Una juez prohíbe a un Ayuntamiento catalán ceder el padrón para el referéndum

El presidente catalán, Artur Mas, no gana para disgustos: hoy se encontró con un nuevo –e importante- escollo en su hoja de ruta hacia la independencia de Cataluña. Y todo porque la titular del juzgado contencioso-administrativo número 2 de Barcelona, Elsa Puig, emitió el jueves un auto en el que suspende el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Cabrils (localidad de la comarca del Maresme, cercana a Barcelona) que había aprobado entregar a la Generalitat de Cataluña el padrón municipal con el objeto de que puedan votar sus vecinos en el referéndum independentista del 9 de noviembre próximo.

El acuerdo del pleno tuvo lugar el pasado 27 de marzo. Un día antes, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, había enviado a los consistorios catalanes una carta pidiéndoles su colaboración en la organización de la consulta. La misiva resaltaba que existen cinco vías legales para celebrar el referéndum, según un estudio del Instituto de Estudios Económicios de la Generalitat, por lo que pedía la colaboración municipal en los preparativos del evento “en los términos legalmente establecidos”.

Así pues, en el pleno que el Ayuntamiento de Cabrils celebró el 27 de marzo, figuraba en el punto 6 del orden del día el dictamen, a propuesta de la propia alcaldesa, Avelina Morales Serra, de Convergència i Unió (CiU), el dictamen “sobre el uso de los datos del padrón municipal para la celebración de una consulta sobre el futuro de Cataluña”.

Un vecino de la localidad, Alejandro R.M., interpuso una demanda contra esta decisión por considerar que vulneraba la Ley de Protección de Datos y pidió a la justicia la adopción de la medida cautelar de suspensión de esta decisión municipal.

El auto de la juez señala que “si bien la efectividad práctica de ese acuerdo está condicionada al cumplimiento de las condiciones que en el mismo se indican –entre otras, que medie una solicitud por parte de la Generalitat-, no hay dato alguno que impida tener la certeza que esa petición no se ha efectuado, o bien pueda formularse en breve, ya que en el propio acuerdo plenario se decide su comunicación a la Generalitat de Cataluña, entre otros organismos”.

Medidas cautelares

Al hilo de esta argumentación, la juez señala que “se aprecian las circunstancias de especial urgencia que permiten analizar la adopción de una medida cautelar inaudita parte” y, por tanto, estima “la petición de medida cautelar formulada por la actora y, en consecuencia, suspender el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Cabrils de 27 de marzo de 2014 por el que se dispone que el citado Ayuntamiento pondrá a disposición de la Generalitat de Cataluña los datos del padrón y los instrumentos legales , en caso de que se soliciten, para la celebración de una consulta sobre el futuro político de Cataluña, de acuerdo con el marco legal aprobado que ampare la citada consulta”.

El auto emplaza, asimismo, a la Autoridad Catalana de Protección de Datos “por si a su derecho conviniera comparecer como codemandada por el presente recurso”.

Por último, la juez cita a las partes litigantes para el día 7 de abril “al objeto de que puedan alegar lo que consideren conveniente sobre el levantamiento o mantenimiento de la suspensión acordada”. Contra la resolución dictada ayer no cabe interponer recurso ordinario alguno.