Acusan a los Maristas de Sants de encubrir los abusos sexuales cometidos en el centro

Los abogados que ejercen la acusación contra el exdocente y pederasta confeso Joaquín Benítez han culpado a la escuela Maristas de Sants-Les Corts, en la que ejercía de profesor de Educación Física, de encubrir los abusos sexuales cometidos dentro del centro, apenas dos días después de que el colegio asegurara que denunció al profesor en cuanto se conoció la situación y negara haber ocultado los abusos. Señalan al colegio como "conocedor" de los hechos, después de que Benítez declarara el martes que la escuela tapó un caso de abuso perpetrado por él en 1986, lo que le sirvió para sentirse "amparado" y continuar cometiendo este tipo de delitos.

"Los Maristas eran conocedores de los abusos sexuales que se producían en el colegio. Si no, ¿cómo se explica que Benítez fuera el único que tuviera un despacho y tuviera las llaves?", ha señalado una de las abogadas de las víctimas en declaraciones recogidas por Efe, quien ha insistido en que el exprofesor no fue despedido inmediatamente tras la primera denuncia. "Si se hubiera efectuado un despido 'ipso facto', quizás no estaríamos en esta sala y las víctimas no hubieran vivido el infierno que han vivido", ha añadido.

Otro letrado ha acusado al vicario provincial de los Maristas, Pere Francesc Ferré, que declaró este lunes como representante del centro, de "banalizar su implicación y quitarle importancia a las consecuencias de los hechos e incluso a las secuelas".

Ferré negó que la escuela encubriera los abusos, pero admitió que se ocultó el primer caso denunciado sobre Benítez al resto de familias del centro porque los padres afectados pidieron permanecer en el anonimato y que no lo despidieron porque él pidió la baja antes. Han destacado además que el vicario de la congregación optara por "prometer" y no "jurar" decir la verdad ante el tribunal, escogiendo así la fórmula atea en detrimento de la religiosa.

En la línea del informe de la Fiscalía, también han apuntado a la Fundación Champagnat, propietaria del centro, como "plenamente responsable" de los hechos y la han acusado de actuar con "mala fe procesal" por haberse negado a facilitar a la policía datos sobre Benítez, tal como señalaron ante el tribunal dos mossos d'esquadra.

"Su actitud obstruccionista no deja que sepamos la verdad sobre lo que ocurrió", han apuntado antes de subrayar que la fundación ayudó a Benítez a cobrar el seguro de desempleo al facilitarle un trabajo de tres meses vinculado con los Maristas.

El propio Benítez dijo que, cuando la escuela supo de su primer abuso, cometido en 1986, lo amenazaron con suspenderle el sueldo durante tres meses, lo que nunca se produjo, y sólo lo amonestaron verbalmente. Aunque todas las acusaciones han solicitado que se juzgue a la fundación, como mínimo, por daños morales, el tribunal ha subrayado que su sentencia no hará referencia a ello por no tratarse de un criterio penal.

Arrepentimiento y deseo de "estar en prisión"

Tras finalizar la presentación de los informes y de las conclusiones, Benítez ha pedido permiso para dirigir unas palabras al tribunal. El acusado ha roto a llorar, a la vez que pedía perdón a las víctimas y a sus familias por haber "sufrido las consecuencias que ha conllevado esta situación tan deshonesta". Asimismo, ha reiterado la inculpación del centro y asegura que "hay datos y pruebas de dos personas que contribuyeron a este caso".

También señaló que la falta de amonestación por parte del centro le hizo sentir "amparado" por la congregación para continuar cometiendo abusos sexuales a menores. Benítez ha afirmado este miércoles que "pagará" por sus delitos y que ha deseado en muchas ocasiones "estar dentro de la prisión".

"Pido perdón porque de verdad estoy arrepentido, aunque no os lo parezca o aunque no haya mostrado ninguna situación de arrepentimiento público", ha indicado después de que, durante la vista oral, tanto el fiscal como las acusaciones hayan destacado la falta de expresión de culpa o remordimiento por parte del acusado. Benítez también ha garantizado que es "una persona nueva" y que lleva "nueve años con una conversión interior profunda".

Condenas y una indemnización ampliada

La Fundación Champagnat, propietaria del centro y a quien la Fiscalía considera responsable civil subsidiaria de los hechos, también ha pedido disculpas a las víctimas y ha reclamado que durante el juicio se diera por cierta la versión de Benítez, "dado su perfil psicológico" y sin "ninguna prueba de ello".

"Seguimos esperando que se haga Justicia", pero "hacemos hincapié en que una cosa es la verdad procesal y otra la leyenda que está ahí fuera inoculada para intoxicar al tribunal", ha sostenido el letrado de la fundación sobre la incriminación a los maristas.

La Fiscalía pide para Benítez una pena de 22 años de cárcel y 14 años de inhabilitación, así como una indemnización de 90.000 euros, que abonar junto a su aseguradora y la fundación Champagnat, como responsable civil subsidiaria de los hechos.

El juez no admite un mensaje de confesión

A lo largo de la tercera jornada del juicio, el tribunal de la Audiencia de Barcelona ha rechazado admitir como prueba un mensaje de WhatsApp que el acusado envió a un periodista que iba a entrevistar a una de las víctimas, sobre la que declaró no acordarse.

Los magistrados se han negado a incluir la prueba documental en el caso porque consideran que no conlleva "una alteración sustancial de los hechos" y han instado a la acusación a presentarla ante el juzgado de instrucción para valorar si se abre una causa aparte.

Durante su declaración, Benítez solo admitió haber cometido abusos contra dos de los cuatro estudiantes por los que se le juzga y aseguró no recordar a los otros dos que también denunciaron los hechos. Uno de ellos fue entrevistado por Cuatro y, ante ello, Benítez envió un mensaje a uno de los periodistas de la cadena pidiéndole que le transmitiera que fue "un alumno ejemplar e íntegro", que "por favor" le perdone y que le avise "si algún día llega a hacerlo".