¿Puede Podemos paralizar la compra de viviendas a no residentes en zonas tensionadas de España si gobierna?

"Las casas son para vivir, no para especular, y vamos a llevar esa afirmación hasta las últimas consecuencias". Así de tajante se mostraba la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, el pasado domingo, cuando, durante el acto central de campaña del partido morado en Madrid, aseguraba que, en "todos los lugares" donde entren a gobernar, limitarán la compra de vivienda a los no residentes en las zonas declaradas de mercado residencial tensionado.

Abogaba también por garantizar en estas zonas que el porcentaje de pisos turísticos sobre el total no supere el 2%. Pero, para ello, según añadía, era necesario que, en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, entre en las instituciones "gente valiente que se crea la ley de vivienda aprobada esta semana y tenga voluntad de enfrentarse a los especuladores".

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Ahora bien, ¿se puede realmente paralizar la compra de viviendas a no residentes desde un marco legal? Vayamos por partes.

Nueva ley de vivienda

La nueva ley de vivienda de 2023 recoge un apartado relacionado con los límites del precio del alquiler y también habla de las zonas tensionadas. Según menciona, en dichas zonas existiría la posibilidad de una prórroga extraordinaria anual para el arrendatario tras la finalización del contrato. En caso de nuevos contrarios a inquilinos, se establecerá una limitación del alquiler a la renta del contrato anterior, y también la posibilidad de aplicar los límites de los sistemas de índices de precios de referencia a las viviendas que no hayan estado arrendadas en los últimos cinco años.

Ione Belarra aboga por garantizar en las zonas tensionadas que el porcentaje de pisos turísticos sobre el total no supere el 2%

"Asimismo —añade—, se establece la posibilidad de aprobar sistemas de índices de precios de referencia por ámbitos territoriales, estableciendo una base de datos de contratos de alquiler para realizar seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas". Pero ¿qué hay de la limitación?

¿Es verdaderamente posible?

En realidad, no es la primera vez que el debate salta a la palestra. Sin ir más lejos, el propio Gobierno autonómico de Baleares (liderado por la socialista Francina Armengol) también proponía hace escasos dos meses la misma limitación de compra por parte de los no residentes, puesto que es una de las comunidades autónomas con mayor presión inmobiliaria de nuestro país (con viviendas muy caras y poca oferta).

La propia idiosincrasia de la isla provoca una oferta turística enorme, que se traduce en que los extranjeros adquieran segundas residencias a pie de playa. Todo esto ha llevado a una situación límite y a la intención de restringir la compra, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto porque se trata de un tema muy complejo en el que entran a discutirse muchas variables.

Los tratados europeos prohíben las restricciones de movimiento de capitales relacionados con la adquisición de bienes inmuebles, incluidas las viviendas, por parte de nacionales de la Unión Europea no residentes

El principal problema es que la Unión Europea es muy restrictiva con este tipo de limitaciones, y, en caso de aprobarse, sería una medida contraria a varias libertades establecidas en los propios tratados de la Unión. De hecho, Bruselas se pronunció el pasado mes de marzo con el caso de Baleares recordando que (en términos generales) los tratados "prohíben las restricciones de movimiento de capitales relacionados con la adquisición de bienes inmuebles, incluidas las viviendas, por parte de nacionales de la Unión Europea no residentes". Es decir, con ello entrarían en debate otras cuestiones como el principio de igualdad o la discriminación positiva a los ciudadanos españoles, en detrimento de los de otros estados de la Unión.

¿Un resquicio para Podemos?

No obstante, las limitaciones a la compra pueden estar justificadas en algunas ocasiones —según establece la propia UE— por "razones de orden público, seguridad pública, o imperiosas de interés general reconocidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siempre que no sean discriminatorias y sean proporcionadas al objetivo perseguido". Y eso es justamente lo que asegura Podemos, indicando que "las razones de interés general" son perfectamente aplicables, en aquellos lugares en los que la situación del mercado de vivienda se encuentra tensionado.

Algunos países de la Unión sí permiten restricciones, como es el caso de Malta, donde solo puedes adquirir una vivienda si llevas viviendo en la isla al menos cinco años

De hecho, en el marco de la Unión Europea se ha intentado limitar la compra de vivienda en otras ocasiones en el pasado. Y, aún más importante, no hay que olvidar que algunos países de la Unión sí que permiten restricciones, como son los casos de Dinamarca al excepcionar el protocolo n.º 22 del Tratado Schengen o el territorio finlandés de Åland (en el Báltico, entre Suecia y Finlandia), donde o bien debes haber vivido durante un periodo de cinco años, o tener un conocimiento adecuado de sueco (pese a que el territorio es de Finlandia es el idioma oficial de las islas) y ser ciudadano finlandés.

Y, por supuesto, el caso más paradigmático de todos: Malta, que, por ser una bomba de relojería turística, estableció limitaciones en 2005 (solo podrás adquirir una casa si llevas viviendo en la isla al menos cinco años), cuando accedió a la UE.

Volviendo al caso español, hay otra variable a tener en cuenta: ni el INE ni el Colegio de Registradores de la Propiedad recogen en la actualidad dentro de sus estadísticas el número de viviendas adquiridas por no residentes en las localidades en las que se produce la compraventa.