LA HACIENDA CATALANA NO PREVÉ DESPLAZAR AL FISCO ESPAÑOL

Los independentistas aprovechan y meten a trámite la segunda “ley de desconexión”

Junts pel Sí (JxS) y la CUP presentaron esta mañana a trámite la segunda de las leyes de desconexión: la de la Agencia Tributaria Catalana (ATC)

Foto: La diputada de la CUP Anna Gabriel (i), junto a Jordi Turull (c) y Marta Rovira de Junts pel Sí. (EFE)
La diputada de la CUP Anna Gabriel (i), junto a Jordi Turull (c) y Marta Rovira de Junts pel Sí. (EFE)

¿No quieres caldo? Pues toma dos tazas. Cuarenta y ocho horas después de que el Parlamento votase unas resoluciones que abogan por la ruptura con España y 24 horas después de aprobar la primera de las tres ‘leyes de desconexión’, la de la Seguridad Social Catalana, Junts pel Sí (JxS) y la CUP presentaron esta mañana a trámite la segunda de las leyes de desconexión: la de la Agencia Tributaria Catalana (ATC).

Los independentistas aprovechan y meten a trámite la segunda “ley de desconexión”

Es un gesto de cara a la galería, un intento de jalar más fuerte de una cuerda que al final no se romperá. Los dirigentes Jordi Turull y Marta Rovira (JxS) y Mireia Boya y Anna Gabriel (CUP) presentaron esta mañana el texto de la proposición de ley de la ATC, que esperan llevar a pleno parlamentario en septiembre. Se esta manera, JxS garantiza a la CUP que su intención es llegar hasta el final, desobedeciendo las leyes españolas y plantando cara al Tribunal Constiucional. Con ello, esperan que el voto de los anticapitalistas salve el cuello al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la moción de confianza que se verá en el Parlament el 28 de septiembre.

Pero todo parece pura escenificación. María Senserrich (JxS) señaló tras la presentación de la ley que ésta “es la estructura de Estado más grande que tendremos y lo queremos hacer muy bien. Queremos un modelo diferente del que tenemos ahora que dependemos del Gobierno español. Además, con ello, “cumplimos el compromiso que nos dieron las urnas el 27 de septiembre”. ¿Qué más necesita la CUP para apoyar a Puigdemont?

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. (EFE)

La novedad con lo que tenemos ahora es que la ley prevé un consejo fiscal, un órgano que Senserrich tacha de “innovador” y que no existe en España. “Queremos un modelo en el que haya un consejo fiscal que sea una confluencia entre la Administración y los profesionales del sector. Hemos sentado las bases de un buen modelo y ahora deberemos trabajar para que durante el segundo semestre se lleva a cabo el procedimiento parlamentario pertinente con el objeto de que se convierta en una ley definitiva”.

También la ‘cupera’ Eulàlia Reguant enfatizó que “hemos hecho política y hemos dejado a un lado las argucias legales sobre si se podían hacer las ponencias”.

De lobo a manso cordero

Eso, claro, de cara a la galería. Porque en su articulado, el lobo se convierte en manso cordero. Sobre el papel, la ley es otra cosa: “La Generalitat puede exigir tributos de acuerdo con lo previsto constitucionalmente y legalmente”, dice en el artículo 1.5. O sea, que no es tan fiero el león como lo pintan. El punto 1.13.1, vuelve a decir que la Generalitat “ejerce las competencias en materia tributaria con el alcance y en los términos que prevea la normativa que resulte aplicable según su sistema de fuentes”. Y el punto 1.13.2 insiste en que la Hacienda catalana “dispone, para el cobro de los tributos que gestiona, de un sistema propio de recaudación en el que participan las entidades de crédito que hayan sido reconocidas como colaboradoras en la recaudación de tributos”.

En el artículo 1.14.c, reconoce que una de sus funciones es “recaudar, según las competencias conferidas por las leyes, los recursos de Derecho público que han de permitir financiar los gastos de la Generalitat”. Para dar un toque de distinción, el siguiente apartado aboga por “conseguir que la contribución del conjunto de los sujetos tributarios de la comunidad se corresponda con la propuesta de contribución que establece la política fiscal refrendada a través del proceso democrático de decisión política, luchando, en consecuencia, contra la evasión fiscal”. Es la única alusión al “mandato democrático rupturista” del 27 de septiembre.

Su principal objetivo no es invadir las competencias de la Hacienda española, sino que se mantiene dentro de las que tiene la administración tributaria catalana

En otro de los artículos, supedita las relaciones de los organismos de la Administración tributaria catalana a “la legislación sobre régimen jurídico y procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña”, y en el artículo 1.24.3 deja la puerta abierta a desarrollar la ATC que prevé el Estatuto de Autonomía: “Puede constituir consorcios [el Estatut prevé que la Agencia Tributaria española y la Catalana han de establecer un consorcio para la recaudación y gestión de impuestos en esta comunidad] o adherirse a otros ya existentes con otras Administraciones, organismos o entidades públicos o con entidades privadas sin ánimo de lucro, que tengan finalidades de interés público concurrentes”.

Para que no quede ninguna duda, al desarrollar el órgano de la ATC, establece como su principal función la de “gestionar, liquidar, inspeccionar y recaudar los tributos, cuando su aplicación corresponda a la Generalitat de Cataluña”. Dicho de otra manera: su principal objetivo no es invadir las competencias de la Hacienda española, sino que siempre se mantiene dentro de las competencias legales que tiene la actual administración tributaria catalana.

La ATC tendrá un presidente, un director, una junta de gobierno y un comité ejecutivo. La junta estará compuesta por el presiente, el director, el director general de Tributos, el director general de Presupuestos, el interventor general, el director de la asesoría jurídica de la Generalitat, y cuatro vocales designados por el consejero de Hacienda. El comité ejecutivo depende del director de la ATC y sus miembros son directivos de la propia Agencia.ue “los nueve años de existencia de la ATC no han venido acompañados de la plena asunción de las competencias tributarias y la evolución del ente ha ido poniendo de manifiesto la necesidad de otorgarle una mayor autonomía para poder realizar sus funciones con la máxima eficacia y eficiencia, cuestión especialmente sensible y de gran trascendencia para el país”. De ahí que haya de dotarse de “más autonomía económica, financiera, patrimonial, contractual y de personal”.

Cataluña

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
18 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios