Golpe a Griñán: el Supremo permite a la juez Alaya el acceso a las actas de la Junta

El Tribunal de Conflictos del Supremo ha desestimado este mediodía el recurso de la Junta de Andalucía que pretendía impedir que la juez Mercedes Alaya investigara las actas de los Consejos de Gobierno andaluz desde 2001. El tribunal, integrado por el presidente del Supremo, Carlos Dívar, dos magistrados y tres consejeros de Estado, ha tomado esta decisión después de posponerla ayer tras una reunión de tres horas y media.

“Las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno son públicas y no tienen carácter reservado en cuanto al contenido que les es propio y que se contempla en el artículo 30.3 de la Ley 6/06”, dicta la sentencia del Tribunal Supremo. “Las dependencias públicas”, continúa la resolución judicial, “no podrán negarse a expedir las certificaciones y testimonios que sean solicitados por los tribunales, excepto cuando se trate de documentación legalmente declarada o clasificada como de carácter reservado o secreto, en cuyo caso se dirigirá al tribunal exposición razonada sobre dicho carácter.

La juez defiende la relevancia del acceso a las actas para la investigación, sobre todo las relativas a las decisiones sobre el fondo que transfirió la Consejería de Empleo al IFA -ahora IDEA- para ayudas a empresas en crisis, claves para destapar la trama de los prejubilaciones fraudulentas y el llamado fondo de reptiles de 700 millones de euros.

Alaya pidió copias de las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001, cuando Empleo y el IFA firmaron ese acuerdo marco, para "averiguar" si el Ejecutivo "adoptó algún acuerdo" al poder conocer dicho déficit o sobre su vigencia, ya que expiraba en 2003, o si de las actas "puede desprenderse alguna actuación delictiva por parte de autoridad o funcionario público".

La juez devolvió en julio a la Junta las copias compulsadas de las actas que tenía en custodia tras un auto de la Audiencia Provincial. Como publicó El Confidencial el pasado 30 de marzo, el la Junta de Andalucía se negó a entregar más documentación para investigar los EREs falsos. El Ejecutivo andaluz rechazaba ofrecer a la magistrada las 480 actas de los Consejos de Gobierno. “La petición [de Alaya] va más allá de lo razonable y atenta contra las competencias del Gobierno andaluz”, subrayó Mar Moreno, portavoz de la Junta y consejera de Presidencia.

La responsable del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla admitió que el número de imputados estaba en función de los documentos remitidos por la Junta de Andalucía. Lamentó “la escasa documentación recibida” y adelantó que la instrucción también se extendería a otras personas que aparecieran indiciariamente responsables de los hechos.

Alaya requería a la Junta una explicación detallada del organigrama de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía desde 1999 a la actualidad e indicar los nombres de los titulares y de la viceconsejería, todas las direcciones generales, asesores directos e indirectos, agencias e institutos independiente de la Consejería de Empleo.

Mercedes Alaya empezó este mes de septiembre cargada con toda la munición para investigar a fondo el caso de los EREs falsos tomando declaración al exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), Rafael Rosendo, acusado de cobrar 109.750 euros de la empresa Cydeplast. Rosendo jamás tuvo nómina en esta compañía.