Liberan a 29 mujeres que rotaban por prostíbulos de Málaga tras ser captadas por una red

El control que sufrían era férreo y, si no acataban las condiciones del club de alterne, les imponían “un sistema de sanciones económicas muy riguroso”. Era el día a día de 29 mujeres explotadas sexualmente por una trama criminal desmantelada en Málaga por la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif). Una intervención que se ha saldado con la detención de 37 personas y actuaciones en prostíbulos y domicilios ubicados en distintos municipios de la provincia.

Según ha informado la Comisaría Provincial, el entramado obligaba a las víctimas a prostituirse en condiciones abusivas, sometiéndolas a un sistema de sanciones económicas muy riguroso ante supuestos incumplimientos de las condiciones internas de los clubes y, además, forzándolas a vender droga entre los clientes.

La Policía Nacional ha practicado siete registros en prostíbulos y domicilios de los principales investigados en las localidades malagueñas de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Coín, Pizarra y Málaga capital. En ellos se intervinieron 261.670 euros en efectivo, 30 gramos de MDMA, 15 gramos de cocaína, 114 dosis de vigorizantes sexuales, cinco vehículos de alta gama y una cartera de criptomonedas por valor de unos 100.000 euros. También se bloquearon cuentas bancarias y propiedades por valor de 2.500.000 euros.

La investigación de los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en Málaga se inició a partir de unas informaciones que apuntaban a la existencia de un grupo organizado que captaba mujeres de diferentes países que estaban en situación de vulnerabilidad con el fin de explotarlas laboral y sexualmente en clubes de alterne de la comarca del Valle del Guadalhorce.

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Las indagaciones revelaron que las víctimas, que residían en los propios prostíbulos, eran explotadas sexualmente en condiciones abusivas y estaban sujetas a una férrea disciplina dentro los mismos. Tenían que afrontar sanciones económicas por supuestos incumplimientos de las medidas de régimen interno de los clubes, en muchos casos relacionados con horarios o las citas con los clientes.

Las mujeres rotaban entre los clubes de la organización para evitar, especialmente, situaciones de confianza entre las trabajadoras y de estas con los clientes habituales.

Los responsables de la trama utilizaban un complejo entramado societario a partir del cual defraudaban dinero a las arcas públicas, no pagando, en algunos casos, la cuota de los trabajadores a la Seguridad Social; o, en otros, creando altas ficticias. De este modo, las diferentes compañías bajo investigación habrían alcanzado una deuda con la Seguridad Social que rondaría el millón de euros.

La operación finalizó con la detención de 37 personas por su presunta implicación en la trama, distinguiéndose entre las mismas desde encargados de tareas contables y gestión de los prostíbulos hasta una amplia red de colaboradores y consortes.

Se les imputan delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra la Hacienda pública, la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores, contra la salud pública, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.