Abengoa pide a la SEPI celeridad para estudiar su rescate

Es hora de tomar decisiones. Todas las cartas están ya sobre la mesa y no hay tiempo que perder para evitar la liquidación de Abengoa en uno de los mayores concurso de acreedores que ha habido en España. Ese es el mensaje fundamental que salió de la reunión que ayer mantuvieron en Madrid el presidente del consejo de administración, Juan Pablo López-Bravo, y el administrador concursal, Guillermo Ramos (EY) con responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En el último mes se han presentado dos ofertas no vinculantes por Abenewco 1, la filial operativa de Abengoa: la auspiciada por la actual dirección de la empresa (con el apoyo de los bancos acreedores), que lidera el fondo californiano TerraMar; y la presentada por los accionistas minoritarios, que han encabezado los hermanos Amodio (que controlan OHL a través de Caabsa). López-Bravo llegó a anunciar una posible tercera oferta que no llegó a producirse nunca.

Sin embargo, tras varias semanas en las que ambas ofertas han estado realizando una due diligence de las cuentas de Abengoa, solo una de ellas, la encabezada por la firma norteamericana TerraMar, ha dado un paso adelante y ha presentado su oferta en firme. Por su parte, la empresa familiar mexicana anunció esta semana que se retira de la puja tras analizar los datos de la auditoría que le ha realizado el despacho Pérez-Llorca. La decisión ha supuesto un golpe para los compañeros de viaje en esta oferta, EPI Holding, B.V. / Ultramar Energy Ltd., que junto con los accionistas agrupados en la plataforma Abengoashares, con Clemente Fernández a la cabeza, han intentado buscar contrarreloj otro socio alternativo.

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Lo cierto es que a día de hoy -y ayer las partes daban por casi cerrada la posibilidad de “nuevas sorpresas”-, la oferta que existe sobre la mesa es la de “un grupo de inversores” que no se han hecho públicos liderados por TerraMar, un proyecto que cuenta con el beneplácito de la actual dirección (y el respaldo de los bancos acreedores encabezados por Santander, Caixa y KKR) y que retoma, con ciertos matices, el Plan Vellocino o Plan Urquijo, que fue aprobado hace casi un año, en agosto de 2020, y que consistía en traspasar todos los activos y operativa de Abengoa a su filial Abenewco y sacrificar a la empresa matriz para salvar al resto del grupo.

Este plan siempre ha contado con la negativa de los socios minoritarios de Abengoa, que consideran que son los grandes perjudicados del plan al diluirse su participación y perder el valor de sus acciones. Hasta 3.259 accionistas han sindicado sus acciones, agrupados en la plataforma AbengoaShares, y han elevado su participación en el grupo hasta el 21,4% de los derechos de voto. Sin embargo, uno de los mayores escollos actuales para el futuro de Abengoa es que la oferta de TerraMar (también la oferta ahora retirada por los Amodío) está vinculada a un rescate del Gobierno a través de la SEPI que a día de hoy sigue en el aire.

La oferta consistiría en proporcionar 150 M de euros en forma de préstamo y 50 M de euros en forma de aportación de capital

En concreto, la oferta consistiría en proporcionar 150 millones de euros en forma de préstamo y 50 millones de euros en forma de aportación de capital a Abeniewco 1. El préstamo de 150 millones de euros se dividiría en dos desembolsos, uno inicial de 35 millones de euros que dotaría a Abenewco 1 de liquidez en el corto plazo, y 115 millones de euros adicionales que estarían sujetos a la aprobación de las ayudas públicas. Una vez cumplidas las condiciones precedentes, Abenewco 1 realizaría una ampliación de capital que subscribiría TerraMar por un importe de 50 millones de euros, con el objetivo de llegar a ostentar el 70% del capital social de Abenewco 1.

Dicha oferta de financiación e inversión está condicionada, entre otras cosas, a la aportación de 249 millones de euros por parte de la SEPI y a que las instituciones financieras de relación de la compañía aporten nuevas líneas de avales en un importe hasta 300 millones de euros, en línea con los acuerdos firmados y anunciados en agosto 2020, parte de los cuales se concederán de forma interina.

En concreto, el rescate de SEPI se trata de unas ayudas con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, regulado en el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y del empleo. Se trata de la cantidad máxima que la firma puede pedir a esta entidad dependiente del Gobierno sin necesidad de la aprobación de las autoridades europeas.

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Abengoa pidió a mediados de marzo su rescate, pero lo cierto es que los avances no han ido a la velocidad deseada por la empresa, que recuerda que los técnicos del Gobierno ya avalaron en agosto la “elegibilidad de la empresa” para acogerse a sus ayudas. Ahora, desde SEPI podrán acogerse a esos informes y profundizar en algunas cuestiones como los criterios de viabilidad y analizar el plan de negocio para concluir que la compañía tiene potencial para seguir y devolver las ayudas.

El plazo estándar para la decisión puede alargarse hasta seis meses, pero Abengoa ha presentado trámite de urgencia, lo que reduce los plazos a la mitad, por lo que debería estar resuelta en junio.

Sin embargo, la sociedad del Gobierno no ha movido ficha hasta la fecha por varios motivos, algunos internos y otros externos. Con respecto a los primeros, la SEPI nombró a final de marzo a una nueva presidenta, Belén Gualda, procedente de Navantia, que nada más aterrizar en su cargo se ha encontrado con el escándalo público que ha supuesto el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra, con solo cuatro aviones y una única ruta con Venezuela, a la que se ha entregado 53 millones de euros.

Tras esta situación, la atención mediática se ha centrado sobre este organismo, que no se puede permitir un nuevo resbalón como el que podría suponer dar 249 millones a un fondo norteamericano para que se haga con Abengoa si no garantiza el futuro de su actividad y empleos. Por otra parte, la SEPI ha tenido el argumento perfecto para no actuar en la multinacional sevillana a la espera de que se confirmaran las ofertas anunciadas por Abengoa, así como a la espera de que hiciera públicas sus cuentas de 2019 y 2020.

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Agencias

En estos momentos, la firma de ingeniería sevillana está pasando por importantes problemas de liquidez y está dilatando los plazos de pagos a la espera de la posible llegada de fondos. Ayer viernes vencía de nuevo la dispensa que los proveedores comerciales de Abenewco habían aprobado para que les abonaran 323 millones de deuda vencida. Además, a final de mes, la empresa debe pagar a los bonistas otros 169 millones de euros. La situación es tal que la dirección de la empresa ha reconocido a los sindicatos que no pueden garantizar el pago de las nóminas de los trabajadores de este mes. Una parte de la plantilla se volvió concentrar este pasado jueves ante la sede central de Palmas Altas para reclamar una solución definitiva.

Además, anunciaron una gran manifestación que se celebrará el próximo jueves 27 de mayo y que transcurrirá por todo el centro de Sevilla desde el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía -a la que acusan de no implicarse en la salvación de Abengoa- hasta el Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento autonómico.

La deuda global del grupo Abengoa supera los 6.000 millones de euros, lo que supone un enorme lastre para una empresa que, sin embargo, todas las partes consideran que tiene un futuro viable y en progresión por el sector al que se dedica y por sus conocimientos tras 80 años de historia –nació en 1941–. La compañía está presente en 17 países y cuenta en estos momentos con 14.000 empleados en todo el mundo, de los que más de 2.500 trabajan en España –el 80% en Andalucía, incluidos los 1.100 en su sede central de Palmas Altas (Sevilla)–.