La larga batalla legal de Abel por ser el único vecino de un pueblo deshabitado del Bierzo

La semana pasada, un habitante de la localidad de Los Montes de la Ermita, perteneciente al municipio berciano de Igüeña, se metió en una cruzada contra su propio Ayuntamiento.

Este hombre, del que se conocen pocos datos más allá de su nombre, Abel, y su edad, 64 años, llevó a la Justicia al Ayuntamiento de Igüeña para que este lo empadronara en su casa de toda la vida de Los Montes, localidad etiquetada oficialmente como despoblada.

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Tras un largo litigio y en una sentencia histórica, la Justicia ha dado la razón a Abel y ha obligado a que el Consistorio lo empadrone. Esta decisión no le ha sentado nada bien a los dirigentes locales, que no querían realizar este trámite, alegando que ni la casa tenía las condiciones de habitabilidad suficientes, ni la localidad podía brindar al vecino, que se convertiría en el único de todos Los Montes, los servicios públicos que le corresponden: agua, recogida de basuras, limpieza de calles, etcétera.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha salido estos días tras dos años de recursos, desde marzo de 2021, y no ha dejado a nadie indiferente en la región. "La sentencia es lógica", declara a El Confidencial Carlos González-Antón, doctor en Derecho, catedrático de la Universidad de León y abogado de Abel. "En España, la Constitución deja muy claro que cualquiera puede empadronarse donde quiera: si te quieres ir a Madrid a vivir, no tienes que pedirle permiso a Martínez-Almeida, y mucho menos él te lo puede denegar; tenemos derecho a la libertad de residencia en todo el territorio nacional".

El fondo de la cuestión

¿Por qué un Consistorio, en un momento crítico de despoblación en España como el que vivimos, rechaza que un ciudadano se empadrone en su casa de toda la vida? De acuerdo con Eusebio, hijo de Abel de 40 años, "el Ayuntamiento no quiere concederle a mi padre el derecho a empadronarse porque, haciéndolo, tendría que otorgarle otros derechos", explica por teléfono.

Eusebio cuenta que su padre, de Los Montes de la Ermita de toda la vida, se fue a vivir con 19 años a Bembibre, a unos 20 kilómetros de allí. "Ahora vuelve, pero no puede", indica el hijo. "Y eso que él paga su IBI y sus cosas. Además, no solo es una cuestión personal suya, sino que también mía. ¿Qué pasa con la casa de mi madre, que la heredé? ¿Tampoco me voy a poder empadronar?", se pregunta. Este leonés dice que conoce el caso de más vecinos a los que les gustaría empadronarse en sus respectivos pueblos, pero no pueden. "Al final, el proceso judicial es muy costoso y no todos pueden permitírselo".

Alider Presa, alcalde de Igüeña, ha defendido en declaraciones recogidas por otros periódicos que no permite el empadronamiento porque el pueblo no cuenta ni con saneamiento, ni con asfaltado, ni con agua corriente; además, alega que la vivienda de Abel no cuenta con los requisitos mínimos de habitabilidad.

"Hombre, eso de que la casa de mi padre no es habitable…", alega Eusebio. "¡Ya quisieran muchas personas tener una casita así como segunda residencia! Además, que, si hubiera que hacer alguna reforma para realizar mejoras, tampoco la podríamos hacer, porque el Ayuntamiento no nos otorga la licencia correspondiente. Yo creo que es una cuestión personal, una cuestión política. Pienso que él quiere tener más poder político y por eso nos hace esto. Además, me gustaría saber de dónde saca que la casa de mi padre no reúne las condiciones de habitabilidad, porque no hay ningún informe que lo diga".

"¿Habitabilidad? ¡Ya quisieran muchas personas tener una casita así como segunda residencia!"

El alcalde, del Partido Socialista y vicepresidente de la Diputación para El Bierzo, ha sido contactado por El Confidencial, pero desde el Ayuntamiento han rechazado la proposición de dar su versión de los hechos por no querer hacer más declaraciones de las ya vertidas en otros medios.

El TSJ de Castilla y León obligará, por tanto, a Igüeña a empadronar a Abel en su casa, lo que quitará la etiqueta de despoblado a Los Montes de la Ermita. Siempre y cuando, claro, el Tribunal Supremo, órgano al que el alcalde ha manifestado que recurrirá, no diga lo contrario.

La cuestión económica

Puede parecer contraintuitivo que un pueblo se resigne a perder habitantes, siendo las corporaciones municipales tan sensibles a las ayudas que reciben, dependientes de la población. "A muchos ayuntamientos les interesa que las localidades se despueblen", arroja con contundencia González-Antón. "Hay activa una política de intentar acabar con la población y las juntas vecinales".

Para entender estas cuestiones, hay que conocer la organización municipal de los pueblos de El Bierzo. Al tratarse en muchos casos de localidades muy pequeñas, estas se organizan en pedanías gestionadas por un Ayuntamiento. Sin embargo, existe un órgano de poder local, democráticamente elegido por los vecinos, que gestiona el patrimonio de esas pequeñas localidades: las juntas vecinales.

"Las juntas vecinales gestionan el patrimonio del pueblo", aclara Nicolás Yuste, de la Plataforma Futuro de la Montaña Central Leonesa. "Cuando hay un monte de utilidad pública, el propietario es siempre la junta, nunca el Ayuntamiento. Ellos se encargan de gestionarlo, de cobrar lo que se corresponda y de hacer con el dinero, siempre dentro de sus capacidades, lo que crean conveniente".

"Por ejemplo, cuando instalan una central eólica en el monte, ahora que se está dando el caso en El Bierzo, es el Ayuntamiento el que cobra por la licencia de obra; sin embargo, es la junta la que se lleva un porcentaje de los beneficios, de los megavatios generados. Existen casos en los que las juntas vecinales tienen tanto dinero y patrimonio que no tienen en qué gastárselo, porque, vale, una junta puede asfaltar una calle, cambiar las cañerías o mejorar lo que sea, pero no puede coger el dinero y montar un consultorio médico, por poner un ejemplo. Al final, las juntas vecinales hacen lo que buenamente pueden".

Cuando una localidad como Los Montes de la Ermita pasa a despoblarse y la junta se extingue, según la ley 1/1998 del Régimen Local de Castilla y León, son los ayuntamientos los que se quedan con el patrimonio y pasan a gestionar todas sus riquezas y recursos.

Cuando una localidad así se extingue, los ayuntamientos se quedan con el patrimonio

"Es que es así, si se extingue la junta, la pasta se la lleva el Ayuntamiento", añade González-Antón. "En este caso, Los Montes de La Ermita se despobló en los años 80. Desde ese momento, todo el patrimonio y riqueza de la localidad pasó a ser gestionado directamente por Igüeña. Allí nunca hubo una política para evitarlo, siempre fue un sitio muy poco atendido".

"Hay una tentación para intentar extinguir juntas vecinales y quedarse con sus recursos. Además, en municipios pequeños, 10 votos pueden ser decisivos", dice el abogado de esta familia berciana. Pero en Los Montes de La Ermita no existe, como ponían de ejemplo desde la Plataforma Montaña Central Leonesa, ninguna instalación eólica o similar que pueda generar ingresos. "De momento, no la hay, no", ironiza el letrado.

Por tanto, a falta de conocer la respuesta al recurso que Igüeña elevará al Tribunal Supremo, Abel se empadronará en Los Montes. "Nunca han dejado empadronarse a nadie, lo último que hemos sabido del alcalde es que ha dicho que no va a empadronar a mi padre hasta que un juez se lo ordene", concluye Eusebio. "Hablo desde la perplejidad, porque no entiendo nada; es muy doloroso tener que enfrentarte a tu propio Ayuntamiento".