Feijóo cierra las fisuras en el PP por el aborto y acepta la ley de plazos: "Es correcta"

El Partido Popular tiene ya una posición definida sobre el aborto, un debate en el que el partido se ha movido históricamente con dificultad y que provocó grandes cismas en el pasado. Génova se propuso esperar a que el Tribunal Constitucional le marcase el camino con la resolución del recurso que el PP registró hace 13 años contra la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero. Y así ha sido. "Mi opinión personal es que una ley de plazos bien construida es una ley correcta en términos generales, es constitucional, y es un planteamiento que merece mis respetos", reaccionó el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, una declaración que marca una postura cristalina en el partido tras décadas de tensiones.

El jefe de la oposición ha hecho estas declaraciones una vez conocido el fallo del TC, que ha declarado constitucional la ley de plazos aprobada en 2010 por el anterior Gobierno socialista por siete votos a favor y cuatro en contra. Feijóo ha reconocido que dentro del debate del aborto hay "muchas sensibilidades" porque es "una cuestión que afecta en primer lugar a la mujer y a la pareja de esa mujer", y cuenta con muchas "aristas morales, éticas, religiosas o filosóficas". "Es una cuestión poliédrica", añadía el líder popular, que también ha reconocido que hay algunos "aledaños" de la ley con los que no está de acuerdo.

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El PP centra su oposición a la actual ley del aborto, que debe volver al Congreso para su ratificación definitiva, en la discrepancia de que no se exija permiso paterno para que las menores de edad puedan abortar, una condición que en el PP creen que debe existir en estos casos. En una entrevista para El Confidencial, Núñez Feijóo ya avanzó que él, personalmente, no podía "estar en desacuerdo con una ley de plazos", en primer lugar porque es un derecho aceptado en la mayoría de países de la Unión Europea. Con todo, "mantengo que, ante un problema o una duda sobre proseguir o no con el embarazo, los poderes públicos debemos ayudar y garantizar a esa mujer que, si toma la decisión de abortar, no sea por motivos económicos".

En los últimos meses, el Gobierno ha tratado de arrastrar al PP en este debate, mientras Génova trataba de ponerse de perfil a la espera de una sentencia firme del Tribunal Constitucional que sostuviese su posicionamiento incluso frente a críticas internas. El polémico protocolo antiabortista de Vox en Castilla y León los forzó, no obstante, a enfangarse con este debate. Fue en ese momento en que el PP se desmarcó del pensamiento del partido de ultraderecha y asumió, en privado, que no existe un posicionamiento contrario en el partido al libre derecho de las mujeres a abortar en España, sin coacciones, aunque lleven las políticas para incentivar la natalidad al centro de su programa social.

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Los populares rechazaron abiertamente del deseo de Vox de obligar a los sanitarios a informar a las mujeres que quieran abortar sobre la posibilidad de escuchar el latido del feto o visualizar una ecografía en cuatro dimensiones como método de coacción para reducir el número de interrupciones voluntarias de embarazos en Castilla y León. La medida nunca formó parte de ningún documento o protocolo interno, pero sí fue enunciada por el vicepresidente de Vox en la región, Juan García-Gallardo.

De hecho, la posición esgrimida este jueves por PP y Vox tras conocer el fallo del TC es muy distinta. Mientras Feijóo destacaba las bondades de la norma —defendía que, "en la España actual, una ley de plazos es una ley correcta"—; el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, no ocultaba su malestar por la decisión. "El aborto no es un derecho, es un fracaso", sintetizaba el dirigente, que amenazaba con modificar la normativa dentro de su aspiración por llegar a la Moncloa de la mano de Feijóo. "Que no sea inconstitucional no significa que no se pueda cambiar", advertía.