoria de impacto se hace constar que la Agencia "tendrá un impacto de incremento del gasto público de 20.190.897,13 euros". Sin embargo, no se detallaban los gastos que originaban este impacto. "Es preciso indicar que esta información es muy relevante, teniendo en cuenta que esta entidad reunirá las condiciones que establece el Sistema Europeo de Cuentas para ser clasificada en el sector de la Administración Pública de la Generalitat en términos de computar las necesidades o capacidad de financiación de esta Administración", advierte un escrito de la consejería de Economía.

Y un tercer punto es la relación de la Agencia con los Mossos y las unidades de inteligencia de estos: el Cesicat disponía de dos personas que hacían de enlace entre el cuerpo policial y el organismo de la Generalitat. En la actualidad, es una incógnita si se seguirá manteniendo esa estrecha colaboración. Es cierto que en el consejo de administración de la Agencia se sienta el director general de la Policía, pero eso no es suficiente: el consejo se reunirá una vez por trimestre y la colaboración entre los expertos en ciberseguridad y los Mossos ha de ser diaria.