Condenan a un ayuntamiento a indemnizar a uno de sus policías al declararse insolvente su agresor

Curiosa sentencia para los más de 66.000 policías locales de España. El Ayuntamiento de Prado del Rey (Cádiz) deberá hacerse cargo de la indemnización a uno de sus agentes que fue agredido por un joven al que llamó la atención por no llevar mascarilla y que se declaró insolvente tras ser condenado. El Consistorio tendrá que abonar ahora los 399 euros solicitados tras negarse en un principio a hacerse cargo del abono de este importe.

La resolución del juzgado de los Contencioso-Administrativo de Jerez de la Frontera —con fecha 26 de marzo— es la conclusión de las acciones legales emprendidas hace poco más de un año por un agente municipal de Prado del Rey después de que el silencio administrativo fuese la respuesta recibida a su solicitud de que el Ayuntamiento asumiese responsabilidad patrimonial en una intervención.

El origen de todo se sitúa en el 20 de agosto de 2020, cuando estaban vigentes las restricciones por la pandemia. El policía observó a un grupo de jóvenes sin mascarilla que se acercó al coche patrulla "en actitud desafiante" y recriminándole que subiera la ventanilla cuando se aproximaban, según se recoge en la sentencia.

El agente se apeó del vehículo policial, momento en el que fue empujado por uno de los jóvenes, que seguidamente le agarró por el cuello. "¡Os vamos a matar hijos de puta cuando os veamos! ¡Quítate la ropa que te voy a matar! ¡Os vamos a pegar un tiro!", le espetó.

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Pablo Gabilondo

A raíz de la agresión, el policía local sufrió diversas lesiones —"herida inciso contusa en la región parietal izquierda" o "dolor a la flexión del giro del primer dedo de la mano derecha"— que precisaron siete días para su curación. Además, de que la pantalla de su teléfono móvil sufriera daños.

El autor del ataque fue condenado el 27 de agosto de ese año a abonar 210 euros por las lesiones provocadas. Una cantidad que se elevaría con el importe de la reparación del iPhone dañado. Aunque el proceso no iba a concluir con esa sentencia.

El acusado se declaró insolvente y el 15 de marzo de 2022 un juzgado de lo Penal le reconoció esta condición. Lo que dejaba al policía local una única vía para recibir la indemnización: exigírsela a su Ayuntamiento.

El agente basó su requerimiento en el "principio de indemnidad de los empleados públicos" pero la Administración local "se opuso" a la demanda planteada esgrimiendo una serie de argumentos. En primer lugar, que "la parte no identificó la acción que ejercita"; seguidamente, que los hechos se produjeron en 2020 y la reclamación se formuló dos años más tarde —el 6 de abril de 2022—; y por último, que "no existe en el convenio del personal, ni en acuerdo de mejora alguno, justificación para atender su reclamación".

La autoridad judicial rechazó los argumentos esgrimidos por el Consistorio y estimó en su integridad la reclamación del agente

Estas circunstancias llevaron al Consistorio a concluir que no tenía ninguna "responsabilidad patrimonial", sobre todo porque considera que la actuación policial que origina todo este proceso —el uso o no de la mascarilla en pandemia— "no era propia de la Policía Local".

El juzgado de los Contencioso-Administrativo de Jerez de la Frontera, no obstante, rechaza estos pretextos y estima "en su integridad" el recurso presentado por el agente contra el silencio administrativo del Ayuntamiento a su requerimiento. Decisión por la que condena a la Administración local y le impone que abone al demandante 399 euros "por los daños personales y perjuicios materiales que sufrió durante la actuación policial".

Contra esta decisión no se puede presentar recurso ordinario.