La Audiencia procesa a cuatro jefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco
Cada miembro de un comando, señala el juez, “obedecía las órdenes que le transmitía su enlace o responsable directo porque sabía que detrás de esa orden estaba la dirección"
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El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha procesado a cuatro miembros del comité ejecutivo de ETA por el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco en 1997: José Javier Arizcuren Ruiz (Kantauri), Miguel Albisu Iriarte (Mikel Antza), María Soledad Iparraguire (Anboto) e Ignacio de Gracia Arregui (Iñaki de Rentería). García-Castellón les atribuye delitos de secuestro y asesinato terrorista con agravante de alevosía al considerar que todos ellos pudieron impedir el asesinato y no lo hicieron, lo que evidencia “una voluntad inequívoca en la producción del resultado”.
A lo largo de más de 100 folios, García-Castellón analiza la actuación de ETA desde sus comienzos en los años 70 y explica que se trata de una organización terrorista altamente jerarquizada en la que imperaba la disciplina, con una cadena de mando de tipo vertical y militar. Cada miembro de un comando o de cualquier estructura, señala el juez, “obedecía las órdenes que le transmitía su enlace o responsable directo porque sabía que detrás de esa orden estaba la dirección”.
El magistrado incide en el papel que jugaba cada uno de los procesados dentro de ese comité ejecutivo de ETA en julio de 1997: Kantauri "desempeñó funciones de responsabilidad en el 'aparato militar" desde noviembre de 1994, cuando fue detenido su anterior responsable, hasta marzo de 1999, cuando él mismo fue arrestado en París. Mikel Antza fue el "responsable del 'aparato político' de ETA desde mediados de 1994 y mantuvo este cargo hasta el 3 de octubre de 2004, cuando fue detenido en Francia. Anboto "fue la principal responsable de los llamados comandos legales de la organización terrorista" y "dirigente del 'aparato militar" entre principios de 1993 y finales de 1998, cuando se hizo cargo de las finanzas y gestión de los zulos hasta su detención en 2004. Iñaki de Rentería llevó a cabo "funciones de responsabilidad relacionadas tanto con el aparato de ETA como con su aparato logístico" entre 1992 y el año 2000, cuando fue detenido en Francia.
El asesinato requirió el consenso de la cúpula
García-Castellón destaca que era ese núcleo duro de ETA el que adoptaba las decisiones estratégicas de mayor relevancia y que después los comandos las ejecutaban sin formular objeción. En el caso del secuestro y asesinato de Blanco, el llamado comando Donosti, a los que la Justicia señaló como autores materiales: Javier García Gaztelu (Txapote); su pareja, Irantzu Gallastegui Sodupe, y Jose Luis Gueresta Múgica.
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“Teniendo en cuenta el modo de actuar de ETA, en el que su principal estructura directiva, su comité ejecutivo, era el órgano donde se decidían, planificaban, dirigían y autorizaban las acciones terroristas que cometían los comandos de acción de ETA, se considera improbable que una acción terrorista como la llevada a cabo contra el concejal del Partido Popular en 1997, su secuestro y su posterior asesinato, fuese realizada por un comando de ETA sin que mediase una decisión y una planificación previa, así como unas órdenes concretas y específicas, emanadas de la principal estructura directiva", sostiene García-Castellón.
Su auto incide en que el asesinato se enmarcó en la “estrategia de desestabilización” de ETA y que utilizó para ello un nuevo procedimiento: "El secuestro de un militante del citado partido político [el PP] bajo la amenaza del asesinato del mismo si el Gobierno no accedía a las exigencias que le eran planteadas por la organización terrorista”. "La decisión de realizar la acción terrorista contra Blanco Garrido no fue tomada por un miembro concreto o aislado del comité de ETA, sino que requirió del consenso y la toma de una decisión, adoptada de forma colegiada, por todos los integrantes de la dirección", añade.
El magistrado abrió esta investigación tras la querella presentada en febrero de 2022 por la Asociación Dignidad y Justicia, desde donde destacan que su procesamiento abre ahora un "nuevo camino procesal" para perseguir a la cúpula de ETA por otros atentados. También agradecen "sin paliativos" la "disposición a reducir el daño" de los dos etarras que han colaborado en el procedimiento: "Es la primera vez en la historia que un miembro de ETA colabora con la justicia, lo cual abre igualmente una vía de acción no explorada en causas precedentes hasta el momento".
El auto de García-Castellón incluye a su vez una serie de documentos incautados a la organización terrorista que probarían que los cuatro jefes de ETA pudieron evitar el asesinato del concejal de Ermua: "Ostentaban, como se ha señalado, suficiente capacidad de mando", destaca. "A pesar de ello, no lo hicieron".
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha procesado a cuatro miembros del comité ejecutivo de ETA por el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco en 1997: José Javier Arizcuren Ruiz (Kantauri), Miguel Albisu Iriarte (Mikel Antza), María Soledad Iparraguire (Anboto) e Ignacio de Gracia Arregui (Iñaki de Rentería). García-Castellón les atribuye delitos de secuestro y asesinato terrorista con agravante de alevosía al considerar que todos ellos pudieron impedir el asesinato y no lo hicieron, lo que evidencia “una voluntad inequívoca en la producción del resultado”.