LA JUEZ SE LAMENTA DE TRABAJAR EN BALDE

El Juzgado de los líos: Alaya y la Fiscalía abren una guerra por el caso de los Báñez

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se ha convertido en un polvorín. Ahora, Anticorrupción y Alaya se pelean por el caso de los Báñez

Foto: La juez Mercedes Alaya. (Efe)
La juez Mercedes Alaya. (Efe)

Ni un día tranquilo. El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se ha convertido en un polvorín. Y no sólo por el ingente trabajo. Tras los escraches de la pasada semana que sufrió la juez Mercedes Alaya por parte de los sindicatos, ahora la Fiscalía Anticorrupción y la magistrada han abierto una guerra que amenaza con enturbiar aún más las difíciles relaciones profesionales que la juez mantiene con este colectivo en este asunto y en el de los ERE falsos.

La juez Alaya acusa a la Fiscalía de haber imputado a Báñez sin que tuviera que haberlo hecho. La magistrada muestra de esta manera su celo ante el posible fallo del Ministerio Público y les acusa de no haber estudiado bien el asunto y de “un esfuerzo inútil”, por trabajar en balde. En el auto del pasado 8 de octubre acusa a la Fiscalía de inducir un "cierto retraso" en la instrucción judicial, que ella misma sostiene que es “medida y cuidada”.

El escrito judicial de la magistrada no se queda corto. Atribuye a “un error de cómputo” la solicitud de Anticorrupción para imputar a los empresarios, ya prescritos en el momento que se empezó con la instrucción. Eso sí, esculpa en cierta manera el presunto error de la Fiscalía al estar "justificado seguramente por la asistencia por su parte a varias macrocausas" en que las que el Juzgado de Instrucción

¿Cuál es el argumento de la Fiscalía? Que la responsabilidad de la imputación recae única y exclusivamente en Alaya. La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, expresa su "sorpresa" por las "expresiones gratuitas" contra el Ministerio Público vertidas por la juez Alaya “absolutamente ajenas” al debate procesal y a la argumentación jurídica que debe presidir una resolución judicial en el auto por el que archiva la causa contra seis empresarios que pujaron por suelos de Mercasevilla.

La titular del juzgado sevillano ya reconoció en una providencia que estaban prescritos los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y fraude y exacciones ilegales, pero no el de prevaricación. Alaya atendía al razonamiento que le hizo la Fiscalía Anticorrupción, que consideró que el plazo de prescripción para esos delitos es de cinco años y en este caso se ha superado pues el contrato para la venta de los terrenos entre Mercasevilla y la empresa Sanma fue firmado en febrero de 2006 y la causa no se dirigió "de manera directa y concreta" contra los empresarios hasta el auto del pasado 7 de junio de 2013.

Venta de terrenos

Como publicó El Confidencial el pasado 6 de junio, Nicolás Báñez García y Eduardo Báñez García, hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha sido imputado por la juez Mercedes Alaya por la venta de los terrenos de Mercasevilla y llamado a declarar el viernes. Báñez es consejero delegado de la empresa Construcciones Juan de Robles, uno de los seis empresarios que aspiraron al control de los suelos del mercado de abastos sevillano.

Los restantes imputados en estas diligencias son tres responsables de la inmobiliaria Sanma, que se adjudicó la compra de los terrenos, así como varios funcionarios y técnicos municipales, dos sucesivos gerentes de Urbanismo, el exconcejal Gonzalo Crespo (PSOE) y el exasesor del PSOE Domingo Enrique Castaño.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla continúa, mientras tanto, a todo ritmo. La juez decretó una fianza de responsabilidad civil subsidiaria de 251.041,37 euros al secretario general del sindicato UGT en Cádiz, Salvador Mera, y de 471.352 al que fuera secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A entre 1991 y 2009 Roberto Carmona Soto, dentro de la segunda fase de la Operación Heracles.

Alaya revela en el auto que Mera se dirigió al imputado José González Mata, responsable de la mediadora Uniter, para solicitarle que le hiciera entrega de ciertas sumas de dinero “a sabiendas que las comisiones de las mediadoras procedían de fondos públicos para paliar los gastos que habían tenido los sindicatos con motivo del proceso de la llamada Faja Pirítica, en concepto de viajes, manifestaciones, concentraciones, asambleas, reuniones informativas y demás gastos de convocatoria”.
Andalucía
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