las URNAS podrían hacerse EN LA PRISIÓN DE PONENT

Los trabajos 'voluntarios' de los presos catalanes en pro de la consulta soberanista

Todo apunta a que las urnas y papeletas de la consulta se harán en una prisión de Lleida, entre los internos inscritos a talleres de reinserción

Foto: Cárcel de Ponent. (Foto: Google Street View)
Cárcel de Ponent. (Foto: Google Street View)

Son 430 trabajadores, todos ellos varones. Cobran entre 250 y 600 euros netos al mes, por unas cuatro horas de trabajo. Y son 'voluntarios', aunque duermen siempre a la sombra. Los reos de la prisión leridana de Ponent serán los encargados, a falta de que se haga la petición oficial por parte de Governació, de elaborar las 6.000 urnas de cartón que se calcula que serán necesarias para la consulta catalana del 9-N.

Por ahora, han hecho ya un par de muestras, según confirman fuentes del CIRE (Centro de Iniciativas para la Reinserción). También han salido de sus manos -lo rubrican los sindicatos de prisiones- los prototipos de las papeletas con las preguntas, en español y catalán, más citadas de los últimos meses (y lo que queda): "¿Quiere que Catalunya sea un Estado? ¿Quiere que este Estado sea independiente?" Si todas las incógnitas de la consulta catalana -que son muchas, la primera, la de si se celebrará o no el 9 de noviembre- se resuelven de manera afirmativa, todo apunta a que las urnas en las que los catalanes depositarán sus votos sobre la independencia serán, como adelantó en su día La Vanguardia, plegables, de cartón, con un lateral de plástico transparente y un coste aproximado de 2 euros, y estarán elaboradas por 'voluntarios' del Centre Penitenciari de Ponent, en Lleida.

Se trata de los presidiarios adscritos a los talleres del CIRE, una empresa pública que depende de Justicia de la Generalitat y mantiene imprentas en tres centros, la Modelo de Barcelona, el Centro Educativo Segre y el Centro Penitenciario de Ponent. "Por lo que yo sé, en el CIRE de Ponent se está haciendo todo lo relativo a la consulta. Es una indecencia. Ya no es sólo que estén preparando una consulta ilegal, utilizando además fondos públicos, sino que están utilizando a personas privadas de libertad, que no son libres para decidir qué trabajo pueden hacer y qué no", subraya Dolors López, presidenta del PP de Catalunya en Lleida, que ha tenido acceso a esos primeros modelos salidos de la imprenta carcelaria.

Urnas 2

[Vídeo: las urnas y papeletas elegidas por la Generalitat]

En abril, López espetaba al conseller de Justicia que su actuación recordaba a la de los faraones, "que utilizaban a los penados como mano de obra barata. Aquellos hacían construir mausoleos, ustedes están cavando su propia fosa". Hoy, fuentes de la administración siguen negando que el encargo se haya realizado oficialmente, aunque en la Generalitat añaden rápidamente una coda: "Eso no quita que pueda darse la petición, en cuyo caso se le daría el mismo trato que a las de otras empresas o de la administración". 

Lo cierto es que en el CIRE catalán -equivalente al Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE) del resto del Estado- recibe encargos tanto del sector público -Generalitat, ayuntamientos, consorcios locales- y del privado, que se resuelven a través de contratos y convencios con precios públicos. Los reclusos hacen trabajos de panadería, confección, carpintería, lavandería, etc. Y sí, también de imprenta: papel de oficio para los juzgados, con sus membretes y sellos correspondientes, carpetería, tarjetas de visita y demás papelería de oficina. Tienen incluso una marca propia, Made in CIRE.

Imagen de la enfermería de la prisión de Ponent. (Foto: Generalitat)
Imagen de la enfermería de la prisión de Ponent. (Foto: Generalitat)

En las actividades del CIRE puede entrar, en principio, cualquier reo, con la única salvedad de los enfermos, los mayores de 65 y quienes reciben algún tipo de retribución no compatible con las rentas del trabajo. Deben solicitarlo a la dirección de su centro, que a través de la junta de tratamiento -un equipo de juristas, psicólogos, etc.- evalúa si es conveniente en su caso. Si la respuesta es positiva, el CIRE los encaja en los talleres de cada centro, que se acompañan de un proceso formativo y culminan con un asesoramiento para encontrar trabajo en la fase final de su condena. Están dados de alta en la Seguridad Social y sus retribuciones, establecidas de acuerdo al RD 782/2001, se ajustan al salario mínimo interprofesional con gratificaciones por productividad: entre 250 y 600 euros netos, por cuatro horas, ya que compatibilizan el trabajo con las rutinas del centro penitenciario.

La media de los trabajadores en los talleres es de 3.941 personas, 430 en el caso de Ponent. En 2010, las nóminas de los internos sumaron los 10 millones de euros, el presupuesto del CIRE fue de 37 millones y la facturación ascendió a 35, repartida en un 55-45% entre encargos de la administración y el sector privado, respectivamente.

Todos los encargos pasan por las manos de los expertos jurídicos y técnicos del CIRE, que analizan la formalización legal del encargo y su encaje con el calendario de trabajos, la capacidad técnica de los talleres, etc. Se valora, además, el número de personas a las que ocupa y lo que aporta a los internos: "La misión social es lo que da sentido a nuestra empresa", resaltan desde el CIRE, que recalca que su labor se centra en un proyecto de inserción global, en el que los presos aprendan oficios, comportamientos transversales (como la informática), hábitos de trabajo, experiencia en el trabajo en equipo, en la figura del jefe... Se trata de que "el paso por prisión tenga una visión de futuro", señalan. Una visión que, según parece, puede pasar próximamente por las urnas de la consulta. 

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