duro informe del defensor del pueblo andaluz

Andalucía dejó de pagar sus ayudas del programa contra la exclusión hace un año

El defensor del pueblo alerta de que se han disparado las quejas un 300% y hay 41.000 solicitudes de ayudas sociales pendientes de pago. Teme que haya un colapso en 2015

Foto: Fotografía facilitada por la Junta de Andalucía del defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu. (EFE)
Fotografía facilitada por la Junta de Andalucía del defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu. (EFE)
“Dolor, desesperanza, indignación e impotencia” en las quejas de los ciudadanos en 2014. El defensor del pueblo andaluz avisa de que “aunque la situación económica experimente una progresiva mejoría, las consecuencias de la crisis seguirán dejándose sentir durante muchos años” en Andalucía. La realidad es mucho más cruda que los números. La optimista evolución de los datos macroeconómicos en 2014 “tardará bastante tiempo en trasladarse a los hogares”. Como ejemplo, el número de demandas en relación con los llamados programas de solidaridad puestos en marcha por la Junta de Andalucía se han disparado un 300%.

Las quejas recibidas por esta institución, que ha entregado su informe en el Parlamento andaluz, señalan datos “desgarradores” con un incremento del número de familias que no pueden hacer frente a los gastos básicos y tampoco pueden acceder a otro tipo de prestaciones o no se les conceden en el momento que más las necesitan. El defensor reprende duramente a la Administración autonómica por el retraso en el reconocimiento y concesión de las ayudas sociales, que cifra en 11 meses, a pesar de que en disposiciones normativas recientes se acorta el plazo de resolución a dos meses, según fija el decreto-ley aprobado de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social.

La institución alerta de un posible colapso en estas ayudas en 2015 por retrasos e impagos anteriores. Según la investigación abierta por el defensor y con datos de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, a partir de finales de febrero de 2014 las solicitudes de ayudas sociales presentadas en las Delegaciones provinciales de la Consejería “dejaron de aprobarse y pagarse por haberse agotado el presupuesto asignado para el año”. En 2013 se concedieron 55.711 solicitudes del programa de solidaridad, entre las que se incluyen tanto solicitudes presentadas en ese mismo ejercicio como las pendientes de 2012. En el primer cuatrimestre del año 2014 se incluyeron íntegramente las del expediente de 2013, habiendo sido concedidas en ese periodo 11.195 solicitudes, con un importe comprometido de 37,2 millones euros, cuando el presupuesto para ese año era 90,6 millones. “Preocupa, por tanto, lo que pueda ocurrir en el ejercicio económico del 2015, ya que en el 2014 se presentaron 62.758, de las que se han concedido 8.718, denegado 4.724 y archivadas 7.916, quedando pendientes de resolver 41.400”, avisa el defensor. Se alerta, además, de la falta de justificación y motivación en muchas de las solicitudes que son rechazadas por la Junta.

2014 consolidó la brecha entre hogares ricos y pobres en la comunidad andaluza. El número de hogares con todos sus miembros en paro cae de forma muy ligera y sigue situado en 1,7 millones. El informe anual del defensor andaluz habla de 2014 como “el año de las ambivalencias y las realidades contrapuestas”, “entre la desolación de comprobar cómo han empeorado los datos que reflejan la cruda realidad cotidiana de los más desfavorecidos y la alegría ilusionada de ver que por fin remontan las tasas de empleo”. El defensor exige una renta básica y la regulación de la garantía de suministros como luz y agua.

La institución ha sumado un total de 18.689 actuaciones en 2014, el 53% tienen que ver con educación, servicios sociales y vivienda. Este último es otro de los apartados en los que el Gobierno andaluz recibe un serio aviso. El defensor exige a la Junta que apruebe de una vez el Plan de Vivienda, “de urgente y vital importancia”, avisando de los graves efectos de su “dilación”. Reclama al Gobierno andaluz que no abandone las viviendas sociales, que apruebe planes anuales de inspección sobre el parque público y que controle los pisos de VPO vacíos en manos de promotores y bancos, entre otras medidas.

Susana Díaz participa en un acto sectorial de salud. (EFE)
Susana Díaz participa en un acto sectorial de salud. (EFE)

El informe anual alerta del “retroceso” en la educación y la sanidad públicas en Andalucía, a pesar de que desde el Gobierno se insista en que no ha habido recortes. Los ajustes en el empleo público, recoge el defensor, la falta de sustituciones de docentes, del aumento de las ratios escolares, la disminución de jornada y sueldo de los profesionales sanitarios o la tasa mínima de reposición convierten los compromisos de que no habría recortes en “promesas huecas”. Especialmente duro se muestra con lo ocurrido en el Servicio Andaluz de Salud, donde advierte de la precarización de su plantilla y del abuso de nombramientos a tiempo parcial. Considera que aunque esta práctica es legal, la generalización de este tipo de nombramientos permite hablar de “un fraude de ley, una rebaja encubierta de salarios y un ataque frontal a la profesión médica y, por tanto, al corazón del propio sistema sanitario público andaluz”.

La radiografía que arroja el defensor sobre 2014 sitúa también en la primera línea de las preocupaciones ciudadanas el recorte de las subvenciones públicas o la demora en el pago a proveedores desde la Junta, con avisos sin respuesta a la Consejería de Hacienda. En el apartado de dependencia también se acumulan un número importante de demandas. Se alerta especialmente del retraso en los pagos a cuidadores familiares con carácter retroactivo y de una bolsa sin cuantificar por la Administración de herederos de dependientes fallecidos a los que aún adeuda las ayudas. Los retrasos se han ido solapando en los últimos años sin una respuesta eficaz, advierte el informe.

Destaca además el informe del defensor las 125.000 quejas ciudadanas tramitadas por la matriculación por parte de la Iglesia de la Mezquita de Córdoba o la falta de presupuesto para la conservación del patrimonio en Andalucía. La justicia se lleva también un parte significativa de las quejas gestionadas, destacando el “colapso gravísimo” en los juzgados de lo social y lo mercantil. Toda una radiografía de los desvelos en los andaluces el año pasado que, una vez más, demuestra la lejanía entre los discursos de políticos y Administraciones y la realidad de la calle.

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