choque en el gobierno

Andalucía se levanta en armas para defender la venta de corbetas a Arabia Saudí

Comercio desvelará su posición oficial este viernes en el Congreso tras fuertes roces internos. Una parte pide al presidente que desautorice el anuncio de la ministra de Defensa

Foto: Astilleros de Navantia en la localidad gaditana de San Fernando. (EFE)
Astilleros de Navantia en la localidad gaditana de San Fernando. (EFE)

El Gobierno andaluz montó en cólera días atrás cuando oyó que la ministra de Defensa, Margarita Robles, paraba la venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí. Nadie les había informado previamente de esa decisión. También cundió el pánico en la plantilla de Navantia San Fernando, que, tras años muy negros en los astilleros gaditanos, recibió a principios de julio como una tabla de salvación la confirmación del contrato de cinco corbetas para la armada de Arabia Saudí.

El departamento de Margarita Robles confirmó punto por punto la información adelantada por la SER, el pasado lunes, sobre la paralización de la venta de 400 bombas de precisión para bombardear Yemen. Defensa anunció que devolvería los 9,2 millones de euros abonados por este material.

La ministra de Defensa, Margarita Robles. (EFE)
La ministra de Defensa, Margarita Robles. (EFE)

El ministerio de Robles mantiene ese anuncio, pero deja los detalles en manos de Industria. Se espera que este viernes se aclare la posición oficial del Gobierno de Sánchez respecto a la venta de armas y la relación con Arabia Saudí. La cita es en el Congreso, donde la secretaria de Estado de Comercio presentará el informe anual de 2017 sobre exportaciones del Ministerio de Defensa, informará sobre la revocación del contrato en el conflicto de Yemen y sobre si va a haber algún cambio de la política de exportación.

Comercio presentará hoy en el Congreso el informe anual de exportaciones de Defensa, y fuentes del Gobierno confían en que desautorice a la ministra

Hasta que el Gobierno no fije oficialmente su posición, hay dudas y un choque de trenes entre Defensa e Industria. Fuentes cercanas a la ministra Robles insistían en que la suspensión de la venta de bombas a Arabia Saudí es irrevocable, mientras que otras fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez aseguraban que “lo de Defensa no se sostiene” y garantizaban que no habrá cambios en la venta de armas y material de guerra. Navantia llamaba a la calma en la antesala de esta comparecencia.

Para Podemos no hay 'casus belli'

Podemos, por su parte, no pone énfasis en que se pare la venta de armas a Arabia Saudí como una condición irrenunciable en sus negociaciones con el PSOE. En otra etapa sí hizo mucho ruido con este asunto. Desde el equipo de Pablo Iglesias aseguraban que este tema ni siquiera ha llegado a la mesa y no pusieron tampoco especial énfasis. Hay que recordar que el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, se plantó ante su partido y no se opuso a las negociaciones con Arabia Saudí, anteponiendo los intereses laborales de la bahía gaditana, una comarca azotada por el paro y víctima de sucesivas reconversiones industriales.

También el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, se plantó frente a su partido y antepuso la carga de trabajo a las exigencias de Podemos. Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón enviaron una carta abierta a la compañía pública española Navantia para exigir que se frene la venta de esas cinco fragatas.

“Es un gran error por parte del Gobierno. Un error garrafal. Ya sabemos cómo es la cultura árabe y cómo ha sido de dura la negociación para lograr los contratos de las corbetas. Son de ‘o conmigo o contra mí”, advierte desde Cádiz el presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando, Jesús Peralta. Desde que se conoció la suspensión de la venta de armas la plantilla, asegura, vive acongojada y cada día son muchos compañeros los que proponen salir a la calle y preguntan qué va a pasar exactamente.

Los trabajadores de Navantia San Fernando preparan ya movilizaciones pese a que la empresa les ha pedido "calma" y "prudencia"

El contrato firmado para la construcción de cinco corbetas en los astilleros gaditanos se formalizó el pasado 12 de julio y fue celebrado con júbilo por el Gobierno de Susana Díaz. Navantia ensalzó una operación que alcanza un importe de 1.800 millones de euros y que representa “la mayor de la historia” de los astilleros públicos españoles con un cliente extranjero. Fuentes oficiales de la empresa aseguraron a El Confidencial que Navantia "no ha constatado ninguna novedad" y que "los trabajos preparatorios de las cinco corbetas siguen ejecutándose con absoluta normalidad". Arabia Saudí no ha emitido ninguna señal ni mensaje tras el anuncio de Defensa días atrás.

El contrato se estaba negociando desde 2015 y supondrá unos 6.000 empleos al año hasta 2020. En octubre, según los responsables del comité de empresa, es cuando el contrato entra oficialmente en vigor tras su firma en julio. Ahora mismo ya hay trabajos de ingeniería en marcha. La construcción del primer barco comenzará a finales de diciembre o principios de enero, asegura el portavoz del comité de empresa.

La palabra de Susana Díaz

Eso sí, advierte Peralta, “el anuncio de Defensa no da al traste con este contrato”. El portavoz de los trabajadores lanza un aviso contundente: “En el momento en que veamos que hay algún peligro para nuestro empleo, saldremos a la calle”. Desde el comité de empresa admiten que han tenido contactos oficiosos con responsables de Navantia que les piden “calma” y “prudencia”. El presidente del comité de empresa también conversó con el vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios. Los trabajadores aseguran que el vicepresidente andaluz les reclamó que no sembraran “alarma” y les garantizó que el Gobierno de Susana Díaz está haciendo todo lo posible para que no se pongan en peligro estos contratos con Arabia Saudí.

Un par de días antes de que Navantia anunciara la firma del gran contrato, Susana Díaz recibió en San Telmo a representantes de los trabajadores y se comprometió a interceder ante el Gobierno central para que se atendieran las demandas de los astilleros de Puerto Real y se garantizaran los contratos negociados por el anterior Ejecutivo del PP.

Los nombramientos desde Hacienda, con andaluces en puestos clave de SEPI y Navantia, mandaron un mensaje tranquilizador a la Junta que se quiebra

El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es Vicente Fernández Guerrero, que fue interventor delegado de la Junta de Andalucía, alto cargo en varios gobiernos andaluces y responsable de varias empresas públicas autonómicas. Fue un nombramiento directo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y en las filas del Gobierno andaluz se entendió como un guiño. La designación después de Susana Sarriá como presidenta de Navantia dio aún más garantías en las filas de Susana Díaz de que se blindaría la carga de trabajo para los astilleros de Cádiz. Sarriá también fue alto cargo en la Junta y conoce de primera mano la bBahía gaditana. Todo eran señales de que habría especial mimo con los contratos gaditanos, hasta que el Ministerio de Defensa hizo su anuncio.

“No es un revés solo para nosotros sino para cientos de empresas andaluzas y españolas que tienen intereses comerciales en Arabia Saudí. Son muchos puestos de trabajo los que están poniendo en juego por agradar a sus socios”, sostiene el portavoz de los trabajadores de Navantia, en alusión al PSOE de Pedro Sánchez y Podemos.

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