El eslabón débil de la educación pública: los monitores escolares se quedan en la calle

Son técnicos de integración social. Atienden a los niños con necesidades educativas especiales. Justo este viernes, 13 de marzo, iban a empezar a ver reconocida su categoría laboral, lo que iba a suponerles pasar de ser auxiliares a técnicos y contar con un incremento de unos 200 euros, en una nómina que sigue lejos de la de otros compañeros de educación. Sin embargo, después de haber conseguido esa mejora tras más de seis años de lucha contra unas condiciones de trabajo muy deficitarias, no van a poder celebrarlo. Todo lo contrario. El coronavirus y el cierre impuesto de los centros educativos los arrasa.

Iban a empezar a negociar no ser despedidos en verano, porque cuentan con resoluciones en las que la Junta admite que son “personal estructural” en los centros docentes, y se ven en la calle. El Gobierno andaluz comunicó alarmado que había tenido constancia de 120 ERTE de empresas presentados en solo la mañana del lunes. Muchos de esos despidos temporales estaban empujados por las decisiones de la propia Junta resolviendo contratos públicos.

Mensaje de Hacienda

Ante la magnitud del problema, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, colgó a última hora de este lunes un vídeo en redes sociales con un mensaje de apoyo a las empresas y una comunicación firme para las empresas que prestan servicios a la Junta, de limpieza, mantenimiento, vigilancia, seguridad... “Aunque hemos decretado el cierre de la Junta y estamos prácticamente con servicios mínimos, quiero que estos trabajadores sepan que la Junta va a seguir pagando a sus empresas para asegurar sus empleos”, señaló Moreno. Muchas de esas empresas ya se habían apresurado a presentar sus planes de extinción de contratos. Si quieren cobrar, deberán acreditar la permanencia de las plantillas.

María José Alanís es personal técnico de integración social. Un colectivo de unas 1.400 personas en Andalucía que trabajan en los colegios públicos con escolares con necesidades educativas especiales. Este lunes por la mañana, pese a que la empresa que la contrata, Fundación Samu, les había comunicado por videoconferencia un ERTE al recibir una comunicación oficial de la Junta suspendiendo los contratos de estos servicios, se dedicó a estar en contacto con los padres de sus alumnos para enseñarles rutinas, actividades y hacer más llevadero lo que tienen por delante. Son niños que en la mayoría de los casos, cuenta, tienen “muchísima ansiedad” y “perder su persona de referencia, sus rutinas, les puede llevar a retroceder en años lo que han conseguido”.

Contratos suspendidos

El Gobierno andaluz salió a aclarar por su consejero de Hacienda, Juan Bravo, que la Junta de Andalucía “no va a suspender pagos a las empresas que presenten servicios” a la Administración autonómica. No es eso lo que dice un comunicado de la Agencia Pública Andaluza de Educación, reenviado por las empresas que han anunciado ERTE a sus trabajadores para explicar la suspensión de sus contratos. Se acuerda “la suspensión de los contratos vigentes” por los que prestan los servicios de transporte escolar, comedores, programas de refuerzo educativo, apoyo al alumnado de necesidades educativas especiales, servicio de interpretación y servicios complementarios en escuelas infantiles. Un colectivo de miles de personas que ya de por sí suelen tener contratos precarios.

María José lamenta que después de 12 años trabajando, en cada oportunidad se haga aún más precario a este personal de la educación. “Mi marido es autónomo. Aún está recuperándose de la crisis de 2008. Mi sueldo es indispensable. Tengo dos hijas estudiando. Ya nos costaba salir adelante cuando nos suspendían los contratos los meses de verano, ahora ya no quiero ni pensarlo”, cuenta.

Otra compañera, Elisabeth Carro, también técnica en integración social, lamenta que este mes vayan a cobrar solo los 13 días trabajados y que además les hayan anunciado que se quedan en la calle. “Me quitan mi sustento y el de mi hijo”. El salario que cobran es de 718 euros al mes. Ella es portavoz del comité de Petis (Personal Técnico de Integración) y aunque ya están cansadas de tanta lucha, no piensan tirar la toalla. Está casada y con un hijo, y lleva tres años trabajando en un colegio.

La crisis del coronavirus se ha cebado con este personal de la enseñanza. Hay otras empresas de comedores escolares o transportes que también han trasladado a sus trabajadores que estén preparados para lo peor. La empresa Baladre, en San Fernando, o Trans de Aula Matinal, de Málaga, también han remitido comunicados de ERTE a su plantilla. Hay muchos más ejemplos. Aseguran que no pueden seguir si la Junta suspende los contratos, como les han comunicado. El colectivo reúne miles de afectados. Es incalculable un número cierto, porque son muchos pliegos de licitaciones públicas y muchos contratos de corta duración. La estadística oficial de la Consejería de Educación no ofrece ese dato.

El consejero de Hacienda de la Junta, tras destaparse lo que estaba ocurriendo, aseguró que “no se suspenden pagos a empresas” y que su cartera se encargará de dar orden de seguir pagando estos contratos públicos en todas las áreas del Gobierno. Educación, pese a la contundencia del escrito de la agencia pública, asegura que se trata de un trámite, “porque jurídicamente la Administración no puede seguir pagando a una empresa que ya no da servicio”. Como sea, deben aclararlo por escrito cuanto antes, porque hay decenas de empresas que ya han presentado sus expedientes de suspensión de actividad ante el Ministerio de Trabajo tras comunicar la Junta de Andalucía la resolución de los contratos. La medida tiene que ser liderada por Hacienda. El personal de los colegios que está subcontratado tiene un hilo de esperanza, pero siguen sin fiarse del todo.