La UCO rastrea los contratos de obra pública de la trama Koldo en Comunidad Valenciana

La instrucción del caso Koldo ha comenzado a diversificarse cada vez más con la irrupción de un nuevo hilo del que tirar: la contratación de obra pública. En esta parte de la investigación, la Unidad Central Operativa está prestando especial atención a dos vertientes. De un lado, analiza las adjudicaciones efectuadas por ADIF. Del otro, las realizadas en la Comunidad Valenciana, el lugar de procedencia del exministro José Luis Ábalos. Fuentes de la investigación aseguran a El Confidencial que la Guardia Civil sigue ya la pista valenciana a partir de las vinculaciones del asesor Koldo García con un empresario de la región beneficiario de distintos contratos del departamento de Transportes.

El rastro del empresario aparece en distintos informes del Instituto Armado, que se refiere a sus empresas Levantina, Ingeniería y Construcción SL y Lopera Activa SL. Los investigadores citan a José Ruz Martínez, que no se encuentra imputado en el procedimiento, como una de las personas de la órbita de la trama. Se le detectó en algunas de las reuniones de La Chalana y recibió ingresos de otro de los integrantes de la red, Víctor de Aldama.

Según aseguran las fuentes consultadas, la Guardia Civil sospecha que la comunidad que mejor conocía Ábalos, la misma en la que reside aún a día de hoy su asesor, pudo ser "terreno abonado" para las prácticas de la organización. De momento, han comenzado a revisar las contrataciones vinculadas a las dos compañías de Ruz. A Levantina, la primera de las empresas, se le han atribuido decenas de contratos a lo largo de los últimos años. Aspira a la mayor parte de las obras de infraestructura que se desarrollan en la comunidad y en otros puntos de España y se ha llevado decenas de ellas tanto a nivel regional como autonómico.

La actividad de las empresas de Ruz ya ha protagonizado varios tira y afloja políticos desde que trascendió su relación con Koldo. El Grupo Parlamentario Popular ha apuntado directamente a este empresario y ha solicitado en las Cortes Valencianas todos los contratos de la Generalitat valenciana con sus mercantiles. Exigen saber si el procedimiento de adjudicación fue transparente y se cumplieron los requisitos exigidos. El testigo fue recogido poco después por el PSPV que también ha detectado encargos a Levantina en la etapa del PP. En concreto, los socialistas valencianos han puesto el foco en una adjudicación de la Consellería de Medio Ambiente el pasado diciembre.

TE PUEDE INTERESAR

La mancha de la trama Koldo se extiende por el Gobierno: de Adif a la Delegación en Andalucía

Beatriz Parera Alejandro Requeijo Pablo Gabilondo

A nivel nacional, el empresario obtuvo una veintena de contratos de entidades relacionadas con Transporte en la etapa Ábalos, según contabilizó El Español. Recibió contrataciones millonarias también de la Generalitat, otros organismos como la Diputación de Valencia y varios ayuntamientos de la región. La Guardia Civil ya ha vinculado citas con el entorno de la trama en momentos en los que estaban en juego algunas de las adjudicaciones más jugosas.

Los contratos de Adif

Las primeras alertas sobre la obra pública saltaron a raíz de la actividad de la mujer de la mano derecha de Ábalos, Patricia Uriz, que estuvo a sueldo en 2022 de una constructora que se llevó al menos dos adjudicaciones de ADIF. El sumario evidencia que el asesor de Ábalos habría seguido teniendo relación con altos cargos de Transportes hasta la actualidad. Pese a la abrupta salida de Ábalos del Gobierno, la pareja de Koldo tardó poco en encontrar otro empleo. Según la UCO, ese mismo año fue contratada por la empresa ATEC Ingeniería y Arquitectura SL, una mercantil dedicada a la obra pública, un sector en el que Uriz carecía de experiencia previa. Además, en 2022, recibió otros 7.791,55 euros de una segunda mercantil dedicada a la construcción de infraestructuras públicas, Áridos Anfersa SL que también acabó recibiendo contratos de ADIF.

En uno de sus informes más recientes, el Instituto Armado apunta al actual presidente del organismo, Ángel Contreras Marín. Recoge conversaciones de Koldo mantenidas en febrero de este mismo año en las que un empresario llamado Daniel Fernández Menéndez, administrador de la sociedad Obras Públicas y Regadíos SA, contactó con él para que usara su influencia de cara a un contrato de emergencia que dependía de ADIF.