El Gobierno activa un plan de alerta general el 15 de agosto por la crisis con Cataluña

El Gobierno español ha diseñado un plan de alerta a partir del 15 de agosto para vigilar de cerca el proceso catalán. En esa fecha, el Parlamento autonómico inaugurará el nuevo curso político. Pero desde Madrid no se perderá ripio de lo que ocurra al este del río Ebro y se han activado todos los resortes para que tanto las instancias políticas como las policiales o jurídicas estén preparadas para cualquier eventualidad, incluida una declaración unilateral de independencia.

“El día 15 tenemos que estar al pie del cañón por lo que pueda pasar”, explica a El Confidencial un funcionario de élite que adelantó quince días sus vacaciones para poder estar operativo a mediados de agosto. En esa fecha se espera que abra el curso político el Parlamento catalán. Es, sobre todo, una medida de cara a la galería, una forma de ‘fastidiar’ al Estado haciéndole estar alerta las 24 horas los 365 días del año. La consecuencia es que se ha forzado que Madrid tome algunas decisiones que alteran el funcionamiento normal del Estado. Entre ellas, el recorte de las vacaciones de un buen puñado de sus funcionarios.

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Las fuentes consultadas explican que “ante la previsión de que se puedan decretar medidas que pueden ser claramente inconstitucionales, el Gobierno español debe estar preparado y por eso se han puesto todos los resortes en alerta”. En esta coyuntura, se ponen en funcionamiento no solo los sistemas jurídicos, sino los resortes políticos para caber frente a cualquier eventualidad y los servicios de información. Solo se libra un órgano: una unidad de élite formada por expertos y creada hace unos meses que se nutre de informaciones confidenciales que llegan al Gobierno y que despacha diariamente con Moncloa. Sus miembros no tendrán este año vacaciones.

La razón por la que el Parlamento catalán adelanta su curso político es sencilla: los independentistas quieren aprobar la Ley del Referéndum, que debe seguir un trámite parlamentario. No se descarta que también pueda ir a pleno la Ley de Transitoriedad, que pretende abolir de un plumazo la Constitución y el Estatuto y constituirse como la única ley en Cataluña. Cualquiera de esas normas puede ser recurrida por los grupos parlamentarios al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), pero eso dependerá del trámite que se utilice para aprobarlas: con la modificación del reglamento de la cámara, pueden aprobar la ley por las bravas y en una sola sesión parlamentaria.

Una medida dudosamente democrática

Lo grave del asunto es que en una tramitación normal de cualquier Parlamento, la ley podría ser recurrida por la oposición. Pero las medidas excepcionales –y dudosamente democráticas, según los letrados del propio Parlamento– que han previsto los independentistas con su mayoría parlamentaria evitarán ese trámite. La oposición ni siquiera podrá pedir el dictamen del CGE, un órgano que debe ser consultado y que tiene un mes para emitir un veredicto. Pero a los independentistas no les interesa saber lo que piensan los órganos consultivos del Gobierno. Ni siquiera los suyos: cualquier dictamen de ese órgano es cogido con pinzas por el Govern, porque al ser únicamente jurídico le puede aguar la fiesta y decretar la inconstitucionalidad de algunos artículos. De ahí que la cúpula de la Generalitat prefiera obviarlo Por tanto, la medida del adelanto del curso político será improductiva, excepto para los que cobren dietas.

La aprobación del texto en el Parlamento, aunque sea en pleno mes de agosto, también hará que el Gobierno español mueva ficha: posiblemente lleve la ley (o las leyes) al Tribunal Constitucional, pidiendo su paralización cautelar. Es en ese momento, según los independentistas, cuando se puede producir el anunciado “choque de trenes”, ya que las instituciones catalanas quieren hacer caso omiso de la paralización impuesta por el TC.

Pero ante cualquier eventualidad, el Gobierno español ya ha tocado a rebato este mes de agosto y el día 15 del mes vacacional por excelencia tendrá todos sus dispositivos en alerta ante lo que pueda pasar en Cataluña.

Al margen de la aprobación de las leyes –que es un acto más administrativo– no existen indicios de provocar un choque institucional más contundente

Fuentes de los círculos independentistas, por su parte, afirman que no está previsto ninguna medida excepcional en agosto, aunque no descartan algún pleno extraordinario en la última semana del mes. En otras palabras: la medida de adelantar el curso político es más una cuestión de imagen que otra cosa. Según las fuentes citadas, no se van a tomar decisiones trascendentales a mediados de agosto. Al menos de momento. Pero otra cosa es la última semana de ese mes, en que se pueden llevar al Parlamento autonómico las leyes del referéndum y de ruptura. Según los planteamientos de los soberanistas, la sorpresa es la principal arma que tiene el Gobierno catalán en estos momentos y quieren exprimir esta arma al máximo. Por eso, convocando la apertura del Parlamento para mediados de agosto, provocarán que el Gobierno español también se ponga en alerta. Pero, al margen de la aprobación de las leyes –que es un acto más administrativo que otra cosa– no existen indicios de provocar un choque institucional más contundente.

Más allá de este tira y afloja –que al final redunda en perjuicio del bolsillo de los ciudadanos, que son los que pagan las dietas derivadas de los faroles políticos– poco más hay que apunte a un conflicto institucional en pleno mes de agosto. La sorpresa con que los independentistas quieren obsequiar a Madrid en plenas vacaciones se va diluyendo como un azucarillo en un vaso de agua. Y es que, en política, (casi) todo está inventado.