Moncloa aísla el pacto con Junts de la imputación de Puigdemont: "Hay criterios distintos"

La cuerda que une al PSOE con Carles Puigdemont no se rompe, aunque el acuerdo sobre la ley de amnistía se retrasa un día más y en medio de las negociaciones se ha cruzado la imputación del expresidente de la Generalitat. La Moncloa blinda las conversaciones de esta circunstancia imprevista, pero la investidura de Pedro Sánchez se ha enfangado mucho en las últimas horas, con protestas en varias ciudades de España frente a las sedes del partido.

Los socialistas confiaban en cerrar el pacto por fin este lunes y justo el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha situado a Puigdemont en la cúpula de la organización de Tsunami Democràtic, un colectivo que no descarta considerar como grupo terrorista por actos como el bloqueo del Aeropuerto de El Prat. Con el PSOE en vilo, la Fiscalía anunció horas después que recurrirá. Su tesis es que los hechos atribuidos a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, responden a un presunto delito de desórdenes públicos agravados.

El movimiento de García-Castellón impactó en mitad de los contactos con Junts. Aun así, distintas fuentes consultadas rechazan que pueda afectar al acuerdo, encallado desde el jueves en una cuestión "técnica". Este retraso está provocando un profundo desgaste a los socialistas y una sucesión de manifestaciones en contra de la amnistía por toda España, que apuntan a un descontento social. PP y Vox tratan de capitalizar ese malestar y ayer se produjo una tensa concentración en Ferraz, con cargas policiales, con la asistencia del líder ultraconservador, Santiago Abascal.

Pero las conversaciones con JxCAT prosiguen, con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de nuevo en Bruselas, al frente. Puigdemont respondió con un tuit a la decisión judicial de la Audiencia Nacional y dijo que obedece a un "golpe de Estado permanente", sea "con sables o con togas". Fuentes socialistas afirman que esta imputación "debiera estimularle a acordar", en referencia a que la aprobación de la amnistía le libraría también de esta causa. "Es obvio que la única vía para Junts de salvar este cerco es el PSOE", señala otra persona. "Creo que no afecta", mantiene otra fuente próxima a los negociadores.

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El propio Gobierno en funciones, destacó este martes, sobre la nueva investigación contra el exjefe del Govern que "la causa se lleva instruyendo cuatro años y otros operadores jurídicos tienen criterios distintos, como es el caso de la Fiscalía". La portavoz de Ejecutivo, Isabel Rodríguez, aunque empezó sus declaraciones con el apunte de que no debía emitir "una opinión política sobre hechos judiciales" acabó con la apostilla de que el Ministerio Público no ve un delito de terrorismo si no desórdenes públicos agravados.

Prisas para registrar la ley

Como ha contado El Confidencial, la ley especifica que no son amnistiables los actos terroristas, pero limita la excepción a los hechos que se hayan saldado con muerte. En principio, cubriría a Puigdemont y a Rovira, aunque García-Castellón destacó en su auto que es necesario investigar la muerte de un ciudadano francés durante el bloqueo de El Prat por un infarto. Fuentes de ERC defienden también que la investigación contra los dos dirigentes no debe influir, pero advierten de que "por esto es fundamental aprobar la ley". "Estamos en medio del tsunami derechista", aseguran.

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Los republicanos empujan para que Puigdemont dé el sí definitivo al texto de la ley, pero el expresident insiste en que la amnistía se aplique a casos que no están directamente relacionados con el procés. En ese punto radica el atasco. “Seguimos intercambiando papeles, en una negociación muy técnica en la que los asesores jurídicos de ambas partes revisan todo y eso lo hace más largo en el tiempo”, explican fuentes del PSOE. La previsión es que continúen hablando hasta la madrugada.

Atasco por una amnistía "de amplio espectro"

Los socialistas no dan detalles sobre las demandas de Puigdemont que bloquean el acuerdo, pero sí apuntan a que no hablan de nombres, en referencia a la intención del expresidente fugado de incluir a personas de su círculo en la amnistía. Desde ERC, concretan que "el caso Buch y el escolta entran explícitamente en el articulado de la ley pactada". "Igualmente, Tsunami, los comités de defensa de la república (CDR) y los casos de Voloh relacionados con 1-O y la independencia".

Miquel Buch, exconsejero de Interior, fue condenado a cuatro años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación por contratar a un mosso para que ejerciera de escolta del expresidente. También entraría Josep Lluís Alay, jefe de su oficina, investigado en Voloh por el presunto desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al procés.

Inquietud en el PSOE

Pero tanto ERC como otros socios de investidura avisan de que no admitirán otros casos como el de la presidenta de Junts, Laura Borràs, inhabilitada por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo, o el del abogado del expresident, Gonzalo Boye, con un juicio pendiente por un presunto delito de blanqueo de capitales, junto al narcotraficante gallego Sito Miñanco.

Puigdemont exige "garantías" para que la amnistía sea "de amplio espectro" mientras que los socialistas tratan de que la ley pase el filtro del Tribunal Constitucional y no se salga del relato de que se aprueba para acabar con las consecuencias judiciales del procés que han "agravado" un conflicto político al que, repiten, no se dio una respuesta política.

Pero en medio de este tira y afloja con el expresident, con protestas masivas delante de sus sedes en contra de la amnistía, la preocupación en el partido y en la Moncloa es cada vez mayor y empieza a extenderse la idea de que no se puede seguir cediendo a las demandas del independentismo. Pedro Sánchez, a través de Twitter, mostró su "cariño y apoyo a la militancia socialista que está sufriendo el acoso de los reaccionarios a las casas del pueblo. Atacar las sedes del PSOE es atacar a la democracia y a todos los que creen en ella. Pero más de 140 años de historia nos recuerdan que nunca nadie será capaz de amedrentar al PSOE". Por su parte, la vicesecretaria del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, censuró en un tuit esas manifestaciones. "La ultraderecha quiere ganar a gritos frente a nuestras sedes lo que no ganaron en las urnas. ¿Esta es la hoja de ruta de Vox y el PP? Esto sí que es romper España y amenazar la democracia". La previsión es cerrar este martes el acuerdo con Junts y que la investidura de Pedro Sánchez sea esta semana. Con este plan lleva el PSOE desde el jueves. Y todavía no ha podido cumplirse.