La Generalitat rectifica: cambiará las condiciones para hacer la auditoría de TV3

La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el organismo que controla la televisión y la radio públicas de Cataluña, cambiará el pliego de condiciones del concurso para realizar una auditoría de este organismo y de varias de las empresas que de él dependen, como las matrices de TV3 y Catalunya Ràdio, según manifestaron diversas fuentes consultadas por este diario. Esta posibilidad fue discutida el pasado viernes por el consejo de administración tras las informaciones publicadas por El Confidencial. Las cláusulas restrictivas que contenía el anterior pliego desaparecerán del mismo y se abrirá la convocatoria a más auditoras.

El escándalo se generó por el hecho de que la CCMA exigía a quien optara a realizar su auditoría una facturación mínima de 100 millones de euros anuales durante los tres últimos ejercicios, condición que sólo cumplen dos empresas: Deloitte y PriceWaterhouseCoopers (PwC). Y se da la circunstancia de que la primera fichó hace poco más de un mes como director externo de consultoría estratégica a David Madí, hombre de confianza del presidente catalán, Artur Mas, y responsable de Comunicación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) hasta diciembre pasado. En PwC, por su parte, es socio responsable del sector público en el área legal y fiscal para Cataluña Joaquim Triadú, también muy ligado a Convergència y consejero de Presidencia en el último Gobierno de Jordi Pujol. Triadú también fue elegido, en febrero de este año, miembro del Consejo Asesor para la Reactivación Económica y Crecimiento (Carec), el órgano que asesora a Artur Mas sobre estrategia empresarial.

Tras la publicación por este diario de las condiciones de contratación, se alzaron voces críticas tanto en el sector de la auditoría como en medios políticos, especialmente entre la oposición, que prepara baterías de preguntas sobre las licitaciones del Gobierno. Pero dentro de Convergència i Unió (CiU) también ha habido reproches por la imagen que se proyecta y que puede inducir a pensar en favoritismos hacia algunas compañías en las que han aterrizado pesos pesados convergentes.

Desde la CCMA, por su parte, se trató de aplacar la polémica y se solicitó una reunión con representantes del Grup 20, que engloba a 22 medianos auditores catalanes, para explicar las razones que habían impulsado a imponer cláusulas muy restrictivas. Y las excusas fueron de manual: para los responsables políticos del Gobierno, lo que se quería era “una auditora que sea lo más independiente posible”. Lo que viene a decir que un auditor pequeño o mediano no haría su trabajo con total independencia que uno grande es más independiente. 

Aun así, fuera del concurso quedarían también otras grandes compañías que no podrían hacer frente a la condición de facturar 100 millones anuales durante los tres últimos años. Es más, en medios profesionales se considera que la inclusión de una cláusula de este tipo se impone para adjudicar el contrato a una empresa predeterminada. Lo curioso es que las dos únicas que podrían cumplir la condición tienen en sus equipos directivos a convergentes de pro, lo que resulta demasiado sospechoso.

Fuentes del sector auditor señalan a este diario que los directivos de la CCMA “se mostraron de acuerdo en modificar las cláusulas, pero defendían su criterio”. Además, manifestaron que el hecho de estar David Madí en una de las compañías que podría llevarse el contrato “nos perjudica”.

Una oferta al Gobierno

Los auditores catalanes, por su parte, estudian fórmulas para evitar la discriminación a que los someten las últimas licitaciones de la Generalitat. “No puede ser que la mayoría de los contratos se los lleven las grandes multinacionales, con cláusulas hechas a su medida, cuando CiU basó su campaña, precisamente, en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas”, señalan desde el sector.

Una de las condiciones que estudian para plantear a la Administración es que los contratos se adjudiquen sobre un porcentaje de la facturación de la compañía optante, con lo que desaparecería la sospecha de que la auditoría pudiese estar viciada. “Se podría fijar que el criterio de que el contrato adjudicado no puede sobrepasar el 5% de la facturación de la compañía, por ejemplo. De este modo, una auditoría de 150.000 euros tendría que llevársela una firma con una facturación mínima de 3 millones de euros. O un contrato de medio millón lo tendría que hacer una empresa con 10 millones de facturación, lo cual ya es una cantidad importante”.

El rifirrafe entre el sector auditor y la Generalitat, pues, continuará las próximas semanas, aunque los profesionales confían en poder llegar a un acuerdo para eliminarlas cláusulas más restrictivas. La convocatoria de elecciones para noviembre, además, ayudará a sus tesis, ya que al Gobierno catalán no le interesa tener a un sector sensible de espaldas durante la importantísima campaña electoral que se avecina.