La Junta se niega a entregar documentación de los EREs falsos a la jueza

Le ha declarado la guerra. Harta de las exigencias de la juez Mercedes Alaya, la Junta de Andalucía se niega a entregar más documentación para investigar los EREs falsos. El Ejecutivo andaluz rechaza ofrecer a la magistrada las 480 actas de los Consejos de Gobierno andaluz desde 2001.

La Junta no descarta recurrir al Tribunal de Conflictos de Jurisdicciones, dependiente del Tribunal Supremo. Y lo hace atacando directamente a la juez: “La petición [de Alaya] va más allá de lo razonable y atenta contra las competencias del Gobierno andaluz”, subraya Mar Moreno, portavoz de la Junta y consejera de Presidencia.

Griñán y su equipo se remite a los servicios jurídicos de la Junta para justificar una decisión que provocará consecuencias de la juez, quien la semana pasada dictó un auto en el que exigía más papeles al Gobierno andaluz, como ya publicó El Confidencial,  y dudaba de su capacidad para saber toda la verdad en el escándalo de las prejubilaciones falsas.

El Ejecutivo socialista propondrá al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla otras alternativas a la entrega de las actas de los Gobiernos Chaves y Griñán. “En el caso improbable de que la juez no lo acepte, la Junta entenderá que se entra en un conflicto de competencias”, sostiene la Junta.

Y mientras la juez y el Gobierno andaluz se enfrentan, la Fiscalía Anticorrupción por fin se decide a actuar en este caso. El fiscal jefe ha asignado al delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla, Juan Enrique Egocheaga, dado que las normas internas prevén dicha responsabilidad para casos de corrupción de elevada cuantía, como aparentemente ocurre con los ERE.

Egocheaga investigaba hasta el momento las irregularidades detectadas en los ERE de 2003 y 2007 de Mercasevilla y examinará a partir de ahora las 182 prejubilaciones que se han detectado. El PP ya ha denunciado la existencia de una segunda trama, que incluiría ramificaciones en todas las provincias andaluzas.