El PP prepara un pacto fiscal alternativo al de Mas con la cesión de más impuestos a Cataluña

El pacto fiscal que pretende impulsar el presidente catalán, Artur Mas, encuentra cada día más obstáculos. En la cumbre que el president convocó este jueves entre todos los partidos políticos catalanes para tratar el tema, la presidenta del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, hizo saltar las alarmas cuando abrió la puerta a la posibilidad de presentar una propuesta de pacto fiscal alternativo en el pleno del Parlamento autonómico que ha de aprobar la propuesta el próximo 25 de julio. “Alicia le rompió los esquemas a la Generalitat cuando lo anunció. Y ellos saben que hablaba en serio”, explica un miembro de la cúpula popular a El Confidencial.

El PP ha puesto a trabajar a varios equipos en la confección de esa propuesta de pacto fiscal alternativo. En concreto, ha encargado varios documentos de trabajo a un equipo de diputados y a otro de la Fundación Colabora. No existe aún ningún documento oficial, pero sí borradores con los ejes fundamentales de lo que sería la propuesta de financiación que el Partido Popular quiere para Cataluña.

Según los borradores, a los que ha tenido acceso este diario, “ante la disyuntiva entre una nueva evolución del sistema de financiación aplicable en 2014 que sólo suponga una pequeña mejora en relación al modelo anterior o un nuevo modelo propio fuera del régimen común con recaudación de todos los impuestos y Agencia Tributaria propia, planteamos una tercera vía que es un modelo sustancialmente evolucionado y singularizado para Cataluña (articulado dentro de la Lofca, sin salir del régimen común establecido en la Constitución) y evitando un escenario de enfrentamiento”, dice el texto.

El nuevo modelo, según los borradores que maneja el PP, ha de resolver “el problema sistémico de insuficiencia financiera de la Generalitat para atender las competencias de su autogobierno” y “ha de estar ligado a la capacidad de crecer y crear riqueza”.

Los documentos de trabajo establecen siete puntos básicos que ha de tener en cuenta el nuevo modelo de financiación: “1) incremento de la corresponsabilidad fiscal con el Estado; 2) incremento de los impuestos cedidos, en el marco de un modelo propio; 3) incremento de la participación en la cesta de impuestos; 4) máxima capacidad normativa en los impuestos cedidos y transferidos; 5) una Agencia Tributaria catalana con capacidad de gestión e inspección de los tributos propios, cedidos y transferidos, con estricta cooperación con la Agencia Tributaria del Estado; 6) Principio de ordinalidad que garantice el mantenimiento de la posición catalana respecto a su propia renta per cápita y no altere la posición relativa de Cataluña en el ranking de las comunidades autónomas después de aplicar los mecanismos de nivelación; y 7) principio de solidaridad con el resto de comunidades autónomas, que ha de ser finalista y que no perjudique la capacidad de crecer y competir de la economía catalana”.

Los populares abogan por buscar “el máximo consenso” sobre estos puntos y establecer “un proceso de negociación leal con el Gobierno del Estado que evite radicalismos y rompimientos, que pueda establecer un nuevo modelo más justo, equilibrado y sostenible para Cataluña”.

Diferencias notables

La propuesta, por lo tanto, se aleja sustancialmente de la que elaboró la Generalitat. En el documento que el Gobierno catalán presentó en la cumbre del jueves, los nacionalistas abogan porque la Agencia Tributaria de Cataluña pueda gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos que se pagan en la comunidad, excepto los de naturaleza local. En uno de los puntos dispone que esta agencia y la Administración tributaria del Estado “podrán colaborar y suscribir convenios y hacer uso de otros medios de colaboración que consideren pertinentes”. También reclama que la Generalitat tenga capacidad normativa y responsabilidad fiscal sobre todos y cada uno de los impuestos estatales soportados en Cataluña.

El modelo de Mas dispone, asimismo, “el establecimiento de una cuota de retorno al Estado en concepto del coste de competencias o los servicios comunes que afectan a Cataluña”, cuota revisable quinquenalmente “y acordada bilateralmente con el Estado. A la hora de determinar la aportación a la solidaridad que habrá de incorporar la cuota de retorno, será preciso aplicar un límite económico -Cataluña no puede perder capacidad fiscal una vez hecha la contribución a la solidaridad (respeto escrupuloso al principio de ordinalidad)- y un límite cualitativo -los recursos se habrían de destinar a las políticas más básicas del estado del bienestar-”.

Entre las dos propuestas hay una sustancial diferencia ya que la presentada por el Gobierno catalán implica la salida de Cataluña del régimen común, es decir, de la Lofca, y la aplicación de un régimen especial similar al del concierto económico del País Vasco o Navarra.

En medio de ambos modelos, se sitúa la propuesta del PSC, que reclama “el protagonismo de la Generalitat en la gestión, liquidación e inspección de todos los tributos soportados en Cataluña y la máxima capacidad normativa sobre los mismos”. Sin embargo, atribuye a la Generalitat todos los rendimientos tributarios “excepto lo que corresponden a la Administración central para financiarlos servicios que presta y hacer efectivos los mecanismos de solidaridad que se acuerden”. También aboga porque “la aportación catalana a los mecanismos de nivelación solidaria en ningún caso podrá alterar la posición relativa de Cataluña en el ranking de las comunidades autónomas después de aplicar estos mecanismos, respetando de forma escrupulosa el principio de ordinalidad”. Los socialistas son partidarios de crear un consorcio tributario a partes iguales entre el Estado y la Generalitat para gestionar los impuestos y de mantener el modelo dentro de la Lofca.