Los hospitales catalanes ofrecen a sus trabajadores bajarse el sueldo o ir a la calle

Los recortes en la sanidad catalana toman cada día un nuevo impulso. Según explican fuentes solventes a El Confidencial, algunos centros concertados han ofrecido a sus trabajadores una rebaja del sueldo a cambio de no presentar expedientes de regulación de empleo y despedir a gente. “Se trata de una rebaja indiscriminada. No importa si el trabajador gana 15.000 euros o 60.000”, señalan estas fuentes. Las rebajas dependen de cada centro: los hay que han ofrecido un recorte salarial del 1% y del 2%; pero también un hospital ha elevado este porcentaje a más de 10%. El tema es sumamente grave. Tanto que para esta tarde está prevista una reunión en la consejería de Trabajo, que intermediará en el asunto.

La medida coincide con la decisión del Gobierno catalán de aplazar hasta después del 22 de mayo la presentación de los recortes en el sector sanitario. Lejos de apaciguar las aguas, el anuncio ha encendido los ánimos sindicales. Todos los sindicatos ven en este aplazamiento una maniobra para que el tema no influya en las elecciones municipales. “Quieren que las protestas no perjudiquen la campaña electoral para las municipales. Pero una vez pasadas las elecciones, les dará lo mismo”, acusa Carme Navarro, secretaria general de Sanidad de CCOO.

“Es una medida estrictamente política, ya que las direcciones generales de los hospitales siguen cerrando plantas y recortando presupuestos. Lo que temen es que las protestas influyan en los resultados electorales, especialmente en Barcelona, donde se ubican los grandes hospitales y donde CiU es la que tiene más a perder”, señala a El Confidencial Alberto Sancho, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) del Hospital Clínico.

La maniobra política se ve magnificada, en primer lugar, porque el consejero de Salud, Boi Ruiz, se había comprometido a presentar el plan de recortes antes del 22 de abril. Esta fecha se cambió luego por el 27 de abril, es decir, hoy. Pero con la campaña electoral encima, el Gobierno aleja los problemas y las protestas hasta después de las elecciones municipales.

El portavoz del Gobierno, Francesc Homs, detalló ayer que Ruiz había decidido aplicar medidas “de dos velocidades” para reformar “la eficiencia del sistema sanitario”. Por una parte, hay medidas que ya se están aplicando en algunos hospitales, como la mejora en la gestión de la farmacia o la simplificación de la estructura; y, por otra, habrá medidas de reorganización de los servicios asistenciales, lo que requerirá “profundizar en el diálogo” con los profesionales del sector.

Los sindicatos amenazan con endurecer las protestas

En CCOO, ya se olían el anuncio, porque el gerente del Hospital Trueta de Gerona ya había dejado caer en plena Semana Santa que el plan del Gobierno era muy sencillo: el tema tenía que diferirse. Se venderían los primeros recortes como reorganizaciones de la Semana Santa y, en función de la respuesta de los sindicatos, de las movilizaciones y del tono de las protestas, se valoraría más adelante qué hacer. “Esto parece un mercado persa. ¿Son necesarios los recortes o no? ¿Por qué no ponen un plan encima de la mesa y lo negociamos? Entendemos que el Gobierno no se arriesga y ahora, con el anuncio de aplazar el plan de recortes hasta después del 22 de mayo lo que quieren es desactivar las movilizaciones de los trabajadores. Pero una vez pase la campaña electoral, les dará lo mismo. Harán lo que quieren hacer, lo que pasa es que lo harán más tarde para no perjudicar a las elecciones”, afirma Carme Navarro.

Las protestas, sin embargo, seguirán en la calle. Los grandes hospitales barceloneses mantienen las concentraciones semanales de los miércoles y una gran manifestación para el 14 de mayo. “Pero si los recortes continúan por la senda que llevan, endureceremos nuestras reivindicaciones”, advierte Alberto Sancho. La CGT realizará también campaña para que los ciudadanos no voten a los grandes partidos en estas elecciones: CiU, PSC, PP, ERC e ICV.

Recortes en las empresas públicas

En las empresas públicas de la Generalitat también pintan bastos. El Gobierno tiene una intrincada red que suman más de 250 empresas, consorcios o fundaciones, con casi 50.000 trabajadores. Se trata de una estructura creada hace años por el Gobierno de Jordi Pujol para fomentar la agilidad de la Administración. Es decir, el objetivo era que esa estructura operase como la empresa privada, con una finalidad de servicio público pero sin las trabas burocráticas que ralentizan a la Administración. En ella, se encuentran empresas de los más diversos sectores, desde transportes hasta reinserción de presos o la promoción de suelo industrial.

“Nos preocupa la falta de criterio que tienen las empresas para recortar plantillas. La instrucción 1/2011 decía que había que recortar un 5% de las plantillas y un 6% de la masa salarial. Pero no da criterios de cómo se han de realizar esos recortes. Por eso, cada empresa va por libre y los realiza a su manera. De ahí nuestra preocupación por la falta de criterio. El Gobierno fue muy valiente para poner un porcentaje, pero también fue muy poco valiente para dar instrucciones sobre los criterios a seguir en esos recortes”, señala a este diario Xavier Casas, responsable del sector de la Generalitat de la UGT. Y pone como ejemplo que “en el Incasol [Instituto Catalán del Suelo] se han producido 22 despidos, incluso de fijos que llevaban 20 años en la empresa. Sin embargo, en la cúpula no sólo no se recorta nada sino que se ha seguido contratando. Es decir, no ha habido criterios económicos ni de justicia ni de nada. Lo que hacen es quitarse de en medio a los trabajadores incómodos”. Otras empresas donde también ha habido bajas de personal son Adigsa (la empresa de la vivienda pública) y el Instituto Cartográfico.

Casas también se queja de que “deberíamos tener un solo interlocutor, que podría ser el Departamento de Gobernación. Estamos intentando tener alguna reunión para tratar el tema. Pero las empresas van cada una por libre y el gobierno es incapaz de ejercer un control sobre ellas”. Lo que temen los sindicatos es que “este recorte no tiene final. Parece que estén troceando la Administración y, al final, las áreas empresarialmente atractivas, serán privatizadas”.