Sánchez y Ortuzar (PNV) abrochan la mayoría para dar el Gobierno al PSOE

Pedro Sánchez ya tiene atados los votos que le garantizan su reelección tras cerrar este viernes el acuerdo con el PNV. El propio secretario general del PSOE firmará el documento en el Congreso con el líder de los jeltzales, Andoni Ortuzar y poco después hará lo propio María Jesús Montero con Coalición Canaria. El presidente en funciones cuenta ya con 179 votos, tres por encima de la mayoría absoluta, tras acumular el apoyo de Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, BNG y ahora los nacionalistas vascos y canarios. Tras superar el obstáculo del partido de Carles Puigdemont, los socialistas abrochan la investidura desùés de más de un mes de negociaciones que culminarán en un debate previsto para los días 15 y 16 de noviembre.

Los jeltzales defienden que el pacto supone “grandes avances” en el autogobierno vasco y que incluye las transferencias pendientes. Este apartado del desarrollo del Estatuto de Gernika es una tarea pendiente del anterior acuerdo de legislatura y los sucesivos pactos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. El texto también incluye el un impulso al uso del euskera y un avance "en el marco vasco de relaciones laborales". Este apartado es un nuevo capítulo de la pugna que mantienen los jeltzales con EH Bildu y que se dejó ver en la votación de la reforma laboral, con el PNV en contra y el partido de Arnaldo Otegi a favor.

Una vez cruzado el Rubicón de Junts, todos los focos se giraronhacia el PNV. Los jeltzales son considerados "socios preferentes" por la Moncloa y Ferraz, como demuestra la firma entre Ortuzar y Sánchez. El presidente en funciones sólo ha estado en la firma con la formación nacioalista vasca. Todo ello a pesar de que el entendimiento de Sánchez con EH Bildu ha tensado una relación engrasada en Madrid y en Vitoria. Hay que recordar que los socialistas vascos gobiernan en Euskadi con Iñigo Urkullu y que es probable que el PNV necesite reeditar esta alianza después de las elecciones vascas que se prevén para el primer semestre de 2024. La coalición abertzale que encabeza Arnaldo Otegi ya avanzó su apoyo a la investidura de Sánchez, por lo que las negociaciones con EH Bildu adquirirán más relevancia, si la legislatura echa a andar, cuando toque la negociación de los presupuestos generales del Estado para 2024.

El lendakari ya puso la venda al principio de la investidura cuando apostó por abrir el melón del autogobierno y la organización territorial de España, pero los puentes entre el Gobierno y Sabin Etxea nunca han dejado de funcionar. Lo lógico es que la encargada de pilotar el final de las negociaciones con el PNV, quizá las más discretas de todas, sea María Jesús Montero. Gran parte de los asuntos a tratar tienen reflejo presupuestario o tienen que ver con transferencias que necesitan la luz verde del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

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El líder del PSOE llegará este viernes a Málaga, donde se celebra el congreso de los Socialistas Europeos, con la reelección garantizada después de sumar los 5 votos del PNV, según ha adelantado la Cadena Ser, y el apoyo de Coalición Canaria. Los nacionalistas canarios inicialmente tenían a la amnistía como línea roja inicialmente y, como mucho, consideraban abstenerse en el debate de Sánchez. No obstante, el PSOE se arremangó para atar el voto de Cristina Valido. Fue María Jesús Montero quien abrió el camino en una reunión con el presidente de las islas, Fernando Clavijo y finalmente votarán a favor al asumir el PSOE una serie de compromisos en materia económica y de competencias en materia de inmigración y de gestión aeroportuaria.

El registro de la amnistía

En Ferraz y en la Moncloa ya sabían en la noche del 23 de julio, después de la sorpresa del resultado electoral, que la clave de bóveda de la reelección de Sánchez pasaba por el dedo de Carles Puigdemont. Una vez que el expresident y líder del partido independentista lo ha levantado hacia arriba a cambio de la amnistía, crece el optimismo respecto a la reelección del líder del PSOE. Los siete votos de Junts per Catalunya, que nunca habían estado en el bloque de apoyos al presidente en funciones durante la pasada legislatura, se teñirán de verde en el debate.

El siguiente paso será el registro de la ley de amnistía. El texto y el alcance del perdón general a los implicados en el procés es el principal motivo para explicar el retraso de una semana que ha sufrido la rúbrica del pacto con Junts. Los socialistas tenían claro que el texto debía ser "impecable" en lo jurídico para sortear la previsible respuesta que tendrá en los tribunales. Hay que tener en cuenta, además, que la norma la aplicarán los jueces, por lo que era necesario encontrar "el punto medio" entre la constitucionalidad del texto y una suficiente anchura para permitir el efecto deseado por los independentistas.

El PSOE había ideado una estrategia para mancomunar la responsabilidad de una norma que ha generado una gran crispación social. Este malestar ha cristalizado en agresiones a dirigentes socialistas y, sobre todo, en manifestaciones frente a las sedes del partido, con Ferraz como epicentro. En un intento por compartir esa responsabilidad, Ferraz propuso que todos los partidos a favor de la amnistía la firmasen en el registro en el Congreso de los Diputados. Para ello, antes, deben conocer la literalidad, y eso es algo que aún no ha ocurrido, como dejó claro el jueves Ana Pontón, líder del BNG. También deben verla antes el PNV, EH Bildu y Sumar, pero, sobre todo, ERC, que ha puesto como línea roja que el perdón no incluya a los delitos de corrupción.

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El acuerdo alcanzado por PSOE y Junts alude a los procesos judiciales derivados de la consulta del 9-N y el referéndum del 1-O, pero también hace mención al lawfare. Y bajo ese concepto se pueden englobar casos como el de Laura Borràs; el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, o su hombre de confianza, Josep Lluis Alay. Esa posibilidad no suena bien entre el resto de socios de la investidura de Sánchez. Los republicanos incluso hablaron de "revisar" el texto, algo lógico si se tiene en cuenta que la ley de amnistía también está dentro del acuerdo que firmaron Félix Bolaños y Oriol Junqueras en Barcelona.

Otro de los pasos que deben darse antes del debate es la consulta que Junts ha activado entre su militancia y que está prevista para este fin de semana. La dirección de Junts avaló el jueves la entente firmada en Bruselas y luego convocó un Consell Nacional que debe convocar la votación, pero el control del partido que mantiene Carles Puigdemont antoja difícil la posibilidad de un naufragio en este paso.