el cesicat realizó al menos 50 informes

La Generalitat espió a varios consejeros de Mas y a relevantes empresarios catalanes

El Cesicat encargó y pagó decenas de informes sobre miembros del Gobierno y estudió las relaciones personales o empresariales que estos podrían tener

Foto: El 'conseller' de Justicia, Germà Gordó (EFE)
El 'conseller' de Justicia, Germà Gordó (EFE)

El Centro de Seguridad para la Información (Cesicat), organismo dependiente de la Generalitat de Cataluña que debía ser el núcleo de los servicios de espionaje del Ejecutivo de Artur Mas, encargó y pagó informes sobre miembros del Gobierno y estudió las relaciones personales o empresariales que estos podrían tener. En total, se realizaron una cincuentena de estos informes, que se nutrieron casi exclusivamente de información que hay en bases de datos públicas.

El trabajo de campo se realizó en la primavera del 2012 y todos los informes estuvieron listos en junio de ese año. El consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, comparece hoy en el Parlamento catalán para dar cuenta de las informaciones que vinculaban al Cesicat con la Agencia Nacional de Seguridad (ANS), más conocida como el CNI catalán, cuya posible creación fue desvelada por El Confidencial.

Entre los investigados, según ha podido comprobar El Confidencial, se encuentran al menos dos consejeros de la Generalitat: Germà Gordó, actual responsable de Justicia que entonces ocupaba el cargo de secretario del Gobierno, y Francesc Xavier Mena, entonces consejero de Empresa y Empleo. Se da la circunstancia de que el Cesicat dependía de este último, que no era militante de Convergència, sino un independiente fichado por el propio Artur Mas. Junto a él, también se pidieron informes sobre Enric Colet, secretario general de la Consejería y, por tanto, número dos de Mena. Las investigaciones, con datos puramente profesionales, no desvelaron intereses ocultos de ninguno de ellos.

En el caso del último, no obstante, su informe detalla la propiedad de su casa en una localidad cercana a Barcelona (se adjuntan fotografías tomadas a través de Google Maps) y se alerta de las “suspicacias” que levanta el hecho de que obtuvo un crédito de 316.000 euros que se hizo efectivo tras su entrada en la Generalitat, aunque ya estaba concedido desde antes. Otra nota destaca que se están “analizando relaciones con el caso ITV”. En realidad, Colet era un estorbo para la trama de las ITV, puesto que no veía claro lo que le proponían los principales implicados y prefería dar cada paso después de analizarlo concienzudamente con los servicios jurídicos.

El consejero de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena. (EFE)
El consejero de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena. (EFE)
Otro nombre propio investigado fue David Madí, exresponsable de Comunicación de Convergència y mano derecha de Artur Mas. Madí se había incorporado meses antes a Deloitte para trabajar en su área de consultoría estratégica. Poco después, las adjudicaciones a esta auditora ya habían creado polémica (entre otras cosas, fue la encargada de auditar al Gobierno tripartito por orden de Mas), hasta el punto de que varios concursos convocados por la Generalitat tuvieron que ser anulados debido a que sus cláusulas obligaban a otorgarlos sólo a dos o tres grandes compañías. Una de las más beneficiadas era Deloitte. Madí era también presidente del consejo asesor de Endesa en Cataluña y, cuando se estaba realizando el informe, fue nombrado vicepresidente senior del grupo Applus.

Entre los hombres investigados se encontraba también Xavier Martorell, que en aquellos momentos era director general de Análisis y Prospectiva de la Generalitat, ubicado en Presidencia. Martorell había de ser, precisamente, uno de los pilares de los supuestos servicios de espionaje que la Generalitat quería poner en marcha a partir del propio Cesicat. Pero preocupaban sus relaciones con alguna agencia de detectives y las posibles chapuzas que pudiera hacer desde su puesto. De Martorell se resalta en el informe que es administrador mancomunado de ITPS Consultores de Seguridad, que “no presentó sus cuentas en el registro mercantil desde su creación en octubre del 2006”. También alerta de la misma situación de una empresa de su esposa (que además está en la asesoría jurídica de la Consejería de Salud), creada en el 2004.

Empresarios bajo la lupa

Otro de los investigados fue Jordi Escalé, que apenas un año antes había sido nombrado director gerente del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI). Además, se realizaron otros tantos dosieres sobre los empresarios Joan Albert Arqués, Joan Lluís Quer, Joan de la Encarnación y Josep Lluís Argemí. Arqués, un conocido empresario de Lérida, era directivo de varias empresas con importantes adjudicaciones en el sector de la construcción. De hecho, la empresa Benito Arnó e Hijos, de la que era director, era una de las principales contratistas de obra pública. A comienzos del año 2011, cuando Madí decidió dejar la política y pasar a trabajar en el sector privado, se alió con este para crear Icat Desenvolupament, una consultora con sede en Barcelona.

Quer, por su parte, era uno de los hombres clave del Gobierno y la persona que acabó controlando toda la obra pública de la Generalitat en el 2012. En realidad, se había convertido, a primeros del 2012, en el cargo del Gobierno con mayor peso económico.

Argemí, por otro lado, había sido portavoz de CiU en la Diputación de Barcelona y cuando Artur Mas llegó a la presidencia de la Generalitat fue contratado por la consejería de Empresa para asesorar técnicamente con el fin de crear “una nueva cultura emprendedora en Cataluña”. Al margen, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el INEM catalán, le contrató también en diciembre del 2011 para la “asistencia técnica para la reflexión estratégica de un nuevo modelo de actuación en el ámbito del empleo con su misión, objetivos y funciones”, un trabajito por el que se embolsó de una tacada 70.682 euros. Una de sus empresas, STE Consulting, se había visto salpicada años atrás en el escándalo conocido como caso Pallerols, de desvío de fondos públicos hacia empresas de personas vinculadas a CiU. Y ese escándalo estalló en la misma consejería, que ahora había cambiado de nombre.

Un correo enviado el 20 de mayo del 2012 por el entonces director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Carles Flamerich, a uno de sus asesores decía textualmente: “Sería necesario que me mirases qué encuentras de Josep Lluís Argemí, vinculado en el pasado a Altran y ahora de Asesoría del Departamento de Empresa y Empleo… Oscuro…”.

Junto a las anteriores personas físicas, también se investigaron empresas vinculadas a las mismas. La información se obtuvo, esencialmente, de dos bases de datos y de los registros mercantiles Entre las empresas que se analizaron se encontraban Cicore New Group, Doc 6, Epler Invest, Foro Sociedad y Gestion, Infomar 2002, Nexo Virtual, Nubul Consulting, Concatel, Analisi i Medi Ambient, Clippers New Projects, Vanture ESS, Vanture Corporate Group, Icat Desenvolupament, Auditorías e Ingenierías, Aigües del Segarra Garrigues, Gestió d’Infraestructures o Intracatalonia.

El trabajo realizado permitió confeccionar un diagrama cuya intención era detectar intereses de grupos empresariales y su peso en las adjudicaciones de la Generalitat.

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