La reforma fiscal que calienta la pelea agrícola en Navarra y es un aviso al resto de España

Durante la mañana de este jueves, un grupo de agricultores navarros intentó entrar a la fuerza en el Parlamento regional. Era día de debate en el interior de la cámara, pero, tras varios momentos de tensión, decenas de manifestantes se abalanzaron sobre el cordón policial y a punto estuvieron de superarlo, obligando a las fuerzas de seguridad forales a emplearse a fondo. La imagen pronto dio la vuelta al país y reavivó el debate sobre la situación del campo en nuestro país. Pero el caso navarro tiene un punto, por ahora, muy particular y diferente al resto: la fiscalidad.

El día y el lugar elegido por los manifestantes para la protesta frente a las cortes forales no es casual. Justo empezaba el debate de los Presupuestos y es ahí donde se encuentra el mayor choque del campo con las autoridades. La supresión, en 2021, del sistema de Estimación Objetiva de la declaración del IRPF de los autónomos (sistema de módulos), ha acabado tres años después con unas protestas que no paran de calentarse y una queja unánime entre los agricultores y gran parte de los autónomos. Todos ellos declaran que pagan mucho más que sus vecinos de otras regiones y que es injusto.

"Nosotros, en el sector primario, pagamos ahora mismo más que un agricultor de cualquier otra parte del Estado. Eso es lo que denunciamos, porque no podemos seguir así. Es tanta la injusticia que si coges una misma explotación y la pones en Álava, La Rioja y Navarra, que cada territorio tiene un sistema fiscal diferente, en nuestra tierra paga el doble de impuestos", explica Félix Bariáin, presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra. Su asociación, que representa a ASAJA en la comunidad foral, es una de las que lidera las protestas. "No vamos a tolerar ni un año más seguir pagando más. No pedimos ser más ni menos que los demás, pero encima de que tenemos Hacienda propia, pagamos más y con los mismos servicios", añade.

Lo ocurrido este jueves es el punto de mayor tensión al que se ha llegado tras la decisión tomada por el gobierno regional hace ya tres años. Pero no es un caso aislado. En ese tiempo también se han movilizado los transportistas, los taxistas y ha habido quejas del sector de la restauración y el turismo. Desde que se aprobara, a finales de 2020, la posición de los autónomos fue colocarse en frente y hubo asociaciones como la Asociación de Transportistas de Navarra (TRASDINA), que dijeron que el nuevo régimen, el de estimación directa especial supondría hasta un 179% más de presión fiscal para algunos autónomos.

Estas cuentas vienen de un giro en la tributación que lleva años debatiéndose a nivel nacional. La idea pasa por acabar con un sistema de módulos estimativos que se estableció hace décadas para facilitar el trabajo de los autónomos sin recursos informáticos a cambio de que la Hacienda pública perdiese parte de los ingresos, y acercarse a un modelo directo, en el que cada autónomo cotice conforme a lo que ingresa y gasta. Desde la AEAT se lleva pidiendo esto muchos años y se ha llegado a denominar a los módulos como una "anomalía" y "un importante foco de blanqueo y fraude". ¿El problema? Que hasta el propio Ejecutivo asume que la supresión supone una subida en las cotizaciones que enciende a los afectados.

Para vender la reforma, el Gobierno foral adujo que podría ayudar a los pequeños negocios, evitando que tuvieran que pagar los mismos impuestos pese a que sus actividades tuvieran menos rendimientos. "Se ha considerado oportuno suprimir el régimen de estimación objetiva de determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales y profesionales, con la finalidad de acercar la tributación de las personas físicas al rendimiento real de su actividad", rezaba la ley. Sin embargo, la misma normativa ya establecía un sistema de tributación especial, de transición, con compensaciones para paliar el golpe tributario.

Ángel Luis Chocarro, decano del Colegio de Economistas de Navarra, da detalles de este aumento de las cotizaciones. "En el nuevo sistema, el cálculo de las cuotas de seguridad social se realiza en función de los rendimientos fiscales obtenidos, por lo que el cambio genera un incremento de rendimiento y consecuentemente de cuotas". "Para compensar esta imposibilidad de deducir estos gastos se establecen unos porcentajes de deducción a tanto alzado sobre el rendimiento previo: 10% con carácter general, 35% tratándose de actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras y 45% en el transporte de mercancías por carreteras".

"No es solo que paguemos más, es que ha aumentado la burocracia y en un sector tan mermado como el nuestro cada piedra va sumando", comenta Bariáin. "Lo que más mosquea es que no se ha hecho ningún estudio para saber si esta es la mejor opción. Por ejemplo, un punto importante es el de los porcentajes. A nosotros nos han puesto una deducción de hasta el 35% y en el de los transportistas del 45%. Nadie sabe explicarte a qué se debe esta diferencia. Obviamente, es solo un punto de los muchos que llaman la atención, pero en Álava, con un sistema similar al nuestro, ese porcentaje para el campo sube al 70%".

La comparación con Álava ha dominado el relato estos días y es que justo este miércoles los agricultores y ganaderos alaveses llegaron a un acuerdo para prorrogar los beneficios fiscales al campo, lo que supuso un aldabonazo para las protestas en la región vecina. El movimiento pilló a contrapié al Ejecutivo navarro que daba por hecho que los beneficios de los alaveses se acababan en este ejercicio, lo que igualaba las condiciones del sector primario de ambas regiones.

Justo después de que saliera la noticia de la prórroga vasca, UPN intentó presentar una enmienda in voce en el pleno del debate presupuestario. Pero los socios de Gobierno la rechazaron, aprobando solo una enmienda referente a los seguros agrarios.

¿Quién paga más?

Esa competición entre comunidades y sistemas es la que ha creado, según los manifestantes, una situación de tensión perfecta para el estallido de los agricultores navarros. Porque la clave está en quién paga más. Bariáin recalca que su sector no busca pagar menos que el resto, solo lo mismo. "No pedimos estar mejor que los demás, pedimos una igualdad real y justa para poder convivir y trabajar en igualdad de condiciones. No tienen sentido esas diferencias", señala.

Además, cuentan con otro punto importante para la queja. Navarra fue la segunda región en sumarse a la supresión después de que los hiciese en 2014 País Vasco, la otra comunidad con hacienda foral. Por eso, en 2021, Elma Saiz, consejera de economía y hacienda del Gobierno de Navarra cuando se suprimieron los módulos y actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, "vendió este cambio como un paso que en nada darían todas las demás regiones del país, que era inevitable", según detalla el agricultor. Y lo cierto es que así se ha visto durante años, pero lo cierto es que en estos momentos los módulos siguen vivos en la Hacienda estatal.

Viendo los datos, es fácil comprobar que el número de autónomos que se acogen al régimen de estimación objetiva no para de bajar, y ya son la mitad de los que había en 2007. Sin embargo, el Gobierno ha vuelto a prorrogar su fin este 2023 y ya se habla de que debería acabar para 2025. La decisión se ha ido alargando sin muchas explicaciones pese a la presión de instituciones como la AEAT y a que en 2016 ya empezaron las reformas para acabar con esta "anomalía".

"Es bien conocido que el cálculo de rendimiento mediante el sistema de módulos no refleja el verdadero rendimiento de una actividad y debió desaparecer ya hace años", asegura Chocarro. "Reduce de una manera importante la necesidad de control por parte de la administración, en definitiva, no es un sistema justo en relación con el resto de contribuyentes que tributan por sus rendimientos reales", añade.

Lo cierto es que los resultados que ofrecen las cotizaciones de los que tributan por módulos es sorprendente. En 2021, como recordaba el diario El País, tanto asalariados como autónomos en régimen de estimación directa recuperaron el nivel de ingresos previo a la pandemia y superaron por varios miles de euros la media de lo ingresado antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Una imagen que choca con lo que, según los datos de la Agencia Tributaria, declararon los que se acogieron a los módulos. Esa parte de los trabajadores declaró a Hacienda hasta 1.000 euros menos de lo que hacían antes de la crisis de 2008.