Puigdemont insiste en apartar al juez Llarena: "No puede ejercer de comentarista"

Nuevo episodio en el último de los pulsos que protagonizan Carles Puigdemont y el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El expresidente catalán ha recurrido la última decisión del magistrado de rechazar la recusación que solicitaba el huido para apartarle del procedimiento en su contra. Asegura en un nuevo escrito que "es evidente" que es "manifiestamente incompetente para decidir sobre la admisión a trámite de su propia recusación". "No existe ningún precepto legal que habilite al magistrado recusado para dictar resolución en este sentido"m indica. "No le corresponde ejercer de comentarista político", dice.

Llarena rechazó hace unas semanas el quinto intento de Puigdemont de apartarle de la causa del procés. El expresidente catalán le recusó el pasado 26 de septiembre por las recientes declaraciones que el juez había hecho sobre una hipotética ley de amnistía durante un acto público, pero en un auto notificado este viernes, Llarena lo descarta de plano: "Su pretensión es manifiestamente infundada, sugiriendo con ello que se orienta a una eventual paralización o dilación del proceso".

La recusación se basaba en el supuesto "cuestionamiento de constitucionalidad de una posible y futurible Ley de Amnistía" por parte de Llarena. Puigdemont señalaba para ello las declaraciones que hizo el 11 de septiembre, cuando aceptó una distinción de la Fundación Villacisneros y advirtió de que habrá que analizar “si el ordenamiento constitucional permite o no la amnistía” y, en caso afirmativo, valorar "si la posible ley es legítima o si se justifica".

Ahora, el expresident asegura que esa ristra de recusaciones no son consecuencia de "un capricho" sino que se han tenido que plantear por "un claro apego a los criterios jurisprudenciales establecidos, entre otros, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de imparcialidad judicial". Insiste en que las palabras del juez suponen a un posicionamiento público "sobre elementos que pueden llegar a resultar esenciales en el presente procedimiento". "No solo como manifestación de un posicionamiento político público del recusado que sería suficiente para su recusación, por pérdida de la necesaria apariencia de imparcialidad, sino desde unas manifestaciones que, superando la mera crítica política, denotan una animadversión personal hacia los recusantes", indica.

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"No corresponde, desde luego, al magistrado recusado, ejercer de comentarista político de la actividad, también política, de quienes por él se encuentran ilegalmente procesados, como de forma notoria hizo (...). Y al hacerlo, pierde cualquier tipo de apariencia de imparcialidad, por lo demás inexistente ya en el momento de impartir dicha conferencia", agrega.

En su solicitud de recusación inicial el expresidente catalán ya apuntaba que esa reflexión resultaba inadmisible: "Desconocemos desde cuándo la función jurisdiccional pasa por la evaluación de la legitimidad de las normas que emanan del Poder Legislativo", criticó en su escrito, tal y como informó El Confidencial. "El interés demostrado por el Excmo. Magistrado Instructor, que le ha llevado a realizar manifestaciones que no solo acreditan su interés en el pleito sino su absoluta falta de imparcialidad, en particular adelantando su postura frente a una norma que, incluso, en estos momentos no existe, hace ineludible su apartamiento definitivo de la misma".

El magistrado considera, no obstante que este razonamiento no se sostiene y descarta apartarse: "Salvo error en el cómputo, dentro de la actuación defensiva desplegada por los procesados declarados en rebeldía, es esta la quinta vez que promueven un incidente de recusación orientado a separar a este instructor de la función jurisdiccional que tiene encomendada en este proceso", advierte al arranque de su resolución.

En cuanto a las declaraciones en sí mismas, destaca que en ningún caso adelantan el "posicionamiento procesal del instructor", sino que se limitan a reflejar "los criterios técnicos con los que debe abordarse cualquier análisis básico sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma y de una eventual ley de amnistía". De hecho, si esta ley termina por salir adelante, ni siquiera le correspondería a él "resolver sobre la eventual constitucionalidad de la norma" o "cuestionar su validez constitucional".

El magistrado explica que esta recusación solo busca entorpecer la causa y bloquear la entrega de Puigdemont hasta superar junio de 2024, cuando se celebrarán nuevas elecciones europeas y, por tanto, "decaerá el suplicatorio solicitado por este instructor al actual Parlamento Europeo" para levantarles la inmunidad. Según critica Llarena, esta "intencionalidad obstativa" se refleja en las "numerosas ocasiones" en las que "los procesados han recusado injustificadamente a este instructor y a la práctica totalidad de los magistrados del Tribunal Supremo llamados a resolver".