La burocracia del Supremo tiene libres a los ‘malayos’ un año después de la sentencia

Los ‘malayos’ volverán a comer el turrón este año en sus hogares y no en la cárcel. La sentencia del juicio del caso Malaya contra la mayor trama de corrupción conocida en España no se hará firme hasta el 2015. Los cientos de páginas de hechos probados y fundamentos jurídicos superan los cinco mil folios y los recursos “son inmensos”.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aduce que ha prorrogado el plazo para dictar la sentencia hasta el 31 de enero de 2015 debido al "volumen y la complejidad" de la causa. Pero, según uno de los abogados personado en la causa, Antonio Urdiales, los verdaderos motivos son “las cuestiones de acoplamiento y reparto de trabajo en el Tribunal ante la jubilación del presidente de la sala, Juan Saavedra Ruiz. Es por eso que una sentencia que se esperaba para septiembre tendrá que esperar al año que viene”.

El magistrado, cuyo sucesor es Manuel Marchena, presidía la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde 2005 y también se ha encargado de la sala encargada de juzgar a los diputados, senadores y miembros del Gobierno, en su calidad de aforados. Según el letrado Urdiales, “no habrá sorpresas en las providencias que dicten, eso ya lo tenemos claro los abogados”.

La Sala de lo Penal fijó varias sesiones el pasado julio para escuchar al medio centenar de partes, entre ellas la Fiscalía, la Junta de Andalucía y la Abogacía del Estado, que recurrieron la sentencia contra la trama de corrupción afincada en Marbella. El volumen de abogados –más de cuarenta– y de público, obligó a celebrar la vista en el Salón de Plenos, más amplio que en el que habitualmente tienen lugar este tipo de sesiones.

“Se van a quedar las penas como estaban”

La Fiscalía sigue criticando la ‘blandura’ y el ‘buenismo’ de la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga y mantiene que “es difícil encontrar otro caso en el que se hayan echado al bolsillo tales cantidades”. Aunque pidió más pena para la mayoría de los procesados que han sido condenados (tanto exconcejales como empresarios), Urdiales insiste en que “se van a quedar con las penas como estaban. En esta sentencia no se ha buscado ejemplaridad, se ha buscado eficacia. Esto se permitió durante 15 años, y gran parte de los que lo han hecho han sido salvados por la Junta de Andalucía. Ni un juez ni la Fiscalía quieren entrar en este fango”.

Y es que hay muchas aristas que no se han dirimido. “Malaya es un juicio grabado por otro juez. Y yo tengo ese CD. La actuación de la Policía se grabó por el juez del juzgado número 11. Este graba a la policía judicial de Malaya, y lo hace por una denuncia que viene de Asuntos Internos y los policías del equipo operativo. Se hizo durante un año. En estas grabaciones aparece, por ejemplo, algo muy curioso: es otro sumario, y aparece que Miguel Ángel Torres comete un delito de prevaricación al hacer público el sumario cuando las actuaciones estaban bajo secreto, el 20 de mayo de 2006. Y también cuando esto ocurre, el juez instructor denuncia que alguien ha entrado en su domicilio y se ha llevado papeles. Esto nunca se ha contado. Desaparecen justo los papeles de Conde-Pumpido, qué casualidad. Torres llama a decir que han entrado en su casa, y José Luis Oliveras monta un dispositivo en la casa de Marbella del juez, y se arma la marimorena... pero qué casualidad, nadie encontró nada”, señala el abogado.