Ciudadanos acusa a Forcadell ante el TC de incitar a la ruptura con España

José María Espejo-Saavedra, vicepresidente segundo del Parlamento catalán y diputado de Ciudadanos, entregó esta semana un documento al Tribunal Constitucional en el que detalla cómo los miembros de la Mesa de la cámara catalana decidieron someter a votación las resoluciones rupturistas de una comisión parlamentaria a pesar de las propias advertencias del alto órgano judicial.

En un documento de 13 páginas, el político acusa a algunos miembros de la Mesa de haber desobedecido conscientemente las directrices del Constitucional. Este estudia ahora si abre la vía para expedientar o inhabilitar a la propia presidenta del Parlament, Carme Forcadell. La lideresa independentista permitió aprobar unas resoluciones que conculcaban la legalidad vigente, en una maniobra que se parapetó detrás de la legitimidad del Parlamento y la cámara aprobó así, oficialmente, la ‘desconexión’.

En otras palabras: Forcadell incitó a la aprobación de resoluciones claramente anticonstitucionales y que apostaban por la ruptura con España y por salirse de la legalidad vigente. “Se ignoraba o se quería ignorar que la presidenta, cuando está en el pleno, no solo actúa como diputada del Parlamento, investida de inviolabilidad por sus votos y opiniones, sino también, en cuanto a la ordenación del debate, como presidenta el mismo, es decir, como órgano de Gobierno de la Administración parlamentaria, donde tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la ley y las resoluciones de los tribunales, especialmente las del TC”, dice el documento.

Los independentistas quieren hacer pasar la decisión de las votaciones que incumplen las directrices del Tribunal Constitucional como iniciativas colectivas

“Mi informe está elaborado tras el requerimiento del Constitucional para que los miembros de la Mesa emitiésemos un informe sobre si el Parlamento incumplió la orden del TC de no votar una resolución claramente inconstitucional. Mi conclusión es que sí”, explica Espejo a El Confidencial.

En su escrito, el vicepresidente de la cámara catalana detalla que en las reuniones preliminares sobre si se admitían a trámite las polémicas resoluciones (en ellas se hablaba de incumplir las leyes españolas y las resoluciones del propio TC) advirtió a sus compañeros de Mesa de que si se votaban las resoluciones independentistas se estaría incumpliendo las resoluciones del Constitucional y, además, era un fraude de ley.

El informe que presentó al Constitucional especifica que “hubo un intento de traslación de responsabilidad de la Presidencia al pleno (revestido de inviolabilidad, como se encargaron de señalar los propios portavoces de los grupos que instaron la modificación del orden del día), amparándose en una norma reglamentaria prevista para otras finalidades, para así conseguir el objetivo prohibido por la resolución del TC. Un fraude de ley en toda regla, tal y como sostuve en mi intervención en el pleno”. En otras palabras, para evitar la responsabilidad personal, los independentistas quieren hacer pasar la decisión de las votaciones que incumplen las directrices del TC como iniciativas colectivas. Algo así como la realidad de Fuenteovejuna trasladada a la España moderna.

“Para llevar al pleno las resoluciones, el grupo de Junts pel Sí (JxS) y la CUP tergiversaron el reglamento de la cámara y adoptaron artículos del propio reglamento que están redactados para otras cosas. Advertí de ello a Carme Forcadell, pero hizo caso omiso y dio luz verde para que las resoluciones se llevasen a pleno y se votasen, cuando lo podría haber evitado”, subraya Espejo a este diario. En otras palabras, que cada quien asuma su responsabilidad personal.

En manos de la CUP

Ahora, con la apertura del nuevo curso político, el Parlamento catalán se enfrenta a un terrible dilema: seguir la senda de la desobediencia o actuar dentro de la ley. “Quien domina la política catalana en estos momentos es la CUP, que tiene en sus manos el futuro del presidente de la Generalitat de Cataluña. La CUP defiende la desobediencia y de ella depende la moción de confianza de Carles Puigdemont el próximo 27 de septiembre. Esa circunstancia puede hacer que la situación de encone en las próximas semanas. Si la CUP exige más nivel de desobediencia tendremos un mayor nivel de ruptura”.

Espejo advierte que “si el Parlamento catalán no acepta las resoluciones del Constitucional, tendremos un problema institucional grave. Pero confío en que todos seamos conscientes de que tanto los órganos políticos como los judiciales tienen legitimidad. Espero que el sentido común se imponga y no haya actos de desobediencia”.

El también diputado de Ciutadans explica que el futuro de las instituciones catalanas es una incógnita. “Lo cierto es que desde las filas de Junts pel Sí no se habla de desobediencia, como se hace en la CUP. Pero habrá que esperar a ver qué pasos dan los cuatro miembros de JxS que hay en la Mesa del Parlamento para saber qué nos espera y si tienen la intención de incumplir las resoluciones del TC o no”.

Pero en todo caso, “no se quebrará la legitimidad del Parlamento catalán, que es una institución legítima. Si determinados miembros de él incumplen la ley, no afecta a la institución, que es de todos. En todo caso, lo que se pondrá de manifiesto es que la mayoría independentista que hay en la cámara falta al respeto a esa legitimidad del Parlament”.

Pero también es consciente de que hay que esperar al inicio del nuevo curso político para saber si la tensión soberanista hará subir la tensión política. “Todo dependerá del nivel de presión que el Gobierno catalán esté dispuesto a asumir. JxS está fuertemente presionada por la CUP ante la moción de censura al presidente de la Generalitat el 27 de septiembre y ya veremos si son capaces de aguantar el tirón”.