Sánchez no descarta ahora cambios en el delito de terrorismo dentro de la amnistía

El acuerdo de la ley de amnistía es cuestión de "minutos u horas", según Pedro Sánchez. Pero lo que no ha dicho es si los cambios que ha sufrido el texto para recibir la luz verde de Junts per Catalunya afectan a los artículos relacionados con el delito de terrorismo. Esta era una de las reclamaciones de los neoconvergentes, encaminada a garantizar que Carles Puigdemont no se quedaba fuera de la amnistía. "Ya lo verán en la enmienda" ha dicho el presidente del Gobierno en Brasilia, donde ha comparecido con su homólogo brasileño, Luiz Inazio Lula da Silva con motivo de su viaje a Brasil y Chile de contenido netamente económico.

"Vamos a sacar adelante una ley trascendente", ha defendido el jefe del Ejecutivo a preguntas de los periodistas desplazados al continente americano. De ahí no se ha movido Sánchez, que ha asegurado que el texto saldrá de las Cortes "alineado con el Derecho europeo" y con la Constitución. Es el mensaje habitual de Moncloa, aderezado ahora con el borrador del informe de la Comisión de Venecia que encargó el Senado. Según fuentes del Gobierno, las modificaciones que sufrirá el texto definitivo parten de las directrices de ese documento, que no censura el texto, pero sí afea el procedimiento utilizado por el PSOE y sus socios.

Sánchez en Brasilia ha aludido al escrito, que admitía las bondades de una amnistía para la "reconciliación". "Servirá para dejar atrás las consecuencias judiciales de una crisis", ha dicho sobre los hechos "aciagos" de octubre de 2017. Servirá, ha continuado, para la "reconciliación entre catalanes y con sus hermanos y hermanas que viven en otros territorios de España". Es el leit motiv que hay detrás de esta norma desde que, en octubre del pasado año el propio Sánchez admitiera que estaba obligado a "hacer de la necesidad virtud" y conceder la amnistía a Junts y ERC para lograr su investidura e impedir un Gobierno del PP y Vox.

El pronunciamiento de Sánchez es el más claro que ha salido de Moncloa en los últimos días. Este martes ni siquiera se atrevían en la Moncloa a garantizar que los artículos referentes a los delitos de terrorismo se quedarán tal y como figuran en el dictamen que se sometió a votación el 30 de enero. El lunes los socialistas estaban en ese punto. "No nos hemos movido", dijeron fuentes de Ferraz respecto al citado delito, mientras que sobre el delito de traición no eran tan tajantes. 24 horas después, hay más ambigüedad

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Carlos Rocha

Una fuente gubernamental se limitó a decir este martes que el texto sometido a votación el pasado enero ya salvaba a Carles Puigdemont "No hablamos de personas concretas, de si entran o no", apuntaba esta fuente. El modus operandi del Ejecutivo es ya clásico: discreción en las negociaciones y transparencia en los acuerdos es el lema y así funcionan. Sánchez en el avión a Brasilia explicó que los cambios servirían para dar más garantías a Junts, pero también a garantizar la constitucionalidad del texto y su futuro jurídico, una obsesión para los socialistas desde que comenzaron las negociaciones sobre esta ley.

El principal negociador en este asunto ha sido Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; codo con codo con Santos Cerdán, que fue quien cerró el acuerdo de investidura en Bruselas con Puigdemont y Jordi Turull. Las conversaciones son constantes, pero discretas. Y gran parte tienen un importante contenido jurídico, por lo que son los equipos legales de uno y otro partido los que llevan el peso de la negociación.

La redacción de la ley de amnistía en lo relativo a los delitos de terrorismo fue el principal motivo de choque entre PSOE y Junts en el tramo final de la negociación sobre la amnistía en enero. Se abrió entonces un debate sobre la definición del terrorismo en el Código Penal, con los socialistas y sus socios enrocados en que los hechos que se juzgan en el procés no encajan en este delito. En el viaje, Sánchez ha dicho que no compartía las dudas de Junts respecto a esta norma y que está convencido de que la redacción inicial del texto ya cubría "todos los supuestos", pero ha admitido que, si hay que reforzar esas garantías, los socialistas están dispuestos.

"Lo importante es que la ley va a salir, que salga como va a salir: impecable", explica una fuente del Gobierno que sí es más cauta y recuerda cómo naufragaron los acuerdos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactados con el PP. El siguiente paso, si finalmente hay fumata blanca, será la aprobación definitiva en pleno, aunque el orden del día de la próxima semana ya está aprobado y no hay rastro del texto. Existe la posibilidad de cambiarlo o de que se apruebe en un pleno extraordinario, aunque en la Moncloa explican ahora que hay que ir "paso a paso".