El juez al que odian los independentistas: de condecorado por Puigdemont a bestia negra

El magistrado Juan Antonio Ramírez, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, está en el punto de mira de los independentistas: hace pocas semanas, envió a la Guardia Civil al Teatro Nacional de Cataluña (TNC) para recabar información sobre quién había pagado sus instalaciones para realizar un gran acto de presentación de la Ley del Referéndum. Había sido Junts pel Sí (JxS), la plataforma que agrupa a CDC y a ERC, aunque en principio el mayor publicista de dicho acto fue el propio Gobierno de la Generalitat, que asistió al mismo reunido en un rincón del escenario. En las semanas anteriores, había citado a declarar a personal del Gobierno catalán y de empresas suministradoras de servicios o material para saber si se estaban gastando fondos públicos en la preparación del referéndum del 1 de octubre.

En febrero pasado, Ramírez admitió una querella de Vox contra el exjuez y exsenador de ERC Santi Vidal, que iba diciendo por todos los rincones que la Generalitat ya tenía todos los datos fiscales de los catalanes, obtenidos de manera ilegal, que estaba en negociaciones con fondos extranjeros para financiar la ruptura con España, que el Gobierno catalán ya había hablado con algunos Estados para que apoyasen una posible independencia y otras lindezas por el estilo. Con posterioridad, la querella fue ampliada al presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, y al secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó.

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Ahora, tiene a los independentistas con el corazón en un puño por haber encargado a la Guardia Civil diligencias sobre actuaciones de la Administración autonómica, por si está gastando dinero y esfuerzos en la organización del referéndum del 1 de octubre que el Tribunal Constitucional declaró ilegal. Pero este juez que tantas antipatías despierta en estos momentos fue condecorado, ¡ironías del destino!, por los Mossos d’Esquadra (o sea, por el Gobierno catalán) hace tan sólo un año, junto a un juez de Figueres, una magistrada de El Vendrell y otro magistrado de Barcelona.

Poco ha cambiado desde entonces, excepto la ‘cruzada’ del juez en estas últimas semanas. De momento, la Guardia Civil, además de haber tomado declaración a una veintena de personas, ha informado de su imputación por sedición al secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, y al director general de Comunicación, Jaume Clotet. Este jueves también fue a declarar a las dependencias de la Benemérita Joan Ignasi Elena, excoordinador del Pacto Nacional por el Referéndum (PNR).

Esta citación ha levantado aún más las iras de los sobranistas, ya que el PNR es un organismo en el que participan todos los sindicatos, patronales, instituciones públicas y hasta varios centenares de entidades culturales, deportivas o cívicas. Sus deliberaciones concluyeron que Cataluña necesita un referéndum pactado con el Estado. Por tanto, fue un organismo que no abogó por la consulta unilateral y de ahí que desde el Govern se acuse al Estado de “criminalizar el diálogo”. Se da la circunstancia, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de que en la causa del juzgado número 13 sólo constan como imputados Vidal, Viver y Salvadó. El resto todavía no ha sido incluido por el juez en tal consideración. “Las diligencias que la Guardia Civil está realizando estos días son diligencias de policía judicial y [las imputaciones de Nin y Clotet] no han sido solicitadas por el magistrado de instrucción 13 de Barcelona”. La causa se encuentra bajo secreto de sumario.

Alargará su vida laboral

El juez fue promovido a la categoría de magistrado el 17 de mayo de 1994, cuando oficiaba como juez de primera instancia e instrucción número 3 de Sant Boi e inmediatamente antes de ser destinado al juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Terrassa. A finales de los 90, era miembro de la Junta Electoral de la zona de Barcelona. En 1997, fue trasladado a Badalona y el 24 de octubre del 2000, se le nombró decano de los juzgados de Badalona, donde ejercía como titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 5, para pasar luego al número 4 y trasladarse, en el año 2003, al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. El pasado 17 de mayo, el Consejo General del Poder Judicial aprobó alargar su permanencia en activo hasta la edad de los 72 años, que el propio magistrado había solicitado. A los independentistas, pues, les esperan aún unos años de padecimiento con él al frente del juzgado.

Pero su carrera no ha estado exenta de polémicas. El 4 de octubre de 2004, unos desconocidos arrojaron varios cócteles molotov contra la comisaría de Sant, en Barcelona. Tres jóvenes fueron detenidos por ello. Dos de ellos ingresaron en prisión por orden del magistrado, que adujo precariedad laboral y desarraigo social, ya que no tenían “ni contrato de trabajo ni domicilio fijo”, por lo que había riesgo de fuga o de dificultar la investigación. Un detallado informe de los movimientos alternativos de Barcelona acusaba a la Brigada de Información del CNP de presionar al juez. Los detenidos fueron luego absueltos e indemnizados por el tiempo pasado en prisión.

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Más recientemente, el 28 de mayo del 2015, Sergi Rubio, un ‘casteller’ de Sants se sumó a una cacerolada en protesta por el intento del Ayuntamiento de Barcelona de derribar Can Vies, un centro ‘okupado’ de aquel barrio. Rubio, auxiliar de enfermería, había fundado la Peña Barcelonista de los Castellers de Barcelona y era la primera manifestación de Can Vies a la que asistía (en realidad, había participado en manifestaciones contra los recortes en sanidad y educación los años anteriores). Le acusaron de quemar un contenedor, acusación que se cambió posteriormente por otra que decía que había empujado un contenedor contra otro que ya se quemaba. Lo cierto es que el juez Ramírez decretó su ingreso en prisión sin fianza. Fue el único de los 84 detenidos que pisó la cárcel. Sergi estuvo entre rejas 23 días, hasta que tuvo que salir en libertad porque no había pruebas.

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En verano de ese mismo año, el magistrado abrió diligencias contra el entonces director general de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle, por un presunto delito de omisión de perseguir delitos, ya que consideraba que en al final de la Copa del Rey del 30 de mayo los silbidos al himno nacional podían considerarse injurias al Rey y ultraje a los símbolos de España. Los había denunciado una asociación que también pidió la imputación del ‘president’ Artur Mas. Ramírez envió la petición relacionada con este último al TSJC, que no abrió diligencias.