El juzgado de Palma eleva a la Fiscalía Europea la denuncia del PSOE del caso mascarillas

El juzgado de Instrucción número 7 de Palma se ha inhibido en favor de la Fiscalía Europea en la investigación de la denuncia del PSOE contra el actual Govern balear del PP por dejar caducar la reclamación del sobrecoste de las mascarillas adquiridas a una empresa de la trama Koldo.

Los socialistas denunciaron al actual director general del Servicio de Salud autonómico, Javier Ureña, al considerar que cedió a las presiones de la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la Audiencia Nacional, para renunciar a los 2,6 millones que el Govern reclamaba por la diferencia de calidad de las mascarillas contratadas y las suministradas en 2020 por esa sociedad.

El juzgado, en un auto fechado el pasado 21 de mayo, se inhibe en favor de la Fiscalía Europea, que ya investigaba la adquisición de material sanitario a empresas ligadas a la presunta trama corrupta por parte del Govern de Baleares y de la administración regional canaria, dado que la compra se financió con fondos de la UE.

El principal partido de la oposición en las islas apunta a Ureña como autor de los delitos malversación, prevaricación y tráfico de influencias en la instrucción del expediente de reclamación de 2,6 millones de euros del total de los 3,7 millones abonados por casi 1,5 millones de mascarillas.

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A raíz de la pandemia mundial de la covid-19, el Govern balear, encabezado entonces por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, compró las mascarillas ofrecidas por Soluciones de Gestión, que no eran de la calidad exigida para su uso sanitario, según certificó Salud en cuanto se recibieron, por lo que quedaron almacenadas y nunca se emplearon.

El actual Govern, presidido por Marga Prohens (PP) ha argumentado que el anterior ejecutivo autonómico jamás le informó del sobrecoste de esas mascarillas ni inició formalmente la reclamación a la empresa investigada.

El juez ordenó a principios de este mes el traspaso de las diligencias a la Fiscalía para que se pronunciara, después de que el juzgado no acordara ninguna diligencia de investigación al no haber determinado expresamente sobre la incoación o desistimiento de la denuncia.

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La Fiscalía Europea tuvo conocimiento de estas actuaciones, de las que oficialmente le informó el juzgado palmesano, y en consecuencia dictó un decreto interesando su avocación.

El organismo de investigación de la UE, argumenta en su auto el juzgado de instrucción de Palma, ya tiene iniciado un expediente de investigación en relación con la adquisición de esas mascarillas y también es el competente para la investigación de la posterior reclamación del precio de las mascarillas.