La sentencia de los ERE no se conocerá hasta después del 10-N: prórroga de 15 días

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha comunicado que el juez Juan Antonio Calle, al frente de la pieza política de los ERE, tendrá quince días más de exclusividad para terminar la sentencia que afectará a más de 20 exaltos cargos socialistas, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La sala de gobierno del TSJA concede quince días adicionales de dedicación exclusiva al magistrado. Calle, tal y como pidió al alto tribunal, estará liberado de otros asuntos para poner punto y final a una sentencia que es muy compleja y delimitará la responsabilidad penal de los políticos en el diseño de un sistema que permitió un fraude millonario con las ayudas a los desempleados en Andalucía.

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Y ahora, la sentencia de los ERE

Javier Caraballo

Según el propio magistrado, la sentencia de los ERE -un caso político que sacudió los cimientos del PSOE andaluz- está en fase de "confección informática". "Están completados actualmente más de 50 archivos, redactados con carácter individual, donde se recogen diferentes hechos probados y fundamentos de derecho", comunicó el juez a la sala para pedir esa prórroga. La sentencia, avanza, tendrá "más de 1.700 folios" y aún queda además "su revisión completa".

Antes de convocarse las elecciones del próximo 10 de noviembre, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, consideró que el fallo de los ERE tendría que estar listo alrededor del 26 de octubre y confió en que para esa fecha estuviera lista la sentencia. Una vez convocada la repetición electoral, fuentes judiciales ya advirtieron de que no sería razonable dar esa sentencia en campaña y apelaron a la regla no escrita de no interferir en los procesos electorales desde el poder judicial.

El hecho de que la exclusividad termine en 15 días no significa, informan fuentes judiciales, que la sentencia esté entonces, lo que remitiría justo al final de la campaña, sino que puede ser que el juez continúe algún tiempo más perfilando el fallo e incorporado a sus tareas habituales. "Solo él sabe cómo terminará esta última fase", señalan.

En el PSOE existía preocupación porque tras la sentencia del 'procés', emitida por el Supremo en la antesala de la campaña, se diera a conocer también la de los ERE, cosa que finalmente no ocurrirá. Ninguno de los exaltos cargos juzgados pertenecen al PSOE, todos se dieron de baja, ni ocupan cargo público. Los expresidentes Chaves y Griñán renunciaron a sus actas en el Congreso y el Senado, respectivamente, antes de ser procesados de forma firme. Así se lo pidió la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que anticipó la renuncia a lo que decían los estatutos del partido y el código ético, que fijan la renuncia al momento en que se abra juicio oral.

El caso de los ERE es una macrocausa que analiza una partida del Presupuesto andaluz durante una década, desde 2001 a 2010, en concreto la partida 31.L que sumó más de 850 millones de euros de fondos públicos que se destinaron a empleados en Expedientes de Regulación de Empleo y empresas en crisis. Actualmente hay más de 6.000 prejubilados que siguen cobrando una ayuda de este fondo.

La llamada pieza política, la primera que se sometió a juicio y que sienta en el banquillo a la cúpula del PSOE y el Gobierno andaluz durante una década, analiza si ese sistema creado para repartir esas ayudas se ajustaba a la ley o era intencionadamente laxo en los controles para permitir beneficiar a afines a los socialistas. Si se concibió o no permitiendo la arbitrariedad y el descontrol de forma intencionada. Si el sistema era o no legal al margen de las irregularidades que pudieran cometerse en su ejecución. Hay otro centenar de piezas abiertas, de cada ERE subvencionado y ayuda concedida, que juzgará las irregularidades concretas, como intrusos en los expedientes o sobrecomisiones a las aseguradoras.

El juicio, que se alargó durante más de un año y 152 sesiones, culminó el pasado diciembre. Algunos acusados afrontan posibles penas de hasta 8 años de cárcel por prevaricación y malversación. Son juzgados los responsables de Empleo, Hacienda, innovación y Presidencia, con un total de 21 acusados.