DENUNCIA JUDICIAL

Exigen a la Junta retirar el amianto en 200 colegios e institutos de Andalucía

La Comunidad Valenciana ya ha decidido quitar todas las instalaciones de uralita en sus centros educativos. Una plataforma pide que se movilicen profesores, padres y alumnos

Foto: La Plataforma Málaga Amianto Cero calcula que hasta 239 centros educativos de la provincia pueden tener amianto instalado.
La Plataforma Málaga Amianto Cero calcula que hasta 239 centros educativos de la provincia "pueden tener amianto instalado".

El amianto. El Parlamento Europeo lo declaró en 1978 elemento cancerígeno laboral. España desoyó en 1984 las peticiones de los médicos para que se prohibiera su utilización industrial tras detectar numerosos casos de cáncer en la década de los setenta. La prohibición no llegó hasta 2002. Pero, 14 años después, el amianto continúa minando la salud de las personas en este país. La Plataforma Amianto Cero calcula que podría causar 100.000 muertes en los próximos años en España.

En Andalucía, una denuncia presentada el pasado viernes por José Cosín, letrado del despacho de abogados Martínez Echevarría, exige a la Junta de Andalucía la retirada del amianto en 200 colegios e institutos de la comunidad autónoma, “en un plazo efectivo inferior a dos años”. La Comunidad Valenciana ya ha decidido quitar todas las instalaciones con amianto de los centros educativos de esta región.

En otro escrito presentado por Cosín ante la Oficina Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, se demanda un plan nacional para excluir de todos los edificios públicos las instalaciones de amianto, “previendo las sanciones contra las administraciones públicas competentes para ejecutar la retirada en el caso de que incumplan”, según el documento al que ha tenido acceso El Confidencial.

El Supremo avaló las indemnizaciones a tres mujeres de trabajadores de Uralita por daños al manipular y lavar ropa con amianto

Ya hay varias sentencias que resaltan los efectos nocivos del amianto. El Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid ha condenado a Uralita a pagar indemnizaciones por un total de 300.000 euros por la muerte de cuatro mujeres que inhalaron amianto de las ropas de sus esposos, trabajadores de la factoría de esta empresa en Getafe (Madrid).

El Tribunal Supremo avaló solo las indemnizaciones a tres mujeres de trabajadores de Uralita por daños al manipular y lavar ropa con amianto, mientras que, estimando parcialmente un recurso de la empresa, ha declarado la incompetencia de la jurisdicción civil para otra veintena de casos. Las tres indemnizaciones avaladas ascienden a 28.755 euros para Alfonsa Chamorro, 12.218 euros para Saturnina Pingarrón y unos 109.000 euros a los herederos de Esperanza Alonso, tres amas de casa "sin relación contractual" con la empresa y que, por tanto, no pueden acudir a otra vía para reclamar estos daños.

Sentencias del Supremo

El juzgado de lo social número 8 de Bilbao también condenó a Izar Construcciones Navales a indemnizar en concepto de daños y perjuicios con 194.794,06 euros a un empleado de 61 años al que se le reconoció una “incapacidad absoluta” por padecer “asbestosis con engrosamiento y placas pleurales calcificadas y síndrome restrictivo severo por amianto”. El Tribunal Supremo confirmó una sentencia dictada por el Juzgado de Valencia contra Unión Naval y su mutua, declarando al demandante en situación de incapacidad permanente total con derecho a la pensión. En total, se pagaron 20 millones de euros en indemnizaciones.

"Es caro quitar el amianto. Lo elaboran empresas y personal especializado; hay que hacerlo de forma segura y que luego no se arroje a un vertedero"

“Esta lucha viene de largo, desde hace ocho años”, explica a El Confidencial Francisco Puche, representante de la Plataforma Málaga Amianto Cero. “Nuestra tarea más central es intentar eliminar el amianto de los colegios de la provincia. Estamos pidiendo que los profesores, padres y alumnos se movilicen. Si fuera así, esto se resolvía en pocos años”, explica Puche.

La intención de esta plataforma, capitaneada entre otros movimientos por Ecologistas en Acción, es elaborar un inventariado de los centros afectados y un calendario de actuaciones. “Es caro quitar el amianto. Lo elaboran empresas y personal especializado con trajes desechables y completamente protegidos; hay que hacerlo de forma segura y que luego no se arroje a un vertedero”.

La Plataforma Málaga Amianto Cero calcula que el 32,87% de los centros educativos de la provincia de Málaga "puede tener amianto instalado"

Puche insiste en la necesidad de “actuar de forma inmediata, pero segura, en las situaciones que puedan ser potencialmente más peligrosas”. “Si es posible”, añade, “acometer la retirada del amianto en el verano, ya que si entraña peligro instalado, más peligroso es si se elimina con el alumnado y profesorado en el centro educativo”.

La plataforma calcula que el 32,87% de los centros educativos de la provincia de Málaga “puede tener amianto instalado”. “En términos absolutos, podemos estar hablando de hasta 239 centros educativos. Este sondeo, hasta la fecha, es el único que se ha realizado. Por lo tanto, esta alarmante cifra solo podrá ser cuestionada con un estudio en profundidad realizado por técnicos especializados y no con vanas retóricas”, apunta Puche.

Andalucía

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