Hasta ahora hacían falta 54 días de antelación

JxS y la CUP preparan una ley que permite convocar un referéndum exprés en 30 días

Habrá una Ley del Referéndum, segregada de la Ley de Transitoriedad Jurídica, cuya principal novedad será que acortará los plazos para llamar a las urnas en solo un mes

Foto: El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lidera la reunión de los partidos que conforman el Pacto Nacional para el Referéndum. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lidera la reunión de los partidos que conforman el Pacto Nacional para el Referéndum. (EFE)

El independentismo catalán quema etapas al mismo tiempo que improvisa. El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha comunicado a Junts Pel Sí que precisa más margen para seguir adelante con sus planes de referéndum. Y el partido ya ha pactado con la CUP dárselo. Para ello, se han segregado las normas que debían regir la consulta de la denominada Ley de Transitoriedad, que cuenta con diversos capítulos. Así, habrá una Ley del Referéndum, cuya principal novedad será que acortará los plazos para llamar a las urnas en solo un mes, según explican fuentes parlamentarias.

Actualmente, según marca la Ley de Régimen Electoral, hace falta un periodo previo de 54 días para convocar un referéndum. Demasiado tiempo si Puigdemont necesita adelantar la convocatoria.

Por ello, en la nueva norma que prevé el nuevo texto legal que preparan Junts Pel Sí y la CUP, se contempla que el presidente de la Generalitat o el propio Parlament puedan convocar una consulta vinculante no solo de manera unilateral sino con tan solo 30 días de antelación, casi la mitad de los que preveía la anterior normativa, apuntan fuentes del PDeCAT. Esto no quiere decir que vaya a ser así finalmente, de hecho se va a seguir improvisando. Pero se quiere que Puigdemont tenga el mayor número de alternativas al alcance de su mano.

Esta semana, el diario 'Ara' ya defendía que la Ley del Referéndum se había separado de la Ley de Transitoriedad Jurídica, también conocida como Ley del Régimen Jurídico Catalán, porque va en un paquete con la Ley de Hacienda propia y la de la Seguridad Social catalana. El conjunto del proyecto legal es denominado en el Parlament “leyes de desconexión". Sin embargo, se trata de un proceso en perpetua mutación. Que ahora se vayan a tramitar por separado no quiere decir que más tarde vuelvan a integrarse como uno de los capítulos de la Ley de Régimen Jurídico Catalán. No hay un plan, sino que se va improvisando sobre la marcha, muy a menudo en función de la reacción del Gobierno central. Además, las leyes se tramitan en secreto, reduciendo al mínimo el uso de ordenadores para no ser 'hackeados'. Por eso, el nivel de transparencia es mínimo.

El menor margen para convocar la consulta permitiría a Puigdemont datar el referéndum para una fecha cercana al 11 de septiembre y aprovechar la movilización, que se prevé masiva, como cada año, para que la participación no quede por debajo de la cifra de 2,3 millones de personas, las que fueron a votar el 9-N en 2014.

Trabajos en ferragosto

El Parlament ha habilitado la segunda quincena de agosto para poder aprovechar y aprobar este polémico paquete legislativo, que presumiblemente será anulado por el Tribunal Constitucional. La Generalitat piensa hacer lo mismo. Se prevé que el 15 de agosto se aprobarán las leyes de desconexión. Fuentes de Junts Pel Sí han asegurado que todavía es imposible conocer nada de estos planes.

En todo caso, esto permitirá a Puigdemont tener más opciones en su pulso contra el Gobierno. O hacer una convocatoria patriótica —alrededor del 11 de septiembre— o alargar al máximo el juego y fechar la consulta para el domingo 1 de octubre. En todo caso, tras un cambio de reglamento, todas estas leyes se tramitarán por la vía de urgencia, en una lectura única, el mismo día y sin que sea posible para la oposición introducir enmiendas.

Se prevé que el 15 de agosto se aprobarán las leyes de desconexión. Fuentes de JXS aseguran que todavía es imposible conocer nada de estos planes

Sin embargo, los tiempos no dependerán tan solo de Junts Pel Sí. A la oposición le queda la carta de enviar estas leyes al Consell de Garantíes Estatutàries. Esto podría retrasar hasta un mes la entrada en vigor de estas leyes de desconexión. Precisamente por eso se ha designado hábil agosto, apuntan fuentes de Junts Pel Sí. De esta manera, si algún grupo de la oposición recurre a este filibusterismo parlamentario —está claro que como mínimo la del régimen jurídico incumple el Estatut vigente—, el mes que harían perder a Puigdemont se compensaría por la reducción de los plazos de la nueva ley.

Diversas fórmulas

Además, jurídicamente se estudian diversas fórmulas. Una de ellas, que en la propia ley se establezca la pregunta y se marque la fecha. Eso protegería a Pugidemont y a su Gobierno de las inhabilitaciones. Pero expondría más a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Los bandazos del independentismo tienen un solo objetivo: ganarse al partido de la alcaldesa Ada Colau para la causa de convocar el referéndum

El pasado mes de febrero, la CUP ya propuso separar la Ley de Referéndum de la de Transitoriedad. La idea era que la maniobra serviría para atraer a los 'comunes' de Ada Colau, justo lo que intentará hacer Puigdemont el próximo martes con la reunión del Pacto Nacional por el Referéndum. Se prevé que al día siguiente Puigdemont anuncie la fecha y la pregunta sobre el referéndum que piensa convocar.

Cada nuevo cambio aleja más la propuesta de referéndum de unos planteamientos democráticos mínimos. La Convención de Venecia, a que tanto se refieren los independentistas, marca que el referéndum sea pactado, enmarcado en la legalidad vigente y anunciado con un año de antelación, entre otros puntos. Acortar los plazos a un mes tampoco ayudaría a ganar reconocimiento internacional.

Cataluña

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