Pesadilla para Colau: denuncian que restos de cadáveres se apilan en un contenedor

Barcelona ya tiene su Yak-42 en la montaña de Montjuïc: el 15 de septiembre del año pasado, un edificio de nichos (en total, 144 nichos) se derrumbó en el cementerio de la emblemática montaña y al consistorio no se le ocurrió mejor manera para tapar el desastre que enviar excavadoras al lugar y barrer los escombros. Así, se llegaron a mezclar cadáveres con cascotes, huesos con ladrillos y ataúdes con sudarios. En la actualidad, nadie sabe dónde están los cadáveres (parte de ellos se encuentran en un contenedor, revueltos) mientras las familias claman en el desierto por que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o alguien de su equipo les dé alguna explicación.

La situación recuerda a la del malogrado Yak-42, el avión siniestrado en mayo de 2003, cuando Federico Trillo era ministro de Defensa. Los técnicos mezclaron en aquel suceso los restos de las víctimas, hasta el punto de levantar uno de los mayores escándalos de la era de José María Aznar como presidente del Gobierno.

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En Barcelona pasa algo parecido. “Tenemos un gran sentimiento de impotencia, de que no nos hacen caso —afirma Núria Miñana, portavoz de familias afectadas—. Cuando pasó el desastre y fuimos allí, nos encontramos con las excavadoras mezclando todos los restos con las ruinas y pedimos que parasen aquello. No nos hicieron ni caso. Pusimos una reclamación a Cementiris de Barcelona pero nadie nos ha dicho nada aún”. En los 10 meses que han pasado desde el derrumbe, ningún cargo político del consistorio ha intentado dar una explicación a las familias, denuncia Miñana. Solo la 'síndica' de Barcelona se interesó por el dolor de las mismas. Prometió hablar con el concejal responsable, Eloi Badia, pero a partir de entonces “nadie nos dijo nada ni tuvieron ningún gesto con nosotros”.

No sabemos dónde tenemos a nuestros familiares difuntos. Estamos pasando un duelo que no se ha cerrado

De ahí que una cincuentena de familias hayan presentado una querella por profanación, malversación de caudales públicos, prevaricación, daños y falsedad en documento oficial contra el teniente de alcaldía, Eloi Badia, el gerente de Cementiris de Barcelona, Jordi Valmaña, y Dominika Nociarova, antropóloga directora que dirigió la exhumación e identificación de los restos humanos.

Tanto Miñana como los abogados que llevan el caso (Miguel Duran, Miguel Ángel Duran y José María de Palacio) consideran que el accidente quizás habría podido evitarse, pero eso es lo de menos. “No sabemos dónde tenemos a nuestros familiares difuntos. Estamos pasando un duelo que no se ha cerrado. Todo es un cúmulo de despropósitos. Entendemos que pudo pasar el accidente, pero la gestión posterior fue nefasta, muy mala”, se duele Núria Miñana.

Indemnizaciones de 5.000 euros

Los familiares, escamados porque el ayuntamiento decía que tenía perfectamente identificados a 26 cadáveres, solicitaron las pruebas de ADN de todos los cuerpos. El desbarajuste era tal que fue llamado para hacerse las pruebas el cuñado de uno de los fallecidos, que por supuesto no presentaba vínculos de sangre con el difunto. Mientras tanto, la alcaldesa Ada Colau, su teniente de alcaldía responsable del tema, Eloi Badia, y el responsable de Cementiris de Barcelona, Jordi Valmaña, prefirieron dar la callada por respuesta.

“Lo malo no es eso. Lo malo es que están llamando a las familias y ofreciendo 5.000 euros a cada una para que no emprendan acciones judiciales. Si tuvieran la conciencia tranquila, no estarían intentando comprar voluntades”, acusó este lunes Miguel Duran, uno de los abogados que acaban de presentar la querella.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona señalaron a El Confidencial que los restos de los difuntos están todos controlados

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona señalaron a El Confidencial que los restos de los difuntos están todos controlados. Hubo el hundimiento de 68 nichos y otros 76 fueron derruidos controladamente porque habían quedado afectados. Además, reconocen que sí se paga a familias por daños morales y, para ello, hay decenas de expedientes abiertos. “Del total de 140 titulares, tenemos constancia de que 17 van por vía judicial” y que se han cerrado 27 expedientes por daños morales. Asimismo, reconocen que 25 titulares pidieron pruebas de ADN, que están en curso.

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De los 68 nichos hundidos, se realizaron 218 inhumaciones, 20 familias pidieron pruebas de ADN para 83 difuntos, hay 19 expedientes cerrados por daños morales y se está en conversaciones con otros 16 propietarios. Un total de 13 acudieron a la vía judicial. De los 76 nichos derruidos controladamente, se hicieron 217 inhumaciones y “todos los restos están identificados. Tenemos constancia de que cuatro titulares han decidido optar por la vía judicial y el resto de expedientes están cerrados, resueltos o en negociación. De los 28 expedientes cerrados, en ocho hay acuerdo por daños morales”. Señalan, asimismo, que hay cinco familias que pidieron las pruebas de ADN. Y, sobre todo, rechazan que se haya realizado alguna chapuza con la identificación, ya que “se han seguido criterios basados en los de la Interpol para grandes catástrofes”.

Restos mezclados en un contenedor

Miguel Ángel Duran pone el dedo en la llaga y asegura que los restos se encuentran en tres lugares: “La zona A es para los restos identificados que estaban más enteros. Pero tenemos dudas, porque había ataúdes de zinc que han desaparecido. No están ni los ataúdes ni los cuerpos. La zona B es la de los sudarios que se han metido en nichos provisionales. Y la zona C es un contenedor. Son palabras del propio Valmaña, no nuestras. Hay un contenedor con escombros y restos humanos. ¿Y quién se encargó de separar restos y escombros? Los operarios, porque los antropólogos llegaron el 20 de septiembre”.

El ayuntamiento reconoce que, en un principio, fue el personal de Cementiris quien se hizo cargo de la zona afectada “hasta que se incorporó un equipo de antropólogos”. Y el trabajo del personal fue validado luego por los expertos el 18 de septiembre, tres días después del derrumbe, y no el día 20, como sostienen las acusaciones. Además, aseguran que “la doctora Dominika Nociarová se reunió con familiares de los difuntos para la elaboración de los informes de identificación”. Por si fuera poco, aseguran desde el consistorio que el mismo día del incidente “se habló con el Instituto de Medicina Legal de Cataluña, el juzgado de incidencias de Barcelona, el Decanato y, finalmente, con el juez de primera instancia”. Ese mismo día se activó el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) y se contactó con la Guardia Urbana.

Según el ayuntamiento, en los últimos 10 años se han gastado en mantener el cementerio 10,2 millones de euros

Los afectados no se creen los números del ayuntamiento. “Hay familias a las que han llamado y les han dicho que en un nicho provisional está su pariente, pero no hay ninguna prueba científica que lo demuestre. A otra familia, las antropólogas le dijeron que habían identificado a su padre por la pulsera del hospital, pero el fallecido no había estado en ningún hospital. La familia se movió, habló con Santa Lucía y parece ser que cuando retiran un cadáver de un domicilio le ponen una pulsera, pero no había ninguna de hospital… En fin, esa es la labor que han realizado desde el ayuntamiento”, resume el letrado José María de Palacios.

Y Miguel Ángel Duran remacha: “La guinda la pone el hecho de que en noviembre, dos meses después del colapso del edificio de nichos, a las familias les llega a casa el recibo de mantenimiento de esos nichos que ya no existían”. Y es que cada familia paga 14 euros al año por mantenimiento, lo que multiplicado por los 150.000 nichos, hace un total de alrededor de dos millones de euros anuales que han de gastarse en mantenimiento. Según el ayuntamiento, en los últimos 10 años se han gastado en mantener el cementerio 10,2 millones de euros. “Eso es la mitad del dinero recaudado. Queremos saber si se hizo el mantenimiento, quién lo hizo y cuánto cobró por ello”, tercia Miguel Ángel Duran.