El Gobierno: "Puigdemont y Junqueras quedan descalificados para después del 1-O"

El Gobierno ha vuelto a asegurar que no habrá referéndum independentista en Cataluña el 1 de octubre y que considera “descalificados democráticamente” al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y al vicepresidente, Oriol Junqueras, para cualquier conversación posterior. Después del Consejo de Ministros, el portavoz del Ejecutivo sostuvo que además de situarse al margen de la ley, los máximos responsables del golpe han incurrido en una “deslealtad institucional” de tal calibre que les inhabilita como interlocutores.

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Íñigo Méndez de Vigo planteó la posición y respuesta del Gobierno ante la cita del desafío secesionista del 1-O poco después de que el presidente de la Generalitat enseñara sus cartas, como el contenedor de plástico para almacenaje y recogida de muestras de los laboratorios ‘tuneado’ de urna, para la consulta. Puigdemont ha pasado de convocar un referéndum que dijo que se iba a celebrar “como siempre” (como si fuera legal) a hacerlo “como sea”, ironizó el ministro.

El portavoz del Ejecutivo aprovechó la conferencia de prensa de los viernes para anunciar tres nuevos recursos contra proyectos de la Generalitat que van contra la Constitución, hacer un repaso de las ilegalidades y detalles operativos que hacen imposible a Puigdemont celebrar su referéndum y lanzar ya mensajes para los días posteriores a este domingo.

Méndez de Vigo advirtió que con los principales responsables del golpe no cabrá negociación alguna, con o sin convocatoria electoral posterior. No quiso sin embargo poner en duda que la policía autonómica vaya a saltarse las órdenes judiciales para impedir el referéndum pese a que los mandos políticos de los Mossos así lo insinúan. “Los Mossos son un cuerpo policial del Estado, actúa al servicio de la Justicia y está obligada a seguir las instrucciones de los jueces”, se limitó a comentar el portavoz del Ejecutivo.

El ministro añadió que el Gobierno hará cumplir la ley “con firmeza” ante el intento de los secesionistas de imponer su “proceso desatinado, injusto y doloroso” contra la unidad constitucional de España y contra los derechos del conjunto de los catalanes.

Méndez de Vigo destacó que los promotores de la intentona del 1-O contra la democracia y la convivencia tendrán que rendir cuentas de sus responsabilidades “patrimoniales y personales” ante los tribunales.