La polémica desgasta su posición negociadora

La 'casilla del castellano', el último ariete para forzar la retirada de Puigdemont

Con una clase política abonada al victimismo, nada han tardado ni Puigdemont ni el resto de políticos catalanes a lanzarse contra el ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo

Foto: El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bruselas. (EFE)
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bruselas. (EFE)

Una hipotética casilla en los formularios de preinscripción de los colegios en la que los padres podrían escoger el castellano como lengua vehicular en la escolarización de sus hijos se ha convertido en el último ariete para forzar la retirada de Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat. La polémica, que tiene mucho de artificial, debilita la posición negociadora de JxCAT y refuerza la de ERC. Está por ver si el Gobierno de Mariano Rajoy sería capaz de implementar esta medida por la vía de su control de la Generalitat a través del artículo 155.

Con una clase política abonada al victimismo, nada han tardado ni Puigdemont ni el resto de políticos catalanes en lanzarse en tromba contra el ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo. De las críticas del colonialismo a las de intromisión intolerable. Como siempre, la precipitación no es buena consejera porque al primero que no beneficia el debate es al propio Puigdemont. Si tan nefasta es la casilla del castellano, la solución parece fácil: retirarse y permitir una presidencia efectiva de la Generalitat que levante el 155. Así que, de manera insospechada, los intereses de ERC y los PP convergen de manera mágica. O de un modo no tan mágico: los de Mariano Rajoy acabarán haciéndole el trabajo sucio a los de Oriol Junqueras.

La casilla del castellano pone de relieve varias cosas: problemas de la educación en Cataluña, como que los padres que desean que el castellano sea la lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos no pueden hacerlo. Eso antes era una cuestión que se solventaba con micropolíticas, algo imposible de hacer en el marco del 155. Es significativo el silencio de la conselleria de Ensenyament en este tema, pese a que la mayoría de directores generales que nombró la anterior Generalitat siguen en su cargo y cobrando de las arcas públicas.

Otro de los problemas que resalta es cómo el separatismo está destruyendo todos los logros de la Transición en Cataluña, como el pacto de todas las fuerzas políticas en las que la educación en catalán era un instrumento de integración social, que facilitaba que las clases más desfavorecidas, castellanoparlantes, pudiesen prosperar en condiciones de igualdad con las más pudientes, catalanoparlantes.

Dilema en Bélgica

Ahora, de repente, el dilema se traslada a Bruselas. Si Puigdemont no se retira, será el culpable de que se haya impuesto la casilla, a la que según la Constitución tienen derecho todos los padres. Está acompañado además, de la anterior consellera de Ensenyament, Clara Ponsatí, quien apenas estuvo dos meses y que no desplegó ninguna política educativa, más allá de que los colegios abriesen para el referéndum del 1 de octubre.

La polémica es falsa por varias cosas. Con el actual calendario de preinscripciones casi no hay tiempo material para establecer este cambio, algo que reconocen de puertas para adentro los funcionarios del departamento de Ensenyament.

Pero el Gobierno de Rajoy tendría vías para seguir con su proyecto si es algo más que un globo sonda para desestabilizar a Puigdemont. Podría ampliar el plazo de las preinscripciones que acaba en marzo. Aún así, eso convertiría la casilla en algo parecido a una manifestación a favor de España en plena plaza Cataluña. Si miles de padres que votan a Cs en Cataluña marcasen la casilla por una cuestión de militancia política más que de problema académico… ¿cuántos profesores harían falta para aplicar la medida? ¿Cien? ¿Doscientos? ¿Cómo los contrataría una Generalitat con presupuestos prorrogados y a la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene sujeta al mayor de los rigores fiscales? ¿O el Gobierno implementaría la casilla del castellano, pero aparcaría las políticas reales para llevar a cabo estas políticas educativas? ¿Objetarían los profesores independentistas, un colectivo muy numeroso y que, por ejemplo, fue clave para abrir los colegios el 1 de octubre, para no cumplir las órdenes de Madrid? ¿Se segregarían los niños en la escuela por las opciones políticas de sus padres?

Política-ficción

Como en los últimos meses, se trata más que nada de política ficción. Gestos, declaraciones, reacciones huecas alejadas de cualquier problema real de los ciudadanos y de políticas administrativas con algún grado de efectividad. La medida de la casilla del castellano se parece mucho a un mundo distópico que llevaría directo al infierno social. Si en Moncloa se piensa que Puigdemont puede retirarse por eso, es que han olvidado uno de los principios de su candidatura y de todas sus tácticas negociadoras: cuanto peor, mejor.

Cataluña
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