Un cuarto de siglo esperando justicia: "Mi padre vive en la casa donde mató a mi madre"

Fue hace 24 años y entonces ni siquiera se contabilizó como violencia de género, pero en Algeciras (Cádiz) aún se recuerda el asesinato de Villa Estoril. En 1999, un hombre de 36 años, identificado como Fernando J. A. T., llevó a su mujer desde Tarifa hasta el piso de esta urbanización algecireña, donde la estranguló hasta quitarle la vida. Dejó a cuatro hijos huérfanos que, a día de hoy, siguen pidiendo justicia.

El asesino pasó 12 años en prisión, pero nunca cumplió la condena que le obligaba a indemnizar a sus hijos. El juez le obligó a pagar 30.000 euros a cada uno de ellos. Entonces tenían 13, ocho, seis y tres años, y hoy, tras una vida marcada por la violencia de género, han dado a conocer su caso en los medios para denunciar la burocracia a la que se enfrentan estas víctimas colaterales. Sienten "impotencia y rabia" y no entienden cómo, décadas después de lo ocurrido, su padre ha recuperado su vida sin cumplir parte de la condena. "Lo hacemos por justicia, no por el dinero. El dinero no va a bajar a mi madre", resume uno de ellos.

El asesino de Villa Estoril vive a día de hoy en la misma casa donde mató a su esposa. "Vivíamos en Bolonia, en Tarifa, y la llevó allí con la excusa de ir a hacer la compra. Le mintió para matarla y hoy está allí tan tranquilo", recuerdan sus hijos. Los pocos recuerdos de su infancia están marcados por la violencia, con años de amenazas y agresiones. El día del asesinato, su padre llevaba una lista en el bolsillo de su camisa con varios nombres de la familia materna: "Dijo que lo iba a hacer con todos".

Se declaró insolvente para evitar pagar la indemnización a sus hijos, que han crecido con su abuela materna. Tras el asesinato, perdieron el contacto para siempre, hasta hace unos años, cuando comprobaron que su padre había heredado varias propiedades, entre ellas la vivienda familiar donde residieron hasta el día del asesinato. "Nos pusimos en contacto para que nos la dejara a cambio de perdonar la indemnización, pero la malvendió por rebeldía", cuentan.

El padre malvendió la vivienda familiar y ha recuperado su vida sin cumplir la condena

En los últimos dos años, han recopilado pruebas de todas sus operaciones. El dinero que ganó por la venta de la finca familiar, que consta en el Registro de la Propiedad, no se ingresó en ninguna cuenta bancaria. Los hijos también han demostrado la compra de un vehículo, que acabaría siendo embargado tras denunciar la situación a través de un abogado de oficio. Un cuarto de siglo después de la muerte de su madre, esperan que sus bienes sean subastados para poder cobrar la indemnización.

Tras años intentando olvidar, los cuatro hijos decidieron denunciar con el objetivo de acabar con la sensación de impunidad. "Cuando quiere dar miedo, va diciendo por la calle que es el asesino de Villa Estoril. Me lo he encontrado varias veces por la calle, pero, con los nervios y la rabia que tengo, no me han salido las palabras. Para nosotros no existe", narraba una de sus hijas a Diario Área, el periódico local que ha dado a conocer el caso. Los hermanos se han propuesto que la abuela materna, ya en una edad muy avanzada, vea cómo "se hace justicia".

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Europa Press

El asesinato de Villa Estoril es un ejemplo del sufrimiento al que se ven expuesto los hijos de las mujeres asesinadas por sus parejas. Cada vez son más las comunidades que diseñan ayudas directas para los huérfanos por violencia de género. La última ha sido Andalucía, que ha aprobado esta misma semana una prestación económica de 5.000 euros anuales para todas las víctimas menores de 18 años. Desde que existen estadísticas oficiales, el número se eleva a 428 en el conjunto nacional, 87 en Andalucía.

La medida llega como respuesta a un duro informe del Defensor del Pueblo Andaluz, que instó a la Junta a implantar esta medida, además de un mayor acompañamiento a los menores. "Los familiares se encuentran desbordados por el dolor y el cúmulo de trámites burocráticos a realizar", reflejaba el documento entregado en el Parlamento andaluz el pasado mes de septiembre.