El PSOE trata de evitar que la amnistía se convierta en "un menú a la carta"

La forma de abordar la futura ley de amnistía que planea el PSOE se alejará por completo de la sugerida por Sumar. Los socialistas tratan de evitar que la norma destinada a borrar los delitos vinculados con el procés se asemeje en exceso a un indulto general y no tienen intención de convertir el texto que propondrán al Congreso para su aprobación en un "menú a la carta" elaborado a medida para lograr que los tribunales eximan de responsabilidad penal a un enorme listado de casos concretos, de lo más variopinto y diverso, aseguran a El Confidencial fuentes conocedoras de las conversaciones que se mantienen con Junts.

El núcleo más cercano a Pedro Sánchez defiende que la única vía para lograr el visto bueno del Constitucional es la de armar un texto basado más en la calidad que en la cantidad. "La clave está en superar los filtros constitucionales y legales", aseguran las fuentes consultadas, que auguran "sorpresas" para muchos cuando se conozca la versión propuesta por el PSOE. Para evitar especulaciones, el principal partido del Gobierno en funciones se apresuró a alejarse de la iniciativa que planea presentar la próxima semana Yolanda Díaz, basada en el dictamen de 20 juristas coordinados por Jaume Asens. "No es la propuesta del Partido Socialista", zanjó Sánchez este viernes.

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La idea de Sumar se basa en gran parte en la proposición de ley que presentaron sin suerte para debate en la cámara baja los partidos independentistas en 2021. Sobre la base de la necesidad de superar "el conflicto político" y "recuperar la estabilidad y la normalidad", aquel texto abarcaba desde la consulta del 9-N hasta los hechos relacionados con el referéndum del 1-O e incluso más allá, hasta llegar a la actualidad. "La presente proposición de ley tiene como ámbito objetivo todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos o como conductas sancionables administrativamente, realizados desde el 1 de enero de 2013 y hasta el momento de la entrada en vigor de la presente ley", indicaba

El proyecto del PSOE considera, no obstante, que esa concreción sobre hechos, vinculado a la preparación, organización, convocatoria, financiación, favorecimiento, promoción, ejecución y celebración tanto del referéndum del 9 de noviembre de 2014 como del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 se asemeja demasiado al indulto general que prohíbe expresamente la Carta Magna. Y como ya se han encargado de dejar claros distintos altos cargos del partido, incluyendo el presidente en funciones, el acento debe ponerse en la constitucionalidad.

La intención del Gobierno es que la proposición de ley que salga del Congreso no pueda encontrarse con reparos del TC. Hasta ahora los pronunciamientos al respecto del contenido han sido muy vagos. Pedro Sánchez no salió de los eufemismos para referirse al perdón a los implicados en la consulta del 1 de octubre y todo lo que llegó después hasta este viernes cuando dijo desde Granada que conoce la propuesta de otros partidos políticos "en relación con la amnistía" y que estudiarla "no deja de ser una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017".

"Dentro de la Constitución"

La letanía que repiten todos los portavoces socialistas cuando son preguntados es que el texto no podrá salirse del marco que estableció la Carta Magna en 1978.
Patxi López fue uno de los más explícitos en una rueda de prensa en el Congreso. El portavoz parlamentario de los socialistas, a preguntas de los periodistas, dejó claro que quien tiene que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la hipotética ley de amnistía será precisamente el TC.

El hecho de centrar el debate en la constitucionalidad del texto es una de las críticas que hacen los veteranos socialistas, con Felipe González y Alfonso Guerra a la cabeza, sobre este asunto. El expresidente del Gobierno y su histórico número dos niegan que esa sea la disyuntiva y rechazan de plano el perdón a los participantes en el procés porque sería, en palabras del vicepresidente, "la condena de la Transición".

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A pesar de que los mensajes del PSOE en esta materia son muy crípticos, la voluntad de que el texto no choque con la Constitución da pistas de la importancia que tiene este hecho para la cúpula del partido. El acuerdo al que llegaron los socialistas con ERC para hacer presidenta del Congreso a Francina Armengol incluía un compromiso por "explorar todas las vías legales" para avanzar en la "desjudicialización" del conflicto catalán. Eso no es otra cosa, como han demostrado las semanas, que un eufemismo de la amnistía que todavía debe concretarse.

Las filas socialistas mantienen su silencio y, en público, insisten en que no se conocen los detalles del texto que, ha admitido Sánchez, ya se está debatiendo. Pero sí llama la atención la disparidad que se está dando en los parlamentos autonómicos. El PSC, en el Parlament, rechazó una propuesta de resolución de los independentistas en favor de la amnistía y el referéndum. Por contra, el resto de grupos parlamentarios están votando en bloque, como ocurrió en el Senado, para rechazar las iniciativas que está impulsando el PP en las distintas Cámaras para condenar el hipotético perdón a los implicados en el procés.