El abogado representa a una empresa israelí que intentó comprar dos edificios

Joan Laporta, contra la Generalitat por una reclamación de 16 millones

Fuentes jurídicas han confirmado que el expresidente del Barça ha presentado una demanda ante el TSJC con la pretensión de cobrar 16 millones de la Conselleria de Economía

Foto: Joan Laporta, en una imagen de archivo.
Joan Laporta, en una imagen de archivo.

Demanda del morbo en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La causa lo tiene todo: una Generalitat apurada en lo económico; un vicepresidente como Oriol Junqueras, que hereda un pleito con el que no tiene nada que ver; una operación inmobiliaria que acabó en fiasco por la irrupción de Ada Colau como alcaldesa alternativa de Barcelona, y un expresidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que actúa como abogado de la empresa israelí que reclama. ¿Haría falta otro incentivo para ser el cotilleo del año en tribunales catalanes? Pues lo hay: un botín de 16 millones de euros para el ganador. Lo dicho, no se puede pedir más.

Torre Muñoz.
Torre Muñoz.

La historia se remonta a 2015, cuando el entonces 'conseller' de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, rebañaba el fondo de los cajones para intentar cuadrar un programa de privatizaciones que, por cierto, nunca cumplió. Como último estertor de aquel brutal esfuerzo, la Generalitat sacó a subasta dos edificios, las dos últimas joyas de la corona: la sede de la Conselleria de Treball, en la calle Sepúlveda y Torre Muñoz, donde se aloja el departamento de Empresa, junto en la confluencia de Paseo de Gràcia con Diagonal.

Ambos inmuebles fueron adquiridos por un empresario israelí desconocido en junio de 2015, a través de la sociedad Nadlan BCN. Las condiciones del concurso obligaban al ganador a depositar como fianza el 25% del valor de compra. El inversor israelí se comprometió a pagar 63,57 millones y, tal como marcaba el pliego, depositó los 16 millones correspondientes como garantía, con el compromiso de formalizar el conjunto de la operación en unos meses.

Pero tres días antes de que se adjudicase el ganador de esta privatización, Ada Colau ganó la alcaldía de Barcelona. El plan de  los israelíes y de Laporta como su asesor en la operación era negociar con Xavier Trias, anterior alcalde, un cambio de usos para que Torre Muñoz pasase de ser oficinas a poder clasificarse como hotel. Pero Colau no solo era contraria a la recalificación urbanística sino que también decretó la moratoria hotelera. Un largo 'sabbath' para los inversores provenientes de Israel.

Negocio perfecto

Para la Generalitat resultó un negocio perfecto. Mantuvo la propiedad de los edificios y se embolsó 16 millones de euros para sus depauperadas arcas, tal y como marcaba el pliego del concurso. En su defensa, hay que reconocer que incluso otorgó una prórroga al representado por Laporta para que formalizase el acuerdo. En noviembre ya quedó claro que ni con este aplazamiento Colau y su equipo municipal cederían, de modo que la transacción se dio por perdida.

Hasta la reclamación de Laporta, la venta fallida había resultado un gran negocio para la Generalitat, que se quedó los inmuebles y ganó 16 millones por la fianza

En enero de este año se nombró nuevo presidente de la Generalitat y Oriol Junqueras se convirtió en el primer político independentista que llegaba a 'conseller' de Economía. El conflicto por la venta de los inmuebles no tenía nada que ver con su gestión, pero le iba a estallar en las manos.

Así, fuentes jurídicas han confirmado que Laporta ha presentado una demanda por la vía de lo contencioso administrativo ante el TSJC con la pretensión de recuperar los 16 millones para su cliente. En su bufete de abogados, Laporta & Arbós, no ha respondido al requerimiento de información que se le ha hecho desde El Confidencial. Por su parte, fuentes del departamento de Economía han declinado hacer declaraciones.

Previsión de largo pleito

Las fuentes jurídicas conocedoras del caso explican que la estrategia de la demanda es intentar anular todo el concurso que planteó Mas-Colell alegando algún defecto de forma o algún tipo de tecnicismo. Por su parte, los servicios jurídicos de la Generalitat no piensan devolver los fondos en disputa, pues consideran que en todo momento se dio cumplida cuenta de lo que dictaba el pliego del proceso de venta.

En todo caso, el pleito se prevé largo, porque un contencioso administrativo tarda de media entre dos y tres años en resolverse. Por tanto, el pulso será prolongado, con el morbo añadido de enfrentar a un independentista como Laporta, que ha dejado la política, con otro independentista que está ahora en el cénit de su poder: Oriol Junqueras.

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