El sobrino de José María García ‘roba’ la atención mediática a Roca y los 'malayos'

Nueva táctica de Juan Antonio Roca. El presunto cerebro de la trama destapada en la ‘operación Malaya’ se permitió ayer el lujo de criticar el desarrollo del proceso judicial que se sigue contra él. El ex asesor de Urbanismo exigió en la sala que se le permita “declarar con todas las garantías", tras lo cual se negó a responder a las preguntas del fiscal.

Todo lo contrario al caso de Montserrat Corulla, quien pidió voluntariamente hablar ante el juez para aclarar, tras las acusaciones que vertió contra ella su secretaria Úrsula Quinzano, que “nunca ha coaccionado a nadie". Quinzano llegó a asegurar recientemente que la abogada la “acorralaba en los pasillos diciéndome qué es lo que tengo que decir en el juicio". Cuando Corulla tomó la palabra, el juez observaba cada uno de sus movimientos. Vestida con un amplio blusón blanco, no dejó de gesticular en señal de protesta por las palabras de su empleada. Entre otras lindezas, se mostró “impactada por las acusaciones”, que son “totalmente inciertas”.

Compañeras de tablao

A la misma hora que comenzaba la sesión por el caso Malaya y Montserrat Corulla declaraba en una sala paralela de la Audiencia Provincial, también lo hacía la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe. Ambas coinciden a menudo en local flamenco de la ex regidora. En la otra sala, un policía local del Ayuntamiento de Marbella narró cómo, en agosto de 2005, Yagüe le llamó a su móvil personal para intermediar en la detención de un sobrino del periodista José María García que fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, tal y como publicó El Confidencial. El agente está acusado, junto con otros tres compañeros, de ocultar tres atestados policiales, entre ellos el del familiar del famoso periodista, sin darles curso ni ponerlos en conocimiento del juzgado.

El ganado de Roca

En el proceso por el caso Malaya, Roca únicamente tomó la palabra para explicar cómo gestionaba la sociedad Perinal, ganadería dedicada a las reses de lidia. Sobre este punto, también hizo las debidas puntualizaciones el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta, acusado en el segundo bloque de blanqueo. La Fiscalía señala que la familia González Sánchez-Dalp constituyó en 1997 la empresa Perinal para una explotación ganadera de toros de lidia. Dos años después, Roca se hizo con el control de la sociedad. Sin embargo, "pese a dicha transmisión", los hermanos González Sánchez-Dalp "permanecieron como  administradores solidarios de la entidad, gestionándola por cuenta y beneficio de Roca, que quedaba oculto bajo el manto societario" de Perinal.

“¿Puedes hacer algo por el sobrino de García?”

Por primera vez en el juicio Malaya, la expectación mediática se trasladó ayer a otra sala de la Audiencia. Todos querían escuchar al policía que compareció como testigo en la causa por la ocultación de atestados. El agente aseguró que Yagüe le llamó a su móvil personal, se identificó como la alcaldesa y le preguntó si el sobrino del periodista José María García estaba detenido y que "si se podía hacer algo por él". Según su declaración, el agente respondió que acababan de terminar las diligencias y que había quedado en libertad, por lo que se le podía "pedir un taxi".

Este agente explicó a la sala que le llamó el propio José María García, preguntándole si su sobrino iba a quedar detenido. "Me extrañó la llamada de gente tan importante, por eso, a los dos o tres meses, me interesé por el atestado. Me dijeron que aún estaba en las dependencias y que el juicio se había anulado", aseguró el testigo.

Marisol Yagüe, por su parte, negó ante el tribunal haber intervenido en la ocultación de los atestados y negó haber llamado al móvil personal del policía local. "Nunca en mi vida he hecho algo así. Ni yo misma me lo he permitido como persona. Si el policía lo dice, no lo sé... No entiendo por qué estoy aquí. Bueno sí, porque era la alcaldesa y porque estoy en Malaya", se defendió Yagüe.

El ex jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, negó también haber ocultado los atestados siguiendo órdenes de Yagüe y manifestó que, en 2005, ésta llamaba a menudo a la Policía Local para "interesarse por distintos asuntos"  porque además de alcaldesa era delegada de Seguridad Ciudadana.

Malversación y falsificación

Según el fiscal, dos de los agentes de los cuatro acusados supuestamente ocultaron tres atestados policiales, uno de ellos por malversación y falsificación, abierto contra un empleado del depósito municipal en mayo de 2005. Asimismo, ocultaron otros dos atestados abiertos por delitos contra la seguridad del tráfico, uno en febrero de 2004 y otro en agosto de 2005, sin que llegaran a ser presentados ante el juzgado de guardia.

La acusación pública sostiene que el ex jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, dio las órdenes oportunas para ocultar dos de los atestados. El fiscal acusa a la ex alcaldesa de hacer las gestiones necesarias e impartir órdenes para la ocultación de uno de los atestados, en concreto el que afectaba al sobrino del periodista deportivo, por lo que pide al tribunal que la condene a nueve meses de inhabilitación por un delito omisión del deber de perseguir delitos. Para Rafael del Pozo solicita una pena de tres años de cárcel y siete de inhabilitación.