Multan al Cádiz por bloquear una inspección de Trabajo: "¿Queréis que pierdan el partido?"

El Cádiz Club de Fútbol tendrá que pagar 30.001 euros de multa por bloquear una inspección del Ministerio de Trabajo. Los hechos se remontan al 2 de marzo de 2022, cuando dos inspectoras acudieron a la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz para revisar los contratos del equipo técnico y les negaron el paso. "¿Qué queréis? ¿Que pierdan en partido del domingo?", llegó a espetarles el responsable de mantenimiento, según su versión "¿De qué equipo sois? Se nota que no sois del Cádiz". Las inspectoras le advirtieron de que podían pasar a cualquier centro de trabajo sin previo aviso, pero los responsables del club descartaron interrumpir el entrenamiento y les ofrecieron acceder a "una zona alejada del césped" para que los miembros del equipo técnico salieran uno por uno a responder a sus preguntas. Ambas se negaron.

La Audiencia Nacional explica el encontronazo en una sentencia del 18 de septiembre. Además del responsable de mantenimiento, las inspectoras lidiaron aquella mañana con el vigilante de seguridad: "Las actuantes insisten en la obligación de dejarles pasar, no atendiendo el vigilante a ninguna de las explicaciones". "Es más, se solicita su identificación, negándose también a ello, mostrando solo su placa de vigilante". La tensión fue en aumento hasta que apareció un miembro de la dirección deportiva en coche, quien se limitó a ofrecerles que se quedaran en una zona alejada y repitió los mismos argumentos: "Los entrenamientos no se pueden interrumpir". El Cádiz ganó el partido de aquel domingo contra el Rayo Vallecano, pero poco después, su "obstrucción a la labor inspectora" acabó en multa.

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El 8 de agosto de 2022, el jefe provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz extendió acta de infracción por la "falta muy grave" que recoge el real decreto sobre infracciones y sanciones en el orden social: "Las acciones u omisiones del empresario, sus representantes o personas de su ámbito organizativo, que tengan por objeto impedir la entrada o permanencia en el centro de trabajo de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y de los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, así como la negativa a identificarse". En este caso, el jefe provincial destacaba a su vez el volumen de negocio de la empresa que había incurrido en este bloqueo a la inspección y propuso una sanción de 72.000 euros. El Ministerio de Trabajo confirmó la multa el pasado 2 de febrero y el Cádiz puso rumbo a los tribunales.

En su recurso, los responsables del club cuestionaron el contenido del acta y pidieron que se citara al vigilante de seguridad y al miembro de la dirección deportiva. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional atendió esta solicitud, pero quitó peso a su versión de los hechos: "Se trata de testimonios prestados por personas directamente implicadas en los hechos", advirtieron los magistrados. "Y, en todo caso, tales testimonios no resultan sustancialmente divergentes del relato de hechos que se contiene en el acta, pues ambos coinciden en que las inspectoras actuantes se les dijo que no podían acceder al campo de entrenamiento mientras el mismo se estaba desarrollando".

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Pese a ello, el tribunal sí tuvo en cuenta que, tras el encontronazo del 2 de marzo, el Cádiz se mostró colaborador con la inspección. El 7 de marzo, les remitieron toda la documentación solicitada y apuntaron a que lo ocurrido respondía a "un error de coordinación", pues ya sabían que "la Inspección de Trabajo puede pasar y que no se les puede negar la entrada". Apenas un mes después, el 28 de abril, las inspectoras realizaron entonces una nueva visita a la ciudad deportiva y se les permitió la entrada para que identificaran y entrevistaran a los miembros del equipo técnico. "Debe tomarse en consideración que no se ha apreciado ánimo defraudatorio alguno en la conducta ni de ocultar eventuales lesiones que se estuviesen produciendo a los afectados con relación a sus derechos laborales o de seguridad social", concluyen los magistrados.

Al limitar lo ocurrido a "un exceso de celo", la Audiencia Nacional mantiene la multa por falta muy grave, pero la recude a 30.0001 euros: "Consideramos que, en el presente caso, la cifra de negocio de la empresa, aun tomando la que declara en el impuesto de sociedades, hace que la sanción deba cuantificarse en su grado medio, pues de imponer el mínimo, dados los recursos económicos de la sociedad sancionada, la multa quedaría privada de cualquier efecto disuasorio", advierte la sentencia.